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Al Socaire de El blog de Angel Arias

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Ingenieros, abogados, farmaceúticos y arquitectos, a la sala de operaciones

El Ministerio de Economía y Competitividad, que dirige Luis de Guindos, está convencido de que la mejora de la competitividad de España pasa por una nueva regulación (en realidad, desregulación) de ciertas profesiones y de los Colegios profesionales que las agrupan actualmente.

En una presentación en power-point de fecha 20 de diciembre de 2012 titulada "Anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales", la entidad resume en 21 viñetas las ideas que pretende imponer a estos colectivos. El propio documento destaca las que se verán "más afectadas": ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, abogados y procuradores y farmacéuticos.

Para arquitectos y arquitectos técnicos, se eliminará la reserva de exclusividad para las actividades de edificación. Los edificios podrán ser proyectados también por ingenieros. Y para su ejecución, independientemente de quién lo haya proyectado, serán competentes tanto ingenieros como arquitectos (con o sin el calificativo de técnicos).

Para ingenieros, la intención es eliminar las restricciones horizontales entre estos profesionales (con otras palabras, que sean competentes para realizar proyectos independientemente de su titulación específica), se desea mantener dos categorías entre ellos, con específicas reservas de actividad para cada una. Las excepciones deberán ser estudiadas por sendos grupos de trabajo en el corto período de dos meses y presentadas para su aprobación al Ministerio. También se prevé la creación de "pasarelas" para que los ingenieros técnicos puedan asumir competencias de los ingenieros.

Tanto para ingenieros como para arquitectos, la colegiación solo será obligatoria para aquellos que pretendan firmar proyectos y será válida para todo el territorio nacional.

Para farmacéuticos, se suprime la exigencia de que el propietario o titular de la farmacia sea un profesional de esta carrera, aunque será obligatorio ser licenciado en farmacia, y estar colegiado, para asumir la dirección de la misma.

Finalmente, y atendiendo solo a la letra gruesa de la reforma, cuya futura realidad juzgo como inexorable, dada la obstinación de los funcionarios del Ministerio económico (dirigidos hacia la debacle por la voluntad política de liberar el ejercicio profesional sin atender a razones de los colectivos afectados), se suprime la incompatibilidad entre el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, y no se exigirá a los abogados la colegiación como procuradores para representar a sus clientes en juicio.

Estoy afectado por las previstas medidas en las dos carreras que estoy ejerciendo, para las que cuento con las respectivas colegiaciones. Como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Minas y vocal en las Comisiones formadas al respecto por la Unión Interprofesional, he venido argumentando el despropósito de tal regulación, en lo que respecta a la profesión de ingeniería. En este blog he recogido lo sustancial de esta crítica, compartida por los representantes colegiales de todas las ingenierías, y matizada por cada Colegio profesional en lo que al ejercicio específico de las misma atañe.

Como abogado en ejercicio, reconozco, sin embargo, que no tengo la misma posición crítica respecto a la previsión que afecta a procuradores y letrados. Los procuradores, especialmente en la función que realizan en apoyo de los abogados que no pertenecemos a un bufete superdotado (en número de letrados), cumplen una función de apoyo administrativo que debería ser tenida en cuenta, desde la libertad de su elección por parte de cliente y abogado director del caso en los Tribunales. Pero la puesta en práctica de esta idea no tendría porqué suponer el desbaratamiento frontal de los Colegios de Procuradores.

Propuestas para queToledo no se convierta en Tolero

Toledo es una ciudad a la que la modernidad ha divido en dos identidades (el casco histórico y su desarrollo extramuros), que por sus distintos objetivos y naturaleza no han resultado conciliables.

Es imprescindible que se pongan de manifiesto los efectos de esa dicotomía, y propiciar un debate constructivo y sereno sobre el futuro de uno de los mejores testimonios de nuestro patrimonio arquitectónico.

La mayor parte de quienes tenemos ocasión de observar el día a día del interior de la muralla, abrigamos pocas dudas acerca del riesgo que se deriva de la realidad vivida en ese entorno privilegiado. Toledo-centro ha mejorado en infraestructuras de acceso, se han rehabilitado algunos edificios, pero sigue siendo una ciudad con escasa vida propia.

Y una ciudad no se alimenta solo de turistas, porque son sus habitantes permanentes los que construyen su perfil y, en consecuencia, garantizan su futuro. Una ciudad no es un escaparate, ha de tener su propia dinámica, surgida desde sus entrañas, de la actividad que se produce en ella.

Una ciudad tampoco es un macro-establecimiento comercial, concebido como una galería de souvenirs a cuenta de lo que fue en su pasado. Eso es también otra cosa, y Toledo no puede quedar reducido a ser museo de su historia, vacío de vida propia, que es lo que, inexorablemente, para estar sucediendo.

Analicemos qué pasa en la ciudad de Toledo, tomándole el pulso de lo que es, no de lo que lo que se quiere ver de ella.

A partir de las nueve de la mañana, y hasta la caída de la tarde, miles de visitantes, en grupos de veinte o más individuos, pertrechados con su cámara fotográfica o de vídeo, siguiendo como obedientes ovejas a un guía que los conduce de aah en ooh, reciben una inmersión apurada, tremendamente sesgada y falsa, de Toledo.

Se mueve dinero en estos paseos, claro, pero sin sustanciales valores añadidos para el comercio de la ciudad, que ve pasar las hordas sin beneficios ciertos. ¿Qué comercio es ese?. Pues no hay mucha imaginación en la oferta, en verdad, porque lo forman regular y monótonamente intermediarios que atiborran los escaparates y el interior de sus tiendas de espaditas, escudos, navajas, cajitas, armaduras de mentirijillas y otros trabajos de seudoartesanos situados quién sabe dónde, alineados junto a repetitivos y sosos souvenirs que pueden encontrarse en cualquier sitio y que carecen, por tanto, del mínimo criterio artístico.

Antes que la oleada de turistas, al mismo tiempo casi que los propietarios y dependientes de tiendas, bares y baruchos colocan sus mesas y tenderetes, el observador podrá reconocer otros individuos bastante conspicuos que también se preparan para su peculiar faena.

Son los ladronzuelos del tirón, los especialistas en sacarte la cartera del bolso del pantalón, los maestros del descuido, que buscan hacer su agosto en cualquier mes aprovechándose del despiste de quienes a uña del caballo de los turoperéitors, van con la lengua fuera del Alcázar a Zocodover, de allí a la catedral, de la catedral a una sinagoga, de aquella sinagoga al Entierro del Conde Orgaz, y de allí a ver las afueras de San Juan de los Reyes y no tiro más porque nos toca volver al autobús a dormir a Madrid.

(continuará)

 

El Club de la Tragedia: Problemas de comunicaciones

Que en España tenemos un problema general de comunicación, de transparencia -vinculado, por supuesto, a la ruptura de supuestos elementales que garantizan la convivencia cívica y la confianza en las instituciones-, es ya lugar común.

Pero, además, tenemos un problema, también grave en su esfera, de comunicaciones. Las compañías que se encargan de proporcionar lo que se ha convertido en un soporte básico para el uso y disfrute tecnológico, no funcionan como deberían y el usuario particular se encuentra desprotegido, inerme. Es una víctima.

Primero, como muchos hemos padecido, está la reticencia de la compañía líder en telecomunicaciones, Telefónica, de facilitar el cambio de operador. Las dificultades son tremendas, condenando al ciudadano que se arriesga a hacer el cambio de compañía a un penoso periplo, en el que se encontrará, durante semanas, puede que incluso meses, sin asistencia alguna y sin servicio.

Movistar, además, utilizando la desfachatez propia de quien actúa como reino y señor de un dominio de poder absoluto, factura incluso aunque no proporcione el servicio, utilizando las cuentas bancarias que se le proporcionaron en su momento, para girar al banco facturas imaginarias por servicios inexistentes que, además, refuerza con la actuación de bufetes que escriben cartas amenazadoras, al estilo de Cobrador del Frac con guantes de leguleyo, para intentar cobrar aquello para lo que no se tiene soporte prestacional ni, por tanto, derecho.

¿Son mejores las otras compañías? No lo creo. Jazztel, por ejemplo, que carece a estas alturas de ningún otro establecimiento en España que no sea su sede central en Alcobendas, dispone de un ejército de telefonistas situados en ignotos lugares de Latinoamérica, que tratan de sacudirse como pueden los problemas que se le plantean, utilizando, entre otros recursos, el de poner a caldo a Telefónica (para lo que, en principio, no les falta razón).

El cambio de profesionales entre operadoras es, por lo demás constante, al hilo de ofertas ventajosas -evito las comillas-, ininteligibles para los usuarios normales, que prometen el oro y el moro si se hace la emigración a sus servicios, adobada con hipotéticos regalos de equipos (en parte obsoletos), que vinculan a programas de "permanencia", de oscura trayectoria y díficil entendimiento cabal.

Ya en otras ocasiones he denunciado que se debe revisar la Legislación de Telecomunicaciones y, en concreto, las obligaciones de los operadores.

Pero nuestro Gobierno anda ocupado con otras prioridades. Mientras tanto, aquel que tenga un problema con las telecomunicaciones, deberá armarse de paciencia, soportar costes innecesarios y sufrir un servicio (ni en prestaciones, ni en velocidad de transferencia de datos, ni en fidelidad) a la altura de un país desarrollado.

 

Entre mierdas y bananas (y 3)

La eliminación de los residuos por plasma sería "un poco más barata" que otros tratamientos, afirmó Guillermo Moreno, consejero delegado de Materiales Renovados en la Jornada del 18 de abril y tendría la ventaja de que puede ser incorporado por módulos. Aunque el tamaño de las instalaciones "no es tan crítico", las más comunes pueden tratar entre 50 y 500 t/día.

No ocultó Moreno que "el menor rechazo social que tiene esta tecnología se debe a que es menos conocida que otras"; no en vano se encuentra aún en período de innovación, en tanto que la de incineración es antigua y ha sido, por ello, el objetivo de las críticas -ya dejó claro Maíllo en su disertación que infundadas o desproporcionadas-.

En este procedimiento, no hay combustión y, por tanto no hay chimeneas, ni el "penacho" que llama la atención de los observadores y al que se atribuyen los principales efectos sobre la salud. Sin embargo, la propia red virtual demuestra que no está exenta de feroces críticas.

El objetivo principal de las instalaciones de plasma es obtener hidrógeno, enriqueciendo con él el gas de partida, y con él, en una pila de combustible, energía eléctrica. Con un kg de RSU tratado con plasma se consiguen 1,9 Mw.

Reino Unido fue presentado por Moreno como el país de referencia legislativa en relación con los ATT (Advanced Thermal Treatments), habiendo establecido los ROCs (Renewable Obligation Certificates) (1), como tasas que se dedicarán a financiar nuevas plantas de ATT (que incluyen la gasificación, la pirólisis y el plasma).

Víctor de Avila, de la empresa Waste to Energy presentó los procedimientos de oxidación catalítica de residuos, "más adaptados -dijo- a los generados en la industria", y que se concretan en equipos con capacidad de 2 a 8 MWe, que presentan altas disponibilidades de funcionamiento (7.640 h/año).

De Avila consumió parte de su intervención en defender la oportunidad de las instalaciones alternativas a los vertederos "que se están llenando; hay veces en qe se tiene que llevar el residuo de un vertedero a otro, con costes de transporte muy altos" y "por las noches".

Apuntó, en línea con las otras intervenciones, que la producción de energía que se obtiene de las "instalaciones termogénicas" suponen la reducción de la generación de CO2 y la disminución de la importación de productos energéticos (que cifró en 400.000 Mill €/año), cuando 1 t de residuo generaría 600Kwe.

La oxidación catalítica utiliza temperaturas altas en presencia de oxógino, con tiempos de residencia de al menos 2 minutos para conseguir la ruptura de los enlaces, controlando la turbulencia dentro del reactor. Como los residuos industriales, a diferencia de los domésticos, son muy homogéneos, el control de las reacciones es mas simple ("el blending es más sencillo", expresó De Avila).

En el coloquio, a la pregunta concreta a los ponentes acerca del umbral de rentabilidad (en coste por t) para cada uno de los tratamientos, Moreno lo fijó en 60/65 €/t para el plasma; Maíllo coincidió en esa cantidad para "plantas grandes" de incineración construídas en este momento, aunque matizó que "la financiación es un problema actualmente"; en la incineradora de Valdemingómez, instalada hace 17 años y en la que se tratan 300.000 t/año (estaba pensada para 450.000 t) el canon es de 47 €/t y parece que hay atrasos de más de un año en los pagos. En la de Cantabria, para 250.000 t, Urbaser cobra 53 €/t.

No quiero terminar este Comentario sin hacer una referencia más a Maíllo -que, como ya indiqué, fue el protagonista indiscutible de la reunión- quien aprovechó esta referencia a los precios para afirmar que "la limpieza de la ciudad es una obligación legal de los municipios y, por tanto, sujeta a tasa; pero no la recogida de los residuos, que es un servicio y se cobra según el precio que determina libremente" la Administración que lo presta.

En Madrid, se nos cobra la recogida según el catastro, lo que "es una barbaridad como un piano; pagamos el doble de lo que cuesta y sin relación con lo que generamos". Puso incluso Maíllo el ejemplo de su propia familia, en la que sus hijos, que viven en pisos más pequeños que el suyo, pero con cinco o seis personas en cada uno, pagan mucho menos que él y su esposa "que vivimos solos".

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(1) Las conexiones que propongo a webs que son críticas respecto a estas tecnologías no responde a una tendencia sádica por mi parte, sino que, con ello intento reflejar que los análisis más visitados de cuantos informes están disponibles en la red (que son los que aparecen arriba en los buscadores) están realizados por asociaciones ecologistas. Si se quiere visitar una web oficial, recomiendo ésta: Energy for waste: Guide for decisionmakers.

Entre mierdas y bananas (1)

(Advertencia: Este Comentario puede herir algunas sensibilidades; peor para ellas)

Como consecuencia colateral de la economía de mercado, los seres humanos generamos residuos que, sin apartarnos de la definición que ofrece la Ley 22/2011, son -como su nombre indica- aquellas materias a las que, en tanto que productores, no concedemos ningún valor.

El que no lo tenga para el productor no significa que no suponga la base de un negocio para quien lo recoja y lo trate. Porque la retirada de la basura de donde se ha generado es un servicio y, en nuestra colectividad, formalmente civilizada, extraer de ella aquello que pueda ser reutilizado, reduciendo el deterioro ambiental que causaría su abandono, es un oficio que proporciona negocio a bastantes empresas.

Así que tenemos una versión integrada del cuento del rey Midas con el del asno que cagaba presuntamente monedas de oro. Pero si esta parte de la visión sobre la mierda se ha convertido en leit motiv para los que, sin hablar de costes, se han imaginado que hay algún valor misterioso en la basura, se impone una actualización moderna, y muy generalizada, del problema que es el síndrome banana.

Porque, es cierto que todos queremos tener nuestro entorno limpio y aseado, e incluso podemos estar dispuestos a pagar algo porque nos quiten de la vista lo que nos estorba. Pero, que nos lo lleven lejos.

Y, como todos acabamos pensando lo mismo, quienes recogen los residuos tienen que confrontarse, como cualquiera que pretenda iniciar una actividad que resulte sospechosa de causar el mínimo perjuicio a cualquiera de los sentidos, con los vigilantes de que se cumpla el acróstico banana: "Building Absolutely Nothing Anywhere Near Anything". (1)

El 18 de abril de 2012 se celebró en el IIE una sesión divulgativa sobre La recuperación energética de los residuos sólidos urbanos (RSU), por iniciativa de la Comisión de Energia del IIE (presidida por Yolanda Moratilla, catedrática de la UPC).

Los ponentes presentaron tres caras de la cuestión: la incineración (por Alfonso Maíllo, de Urbaser), la eliminación por plasma (Guillermo Moreno, de Materiales Renovados) y la oxidación catalítica (Víctor de Avila, de Waste to Energy).

La simple enumeración de las técnicas expuestas ya indica su diferente difusión práctica, al menos en España.  En este primer Comentario, además, de justificar el título elegido para tratar el tema, ofreceré algunos datos generales, tomando como base la disertación de Maíllo, que actuó como impecable maestro del tema de la sesión.

En España hemos producido en 2010 entre 23/24 Mill. t de RSU (fuente: Eurostat), con una disminución respecto al máximo histórico de 26/27 Mill. t/año, como consecuencia de la crisis. De esta cantidad, de la que se detraen parte del papel, vidrios y metales, terminan en los 188 vertederos, 17,9 Mill de t (74%), y, adicionalmente, se eliminan en las 10 incineradoras existentes, 2,2 Mill. de t.

Una situación que Maíllo presentó como "un absoluto desastre" 

(continuará)

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(1) Una parte de los acrósticos que utilizamos los hispano-parlantes está construído con base en expresiones inglesas. Esta significa, en el idioma en el que está escrito este comentario: "No construir absolutamente nada en ninguna parte cerca de algo".

Invito al lector a dedicar algo de tiempo a generar acrósticos en inglés con base en frases en español. Por ejemplo: Nope! Is sheet! ("NO PErmito Instalaciones Singulares Sin Haber Estudiado El Tema")

Enfermarse y estudiar será más costoso en España

El superministro Cristóbal Montoro, en las entrevistas que concede en sus primeros meses como responsable de la Hacienda Pública, ha ido perfeccionando la línea argumental que utilizarán, repitiéndola hasta la saciedad, los demás miembros del Gobierno de España: no se modificarán los tipos de iva, se aumentará un poco la presión fiscal, que alcanzará especialmente sobre los que más tienen, y será necesario reducir algo los presupuestos de los servicios sociales -cuya competencia está transferida a las Comunidades Autonónomas-, pero "sin perjudicar su nivel de calidad".

Pocas veces se habría estado tan cercano en la ordenación de la vida pública española de conseguir la cuadratura del círculo. La relación de esas medidas, presentadas como si fueran imperceptibles a nivel interno, oculta una realidad insoslayable: no se está consiguiendo detener la alarma sobre los mercados financieros que provocó la acelerada, e insensata, declaración del nuevo Gobierno del PP de que las cuentas de la Administración Pública arrojaban un déficit muy superior al reconocido por el Gobierno del PSOE -y que, por tanto, no podrían cumplirse los compromisos de devolución de deuda-.

Este disparo al pie realizado cuando se manejaba alegremente la escopeta de caza recién entregada por las urnas ha causado el efecto lógico: la reducción del crédito español, la desconfianza respecto a cualquier cifra que pueda darse desde aquí y, en fin, la profundización en el camino de la crisis.

Quienes tenemos experiencia gestora -y para lo que voy a escribir a continuación tampoco hace falta mucha- sabemos que en economía hay quizá una sola verdad incontrovertible: lo seguro es el gasto. Los ingresos se estimarán mejor o peor, habrá más o menos suerte con la coyuntura y se cumplirán las previsiones con mayor o más problemático acierto, pero el gasto, "siempre es".

Así que, como la Sanidad y la Educación son gasto seguro -en un país al que se le ha puesto difícil mantener que ambas están relacionadas con la calidad de vida general y que son inversiones de futuro-, podemos concluir, depurando los arabescos verbales de Cristóbal Montoro, que enfermarse y estudiar será más costoso en España.

Resulta, pues, que allí donde necesitábamos una reforma de calidad, para que el acceso y la eficiencia alcanzaran niveles de excelencia, obtenemos, por culpa de los mercados, el castigo de la reducción de lo que se destinará a cubrir estos servicios sociales, que, no lo dudemos, afectará negativamente algo a los más necesitados, mejorará un poco la calidad para los que más tienen y nos hundirá a todos apenas perceptiblemente en la miseria de un estado social que no será capaz de cumplir con el exigible rigor las promesas electorales del actual partido de Gobierno.

 

Entre cobrar por la bolsa o reciclar por la cara

La mayoría de los centros comerciales han pasado a cobrar en los últimos meses, entre 2 y 3 céntimos de euro (es decir, entre 4 y 5 Ptas.) por cada una de las bolsas de plástico publicitarias que endosan a sus clientes que entran al establecimiento sin otro sistema de agrupar la compra, cargando así ésta con un suplemento inesperado, que dicen obligatorio en virtud de la nueva Ley de Residuos, y en aras de la defensa del medio ambiente.

A la puerta de esos mismos establecimientos pueden verse, al caer la tarde, al cierre del negocio, una o varias pilas de cartones, cajas de madera o de plástico -incluso con desperdicios- que son recogidas -no nos atrevemos a decir si a partes iguales- por recolectores piratas o por los camiones de la recogida de basura domiciliaria que pagamos entre todos.

Este comentario viene sugerido en el marco de las interesantes discusiones mantenidas en el X Congreso Anavam (Salón de Actos de la CEOE, Diego de León, 50, Madrid). Los distintos ponentes expresaron sus expectativas acerca de la publicación del Reglamento que cconcrete y facilite la aplicación de la Ley de Residuos 22/2011.

La representante de los Municipios, Myriam Sánchez, directora del Parque Tecnológico de Valdemingómez, había sido específicamente crítica al poner de manifiesto que "la Ley (transcripción adaptada de la Directiva comunitaria) no se ocupa para nada de la eficiencia del sector público de residuos", lanzando una pregunta muy pertinente: "¿hay alguna forma para complir con los porcentajes de reciclado que resulte más económica", a la que, desde luego, dejó entrever que sí, que existía.

Sobre la gestión comercial de las empresas de servicios

La historia de desencuentros suele comenzar siempre de la misma manera. Al mediodía, cuando nos disponemos a disfrutar de la ración de taggliatelli con tomate, suena el teléfono, y el visor detecta que la llamada proviene de una demarcación lejana y, en cualquier caso, desconocida.

Inmediatamente depués de haber descolgado el adminículo, una voz femenina se identificará con un nombre que no tendremos ninguna intención de recordar, aparentemente surgido de la relación de caracteres de una serie venezolana o de algún otro país sudamericano (Se entiende, ubicado al Sur de los Estados Unidos de América, o sea, los States), y nos preguntará si tiene el placer de estar hablando con Don Fulano de las Carnes Abiertas, o sea, nosotros.

Si resistimos a la tentación de negar que don Fulano se encuentre en la casa, viajero en una excursión a la Cochinchina para investigar sobre unas posibles huellas del Yeti; o que se ubica, desagradablemente, en una cárcel de Eritrea por haber asesinado un manatí en el zoo local, nos veremos, con alta probabilidad, embarcados en una aventura que nos provocará algunos dolores de cabeza.

Porque desde ese momento en que Vd. ha reconocido ser quien es, será identificado como sujeto al que podrán ofrecerle condiciones ventajosísimas -aunque también ininteligibles para un ser humano con capacidad normal- para cambiar de compañía de servicios.

Los "servicios" es la palabra con la que reflejamos en español la agrupación de los suministros imprescindibles para la vida de un humano del siglo XXI, que los anglosajones llaman "utilities". Detrás de esa denominación crecen, se multiplican y mueren unas cuantas compañías, generalmente multinacionales, que cambian de nombre, de responsables, y hasta de actividad principal, a velocidad asintótica a la de la luz.

Se dicen especializadas en producir, transportar, distribuir, comercializar o difuminar, gas, electricidad, telefonía, agua, recoger basura y residuos fecales y, tal vez, algunas cosas más, pero su verdadera especialización es convertirnos en sus dependientes, maximizar su beneficio a costa de exprimir la combinación de nuestra necesidad con nuestra ignorancia.

La voz le ofrecerá, por supuesto, el cambio gratuito de compañía y le prometerá la absoluta continuidad "de las prestaciones", por lo que "no notará ni por un instante que su suministrador anterior ha dejado de existir para Ud".

Las ventajas adicionales serán múltiples, diversas, complejas, incomprensibles, ... como cuando se compra un ordenador o una cámara digital, provista de funciones caracterizadas por siglas del tipo VIX, JZWI, etc. surgidas de acrósticos ingleses o coreanos de los que nadie recuerda, si es que alguna vez lo supo, su verdadera función.

Tendrá, por tanto, un aparato contador con lectura digital, una terminal telefónica que incorpora llamada en espera y posibilidad de conversación múltiple -además de filtros ultrasensibles y router multifunción-, una llave de acceso al gas natural o artificial de uso restringido y sensor de fugas con alta definición, un adminículo de quién sabe qué generación futura para hacer no se entiende qué diablos, todo lo cual, en conjunto y por separado, le proporcionará la satisfacción de tener la mayor velocidad del momento en el chorro de sus aguas fecales, en los bits erráticos que pasen por su cable de la luz, en los voltios estrambóticos que entren en su chisme de comunicaciones.

¿Cuánto paga, Vd., don Fulano -o puedo llamarle simplemente, Fulano-, por su actual servicio?. No importa, no me lo diga. El que le ofrezco es más barato, más veloz, más seguro. Los dos primeros meses solo tendrá que pagar la tarifa media, y durante un año -óigame bien, un año- tendrá el agua del color más claro de toda la vecindad, o una velocidad de transferencia más alta que la de la Moncloa, o podrá sostener en su tertulia de dominó la seguridad de que el veinte por ciento de la energía que consume provendrá de las basuras de monjes tibetanos.

La que contamos aquí es una historia inventada, por supuesto. La realidad se compone de detalles concretos por los que, cuando Vd. cambie de compañía, se encontrará con que: el servicio no será mejor, sino igual; el coste no será más barato, sino, al poco tiempo, incluso algo más caro; y, en fin, estará un par de semanas -con suerte- colgado del teléfono, hablando con personas desconocidas, siempre distintas, siempre dándole un número de incidencia diferente, siempre lamentado su mala suerte, mientras no dispone de ningún servicio de ADSL, o la factura que le han emitido, y cobrado, no corresponde a su consumo, o han considerado que había solicitado una potencia diez veces superior a la que, en realidad, necesita, y tenía contratada con la anterior compañía.

Que, por supuesto, también le estará llamando cada día, para preguntarle, porqué se ha cambiado, porqué no acepta una nueva oferta descomunal que rebajará en un veinte por ciento su factura anterior durante al menos los próximos seis meses,... mientras Vd. se pregunta quién ha tejido a su alrededor esa red de comerciales a comisión, y donde están los responsables finales de las compañías de servicios.

Sobre lo fácil que es ser un (mal) economista o periodista

No son las únicas profesiones en las que el intrusismo está a la orden del día, aunque nos parecen las que sufren más de la competencia surgida al margen de los títulos oficiales.

El fondo de la cuestión lo conoce todo el mundo:

a) son periodistas quienes escriben en algún medio de difusión (o han escrito, o aunque no lo hayan hecho, tal vez lo hagan algún día); si han estudiado en Facultades de la Información o en las Universidades de Periodismo, lo más probable es que no ejerzan la carrera y, por tanto, trabajen como camareros, celadores, traductores de chino mandarín o correctores de pruebas;

b) son economistas, quienes no entienden lo que está pasando en la economía, pero lo cuentan mezclando al azar los términos de inflación, desempleo, monetarización, sustentabilidad y déficit; es posible que tengan otra carrera universitaria, pero no la de quienes soportan, con los programas informáticos ad hoc, la contabilidad de un departamento de "análisis económico" o asumen desde su casa la de un par de decenas de pymes, para ajustarlas a los complejos y mutantes impresos oficiales, responder a las posibles inspecciones fiscales de sus colegas y calcular varios índices que resultan muy útiles cuando se entienden.

Las razones de este desconcierto en el que, por las evidencias, todo el que quiere puede robustecer su currículum como periodista o economista puede que sean las mismas por las que la generalidad del personal (incluído el Gobierno) cree que todos los ingenieros sirven para lo mismo o que para ser buen abogado hay que seguir estudiando en una escuela jurídica después de la licenciatura (ignorando, en este caso, que las clientelas se siguen pasando de padres a hijos como si se tratara de las monedas de plata de la época colonial).

Aún a riesgo de ir a contrapié, estamos convencidos, sin embargo, que para ser un buen economista hace falta haber desarrollado una alta capacidad de análisis de las situaciones, utilizando de forma muy concienzuda las informaciones disponibles y teniendo el conocimiento y la imaginación para hacer propuestas, al nivel que profesionalmente corresponda, con las que se esté en mejor posición para corregir los desequilibrios o aprovechar las ventajas.

Esto implica saber mucho más que para estar al tanto de las denominaciones de las partidas del Balance, y, además de calcular vanes y peres e índices de solvencia ideados por uno mismo y por los hipotéticos controladores, se mantengan las ganas de seguir estudiando micro y macroeconomía. Para hacerlo con solvencia, hace falta haber conseguido la licenciatura en una Universidad, y no por lotería, sino por haberla estudiado bien.

También estamos convencidos de que no es fácil ser un buen periodista. Hay que mantener una gran base cultural, sostener la humildad y la prudencia de contrastar en varias fuentes la mayor veracidad de la información, escribir muy bien (además de sin faltas de ortografía), saber expresarse, conocer varios idiomas, haber tenido buenos maestros y, no en último lugar, ser hábiles en captar la sicología y bastante expertos en atender a la sociología. Y, sobre todo, hará falta ser universitario.

No defendemos aquí la Universidad como el único modo de realizar el encuentro del educando con la ciencia: no somos tan estúpidos. Puede que la Universidad no debiera ser el único método, pero sí el más seguro. La sociedad no debiera prescindir, por su indolencia o condescencia, de la única manera conocida de garantizar un adecuado nivel de formación -que es, sobre todo, una base ética- para quienes se pretende estén en disposición de ocupar los lugares de mayor responsabilidad y teórico prestigio social.

Tolerar, y menos aún, conceder, que se utilice el nombre de periodista por quienes desprestigian, con su zafiedad, torpeza y mala educación, a los universitarios que ejercen esa misma profesión (aparente) es un error. Idéntica situación se da, aunque no de forma tan frecuente, con los economistas, ya que en este caso, lo que se detecta es más bien una ligereza en los análisis, sustentada por una sesgada ideología o una intencionalidad política o económica.

Periodistas y economistas son parte importante del cuarto poder -por el que la sociedad civil se reconstruye con cada revolución o reforma- y no podemos perder su capacidad de influir sobre los tres poderes oficiales, afilando las armas que tenemos a disposición de los administrados: el saber más, hacerlo con solvencia, y no renunciar, jamás, a los principios deontológicos.

Sobre el concepto de rentabilidad y los intermediarios

Hay muchas formas de medir la rentabilidad, pero la más útil es la que la define como el cociente entre el beneficio por unidad de inversión. Si Vd. monta un negocio y obtiene el 10% de lo que puso desde el primer día (o al menos, desde el primer mes), es un buen asunto. En otro caso, y si tiene memoria y no padece de almorranas, prepare oposiciones.

Uno de los mejores empresarios que hemos conocido y que, por supuesto, acumuló una respetable fortuna (que sus hijos se encargaron de dilapidar, dicho sea de paso), practicaba la técnica de "la doblada", que no es mal consejo. Consiste en pedir por algo siempre el doble de lo que le ha costado a uno, añadiendo, naturalmente, al precio de compra, los gastos interiores.

En caso de que Vd. no se considere capaz de montar un negocio con producción propia -nos referimos, de esos en los que se fabrican cosas, desde una tortilla de patata a un transductor-, y, de todas formas, se siente con vocación empresarial, lo más sensato es que se dedique a la labor de intermediación.

El intermediario es una persona (física o jurídica), cuyo rasgo de personalidad más relevante es que tiene contactos que le permiten obtener beneficio a partir de lo que otros fabrican y no saben vender en el mercado adecuado para obtenerle el máximo rendimiento.

Ejemplo bastante actual de intermediarios se puede encontrar en las declaraciones realizadas por el teniente coronel español Abraham Ruiz López, entonces enlace entre las Fuerzas españolas y la OTAN, que negó cualquier el pago de cualquier comisión, pero reconoció, en su declaración como testigo en el caso del avión de transporte Yak-42, que hubo muchos intermediarios en la operación.

El viaje, que no el avión, estrellado con sus ocupantes en Turquía, -63 militares españoles,que volvían de colaborar en la misión "Libertad Duradera", en Afganistán; 12 tripulantes y 1 ciudadano bieloruso-, fue contratado a un intermediario (broker, para los anglosajones y algunos pedantes que quieren colar el inglés en todas partes) por Defensa. Se generó así una cadena de intermediarios, todos ellos, deduciendo del importe sus correspondientes beneficios, a partir del coste contratado por el Ejército (es decir, el Estado) de 140.000 euros. La línea de toma y daca estuvo formada por compañías, cuyo bagaje era un teléfono, una secretaria multilingüe y contactos, hasta que se encontró una compañía bielorusa, contratada por una libia, que se encargó de hacer el trabajo (que salió muy mal, en este caso), por menos de 40.000 euros.




Es solo un ejemplo de rentabilidad a la inversa. El 80% del pago del cliente se destinó a llenar el bolsillo de fabricantes de humo. Hubiera bastado un solo intermediario transparente, que se hubiera contentado con el 10% de la operación, en concepto de comisión de agente. Tal vez el avión hubiera sufrido más revisiones, contado con una tripulación no tan extresada, disfrutado de una caja negra sin distorsiones, y ahora estarían 76 personas (de ellas, 62 en España), disfrutando de sus familias y amigos. Y muchas, muchas más, contentas (encasuados, compañías de seguros, mandos de Defensa, ex-ministros, etc.)

Sobre el estertor final de los colegios profesionales

Las contradicciones internas sobre las que se habían asentado los Colegios profesionales españoles, su indudable concepción elitista, retrógada (cuando no reaccionaria) y su general ineficacia -vista desde dentro como desde fuera- han estallado en fuegos de artificio, como consecuencia del proyecto de Ley de Servicios Profesionales y la eliminación prevista, tanto de la colegiación como del visado de proyectos obligatorios.

Nuestro país sostiene multitud de instituciones obsoletas, inútiles o, al menos, altamente ineficaces por sus resultados, pero cuya existencia es imprescindible para fundamentar la democracia. Es decir: funcionan mal, pero es básico conseguir que funcionen bien.

Puede aplicarse esta desoladora apreciación a organizaciones muy dispares: se puede afirmar de los ateneos, de las cámaras, de los círculos militares, de los clubes sociales -entre miles de rancias agrupaciones surgidas de las pretensiones elitistas de una parte de la sociedad- y, si no se tienen tapujos ni se desean medias tintas, también vale para calificar a sindicatos, a las academias, a los claustros, y a todo tipo de organizaciones profesionales.

Los Colegios profesionales vivieron una magnífica existencia, desde su fundación, al abrigo de unas cuotas de afiliación que permitían una base de ingresos saneada a la que se añadían, por la vía de los visados de proyectos, más dineros, particularmente, en los Colegios de las profesiones ingenieriles.

Durante mucho tiempo (en realidad, hasta hace muy poco), fueron organizaciones opacas, lo que facilitó conferirles la sospecha de que conformaban una especie de cueva misteriosa en la que se movían personajes auto-encumbrados en títulos pomposos como decano, tesorero, secretario o vocal de sus Juntas, de los que no se sabía bien cómo habían sido elegidos para esos cargos y con qué competencias.

Esos guardianes del centeno, magos de su tribu a los que nadie osaba alzar la voz, justificaban su existencia reuniéndose de vez en cuando para decidir sobre delicadas cuestiones que, por lo general, no interesaban a nadie, y que servían de pretexto para celebrar alguna comida o dar oportunidad para una francachela.

Tiene razón, por lo demás, el redactor imbuído de furibundo odio anticolegial de esa Nota, surgida al parecer de los recovecos del Ministerio de Industria, en la que se critica que los Colegios profesionales crean demasiada litigiosidad en su disputa por las competencias. Sus estructuras parecen haber sido incapaces de advertir que el mundo ha evolucionado hacia la libre competencia y siguen pretendiendo estar mejor cualificados que el vecino para poder pontificar sobre cualquier materia nueva que aparezca en el mercado del trabajo.

Tienen razón, en fin, quienes opinan que las estructuras de los colegios están aún plagadas de nichos de ineficacia, en la que se aposentan individuos de edades demasiado provectas y que piensan, más que en el colectivo, en organizar viajes y comidas con los dineros recaudados y, llamándose a la cara queridos amigos y compañeros, no dudarían en acuchillarse al darse la espalda.

Pero sería muy burdo y torpe, y sectario, quedarse solo ahí. Porque los Colegios profesionales, también estaban inmersos en una renovación desde abajo que estaba consiguiendo abrir puertas y ventanas a la transparencia y demostrando una creciente sensibilidad e indentidad con la sociedad civil.

Con equipos directivos escalonadamente renovados, y bajo la presión de los nuevos titulados y la necesidad de presentar una cara diferente ante la sociedad y ante los demás Colegios, estaban avanzando en una trayectoria muy atractiva de modernización.

Todo esto puede verse cortado de cuajo, vertiendo sobre esas estructuras lo más turbio del clasismo aún imperante en nuestra sociedad. Un clasismo a la inversa, cutre, que desprecia el mérito y el valor, y que iguala a todos en la miseria.

Los Colegios profesionales deben reaccionar, y las línes básicas de actuación no pueden ser más que éstas: Primero, dejando claro ante la sociedad, cuáles son sus funciones, valores y méritos; después, democratizándose y haciéndose transparentes; y, en fin, eliminando rencillas corporativistas, para agruparse en la defensa del trabajo bien hecho, independientemente de lo que el profesional pueda acreditar académicamente.

Esto les debería llevar a instaurar modelos y normas de valoración de currícula y proyectos, que implicaran mucho más que poner un sello encima de un legajo o pretender que, por haber ido juntos a la Universidad o a una Politécnica, ya somos todos, además de amigos, igual de competentes.

Se puede desarrollar, y conviene, la idea con más detalle, pero así queda esbozada: Dentro de cada Colegio profesional, abórtese toda lucha por el oropel del poder, elévese la tecnificación de las infraestructuras, simplifíquense, y elimínense de Juntas y órganos de decisión a los reaccionarios y los preocupados por mantener prebendas a las que no tienen derecho alguno.

Fuera de cada Colegio, tómense los dirigentes el esfuerzo de presentar claramente a la sociedad para qué sirven, sin palabras pomposas ni medias verdades: porque lo que espera la sociedad es que, en efecto, garanticen la profesionalidad, certifiquen la calidad de los trabajos y ayuden a mejorar la formación de sus miembros, sirviendo de conexión eficaz entre las demandas de la sociedad y esa otra institución, necesitada igualmente de una buena refriega, que seguimos llamando Universidad y se ha hecho cada vez más limitada de miras.

Sobre los privilegios y su maluso

Saber hacer algo que está al alcance de muy pocos es un privilegio. Si de esa cualidad, conseguida por aprendizaje, se confecciona el arma del chantaje para perjudicar a miles, a millones de personas, causando máxima alarma social y el caos en un pais, ese maluso tiene la calificación, indudablemente, de delito de extrema gravedad, del que los Códigos Penales recogen distintos tipos en los que puede enmarcarse.

Los controladores aéreos de España no se han presentado a realizar su trabajo el 3 de diciembre de 2010 y, en consecuencia, todo el tráfico por avión del país se ha paralizado este viernes, en el que, aprovechando que el día 6 es la Fiesta de la Constitución, muchos españoles habían programado por ese medio un viaje de vacaciones o, para quienes vivían en otro lugar, acercarse a ver a sus familias.

No podremos evitar, a partir de ahora, cuando sepamos que la aeronave en la que viajamos nosotros o nuestras personas queridas se encuentra dirigida desde la torre de control de un aeropuerto, que en ella están individuos, de los que se depende, a los que les importa mucho más la defensa de sus hipotéticos derechos que los de cualquier grupo de otros seres humanos, por grande que sea éste.

Nos parece que el ministro de Fomento, José Blanco, está realizando una buena gestión de esta crisis insólita. El problema está en que lo que hemos consentido que esos controladores insolidarios sean -aparentemente, al menos- los únicos que están autorizados a manejar unos aparatos que no serán más difíciles de manipular que otros muchos, pero a los que hemos rodeado de un halo de misterio.

Así que solo nos queda la opción a los pacíficos -que somos todos los demás- de obligarles, con la fuerza de la Ley y la amenaza firme de un castigo ejemplar, a que vuelvan a su trabajo.

Eso lo saben los controladores. Todos, pues no cabe imaginar que entre aquellos que tienen en sus manos a diario un poder de decisión sobre la vida de miles de personas, haya quien carezca de la lucidez suficiente para calibrar las consecuencias de sus actos. ¿A qué esperan pues? ¿Cuál es el gozo de tenernos cabreados a todos los españoles, contra ellos?

Debiera ser para ellos terrible que los demás sepamos ahora, inequívocamente, que no significamos para esos seres lúcidos, privilegiados, orgullosos e insolentes, más que un número, una mierda pinchada en su palo, y que nos ostentarán, con gestos insolentes, despectivos, con ademanes airosos, cada vez que alguien les toque un pelo de sus privilegios.

No deberíamos consentir que la situación se repita jamás, y para ello, hay que tomar medidas inmediatamente.

Sobre decorados, Vogue, Obama, simbologías y frivolidades

I

El presidente norteamericano Obama ha aprovechado sus vacaciones de agosto para ordenar cambiar el decorado del despacho oval, en la Casa Blanca. No ha mandado tirar todos los muebles a la basura (salvo una mesita), sino que los ha conservado. El cambio se concreta en el papel pintado, la alfombra y el tapizado de los sillones.

Es imposible no caer en la tentación de ver un símbolo en esta acción. El superpresidente no ha querido realizar una purga drástica: interpretando que el mobiliario de ese despacho está asociado por el pueblo norteamericano -y, de paso, por una importante porción del ajeno- a la Historia sagrada de la nación más afortunada de la Humanidad, ha preferido limitarse a un cambio "light".

El mensaje es, por tanto: "seguiré fiel a lo sustancial, pero cambiaré algunas formas; además, mis actuaciones no serán improvisadas, sino que me atendré a máximas de valor universal" (Obama ordenó grabar frases emblemáticas en la tarima).

II

A miles de kilómetros de distancia intelectual, una publicación de postín, Vogue España, en su número 270 (septiembre 2010) de un paso sustancial hacia la plena frivolidad. Sus 330 páginas son una exaltación del desnudo del cuerpo femenino, de la belleza como arma segura para el triunfo, una invitación a la obsesión convulsiva de la compra de joyas, vestidos caros, maquillajes de efecto (muchas fotos muestran a mujeres semidesnudas cargadas con bolsas de tiendas).

Las entrevistadas exponen los simples argumentos que las condujeron al éxito social, entre los que destaca -como pretenden demostrarlo las imágenes que acompañan al escaso texto- a una controlada impudicia.

Vogue es, por su difusión y calidad, una revista política, influye socialmente. Hace unos años, las ministras españolas posaron para ella, vestidas de pasarela, sobre un sofá cubierto con pieles de felinos. Se estimó, por algunos, que se trató de un error grave de aquellas señoras que tenían ante sí cometidos muy serios para un país al que, sin ser un visionario, se le adivinaban varios problemas estructurales.

Hoy, pasado el tiempo, entendemos mejor que para las de las posaderas pudo haber sido un error, pero para Vogue, no. Y para todos, fue la oportunidad de una constatación, un síntoma.

La frivolidad gana por mayoría. En las altas esferas, se trata de cambiar los decorados; y en las más bajas, apurar el empleo del maquillaje, enseñar algo más de pierna y teta. En todos los casos, una añagaza para que no se note tanto el hueco de los cerebros, la ausencia de soluciones o la falta de voluntad para llevarlas a cabo. 

En España, la cuestión está tan clara que ya resplandece. De ahí la pugna por la apariencia personal de ministras y alternativas, las batallas por lograr mayor encanto y poder de seducción que de ellas -también, en su caso, de ellos- nos ofrecen los media, los caros trajecitos a la moda, sus cuidados maquillajes, los cambiantes cortes de pelo de alto salón, los liftings, implantes y botox.

Sobre controladores, sueldos y mano de obra

Los controladores aéreos españoles, según se nos cuenta, están más tranquilos y no van a fastidiar, -hasta nuevo aviso, que decidirán tomar cuando les peta y nos comunicarán por la vía que les resuelte más adecuada para hacernos un daño proporcionado a sus intereses-, nuestra planificación de un viaje aéreo de negocios, urgencia particular o placer turístico.

Controlar la seguridad de los demás es un trabajo muy estresante, que exige amplios conocimientos de planificación, nervios de acero para resolver situaciones potencialmente conflictivas que pueden llegar a provocar cientos de víctimas humanas y cuantiosas pérdidas económicas, como sabemos por algunas películas que resultaron muy taquilleras en su momento y, por desgracia, también en el mundo real.

Es necesario también saber que los controladores inglés -nivel C-1-y, sobre todo, manejar a ciegas el abecedario, y poder deletrear (spelling, spelling out) cualquier palabra sin titubear.

Para mantener contentos a este colectivo que, aunque no tiene estudios universitarios necesariamente (bastaría con ser diplomado), ha debido pasar pruebas y cursillos muy selectivos -45 plazas por oposición, convocadas por AENA- y verdaderamente muy caros, se les garantiza en este momento, como resultado de una negociación unilateral en la que, haciendo uso de su derecho de tocar los derechos de los demás, un salario mínimo bastante razonable de 200.000 euros al año, un poco más alto que el de sus homólogos europeos.

Tienen razones para estar descontentos. Significa una pérdida sustancial de anteriores emolumentos, que se encontraban a nivel de los 350.000 euros (en media); al parecer, tales salarios que suenan a estrambóticos a los demás mortales, son debidos a la necesidad de realizar muchas horas extraordinarias, que creíamos limitadas a un máximo muy bajo por las negociaciones sindicales al uso.

Por todo ello, la rebaja en las percepciones se verá equilibrada con una reducción proporcional de las horas de trabajo (No más de 1.650 horas al año y ni una más de 80 extraordinarias).

Puede parecer un escándalo a todo hijo de vecino, pero no a los beneficiarios, claro está. Para el colectivo, resulta lógico que no les resulten salarios desproporcionados, en absoluto, en un país con casi cinco millones de inactivos forzosos y en donde la gran masa de trabajadores no supera los 12.000 euros anuales, especialmente los jóvenes licenciados universitarios. Como es sabido, aquí cada uno puede fijarse el salario que corresponda a su capacidad de trabajo, ilusión y méritos. 

Después de todo, no llega a la altura de lo que cobran los altos ejecutivos de la Banca española y de otras empresas de postín de las que ordenan nuestra economía, cuyos emolumentos se cuentan por millones de euros al año y a lo que habría que añadir la indemnización que percibirían si, por cualquier razón, se decide prescindir de sus servicios o faltan -es un decir- a la estricta ética de la compañía, pagándose un par de viajes con una amiga y algunas pernoctaciones en hoteles de lujo cuando no se encuentran en misiones de negocios.

Si, como resulta de la información extraída de los presupuestos del Estado y de otras informaciones derivadas, llegar a controlador máximo de España, función que cabe relegar al presidente de Gobierno o ministro de este mismo país no permite llevar a casa cada año (unas cosas con otras) más allá de los 150.000 euros, está claro que los niños españoles deben orientar su formación, si es que no son hijos de papá o superdotados para las combinaciones económico-financieras, a controlar los movimientos por aire.

Es más rentable controlar lo que se mueve por los aires que los desplazamientos por tierra, mar, industria o economía. Y, además, mucho menos arriesgado para el controlador. Puede permitirse viajar en coche cama con chófer de librea.

Sobre parálisis, inversiones e infraestructuras

La paralización "de momento" de varias obras en infraestructuras que tenía, no ya programadas, sino en ejecución, el gobierno español, invita a hacer varios análisis.

El más inmediato, desde luego, sería cuantificar  sobre la reducción de actividad que esto supone, en el sector de la construcción, que es un sector bastante intensivo en mano de obra y con aceptable capacidad de arrastre.

La "patronal de la construcción" (Seopan) ha evaluado en más de 100.000 empleos las consecuencias negativas del cambio de planes de Fomento.

No sabemos cómo se han calculado estas cifras, aunque en otras ocasiones nos hemos referido a una de las fórmulas de Progrullo, para traducción aproximada de las reducciones en pib sobre el sensible factor que es el empleo: cada 1% de pib en España se relaciona con 200.000 empleos (puesto que tenemos una población activa de 20 millones de personas)

Más útil a los efectos de análisis laboral es poner de manifiesto que cada dos puestos de trabajo en infraestructuras está asociado a uno en las empresas directamente relacionadas y que la inversión de un millón de euros en ellas supone 300.000 euros de movilización derivada.

Si estas cifras son válidas, no parece que la inversión en infraestructuras sea, desde la perspectiva de la movilización directa, un sector estratégico para la dinamización.

Quedarse en este análisis será un error mayúsculo. Porque las inversiones en infraestructuras no deben juzgarse por los efectos a corto plazo, sino a largo, y no por sus repercusiones directas sobre inversión y empleo, sino como apoyo esencial para generar la base de crecimiento y desarrollo para el resto de los sectores y para todos los agentes económicos.

Por eso, lo que nos interesa en este Comentario es resaltar las consecuencias respecto a la credibilidad de un Gobierno para definir una estrategia de desarrollo coherente, convencer a partidarios y sobre todo, a detractores, de su viabilidad, y mantenerla. Pese a quien pese y cueste lo que cueste.

Si los planes estaban bien hechos, y pensando no en el corto plazo, sino en la mejora de la posición respecto al futuro, destinando de la manera más eficiente los recursos a potenciar la capacidad para competir, la supresión de inversiones en infraestructuras equivale a quemar los palos trinquete y mesana de la nave en la que viajamos.

Y, por tanto, solo cabría esperar, que la solución, si existe, provenga de los buques de salvamento.

Por fortuna, en este caso, entendemos que lo que se confirmaría es que los planes estaban hechos, en gran medida, asentados en la cultura del despilfarro, de la improvisión, con la filosofía de "nuevo rico". Si esto es así, lo que deseamos creer con firmeza, solo tendrían que indicarnos, los planificadores de bombín y pacotilla, que se han equivocado, e ir haciendo sitio para otros más capaces.

Sobre basura, caca y bolsas en Madrid

Madrid es una ciudad sucia, polvorienta y ruidosa. Tiene indudables encantos, pero no resultan muy visibles, salvo que se la contemple con la condescendencia natural del madrileño, una condición humana inexplicable para foráneos, que es una combinación del quémecuentas, yatelodecíayo y nosédóndevamosaparar.

El caos lleva tomando posiciones dominantes en la ciudad desde hace muchos años, y gracias a la fuerza destructiva de los nuevos equipos y maquinarias, a la aparentemente inmensa capacidad de endeudamiento  basada en la credibilidad de los contratistas de que la Administración de una ciudad no puede quebrar, al plan E, al COI, al Real Madrid, al Ministerio de Fomento, al tráfico, al madrileño, a todo el que pasaba por aquí y al alcalde, -este último. empeñado en meter el Estado en Madrid, pasando por su cabeza-, se ha impuesto la sensación de que esta villa del oso y del madroño no tendrá solución ya nunca.

De Madrid, al caos. La villa del foso y del quécoño.

Ya lo dice el refrán, si llueve como si hace aire, lo culpa la tiene el alcalde. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, necesitado de dinero para llenar algunos agujeros por donde se le estaba viendo demasiado la desnudez del edificio financiero de la ciudad, ha recurrido a la basura, para recuperar una tasa que se había suprimido, en una ciudad cuyos habitantes ya padecen demasiadas penalidades síquicas, físicas y económicas.

La tasa de la basura, supondrá -si el PSOE no lo remedia y esos 100.000 folletos informativos para recurrir el tributo al desmoronamiento económico de la ciudad- una inyección menor de aire monetario para una ciudad que se ha convertido en perdedora.

Es un paso atrás respecto a los argumentos empleados para la subida del ibi en 1986. Y su efecto económico real es seguramente pequeño. Si la media de la tasa fuera de 50 euros por familia y todos pagaran se alcanzarían los 50 millones de euros de recaudación (1 millón de familias).

Peanuts. Naderías, alpiste para el canario, para Madrid, que está endeudada en más de 8.000 millones de euros (por encima del 160% de los ingresos corrientes), y cuyo déficit crece a un ritmo superior a los 1.500 millones de euros cada año.

Madrid ha perdido la organización de los Juegos Olímpicos, sí. Y con ellos, 40 o 50 millones de euros. ¿Son los que se pretende recuperar con la tasa de basura?. No sería lo más grave.

Lo más grave es que Madrid ha perdido, sospechamos que para siempre, la ocasión de convertirse en una ciudad agradable para vivir el futuro. Los que hemos vivido en Madrid en estas décadas hemos soportado obras y penurias inenarrables, creyendo que la ciudad iba hacia buen sitio que podríamos dejar a nuestros hijos, a pesar de que la juventud hace ya tiempo que abandonó esta ciudad para ir a vivir a su periferia.

La tasa de la basura es el testimonio de la derrota. Se nos han caído las telarañas de la ilusión. La ciudad se nos ha llenado definitivamente de caca -ya no de perro- y no tenemos bolsas para ocultar el desprópósito. 

Madrid, caca, culo, pis.

Sobre remodelaciones, reformas y otros despilfarros

Bastaría darse una vuelta por nuestra geografía para percibir que los españoles no somos perfeccionistas, pero sí, refomistas.

No nos suele gustar lo que han hecho los demás, porque, simplemente, creemos estar capacitados plenamente para realizarlo mejor. El resultado es que estamos continuamente de remodelación y reforma.

¿Que compramos o alquilamos un piso?. Ante todo, y aunque nos cueste lo que no tenemos, hay que cambiar la cocina, remodelar los baños, unir y separar habitaciones, cambiar las ventanas o cerrar la azotea.

¿Que acabamos de ser elegidos alcaldes o concejales de una ciudad? No importa que las arcas municipales estén exangües, debemos proponernos pasar a la historia como los que hemos incorporado una fuente en la plazoleta donde antes había una escultura (o una escultura donde la fuente), sustituído las farolas del alumbrado por otras igualmente horrorosas o llenado de un maldenominado inmobiliario urbano aceras, parques, isletas y hasta alcorques.

Por supuesto, la magnitud del despilfarro estará siempre de acuerdo con la megalomanía del despilfarrador. Habrá alcaldes que revienten las tripas de la ciudad durante lustros, endeudando sus poblaciones por siglos. Directores de empresa que cambien la ubicación de las oficinas y talleres, buscando una eficacia que solo pasó por su cabeza. Horteras de revista del corazón disminuído que llenen su palacete de imitaciones de esculturas greco-romanas y pongan jacuzzi hasta en los armarios...

Nos duele -en los oídos y en los pulmones, por lo menos- advertir a miles de pequeños destructores de obra ajena ordenando remodelar, en esta época de crisis económica, sus pisos, chalés, mansardas y mansiones para acomodarlas a sus cutres imaginacionens. Algo positivo, sin embargo: muchas de esas obras dan empleo (imaginamos que pagado con dinero negro) a parte de la colección de inmigrantes que la debacle de la edificación de obra nueva ha dejado en la calle.

Cuando vemos a estos esforzados hablando su lengua vernácula entre ellos, encaramados como equilibristas a percarios andamios para la ocasión, sin casco ni arneses, armados con martillos y cinceles, amontonando cascotes cubiertos de polvo hasta las cejas, nos preguntamos: ¿Este es el plan E particular de cada quien? ¿con qué se está pagando? ¿A qué viene esa prisa?

Y, en fin, ¿No podríamos en esta España de la apisonadora y del piquete, dedica el dinero que, al parecer, siempre sobra a algunos, aprender a respetar lo que otros han hecho y, cuando se hace algo nuevo, proyectarlo para que dure, por estética, por utilidad, por fortaleza?

Sobre el comercio minorista y la directiva Bolkestein

Los pequeños comerciantes andan muy preocupados desde que se aprobó la directiva de liberación de la implantación de superficies comerciales, conocida como directiva de servicios o de Bolkestein, el comisario que la propuso.

Como bastantes de las ideas elucubradas por burócratas, el objetivo pretendido -la liberación del mercado de servicios- arriesga con provocar el efecto inverso: la expansión de los oligopolios, eliminando la competencia.

En el sector de la alimentación, hace ya tiempo que los comercios tipo "tienda de la esquina", han desaparecido para ser sustituídos por espacios regidos por inmigrantes chinos que, turnándose durante las 24 horas, ofrecen a precios muy altos prácticamente todo lo que se puede necesitar para suplir una carencia, desde una botella de vodka a un huevo de gallina o un plátano.

Los hábiles comerciantes chinos, siguiendo un modelo general que debe haber sido analizado por algo así como la China Shopping and Selling Managament, se han introducido también, con gran éxito, en el mercado de la ferretería, la quincallería, y hasta la vestimenta de usar y tirar.

No son productos de calidad, puede que no duren ni la primera vuelta de tuerca o se rompan antes de llegar a casa, pero esos comercios ofrecen todo lo imaginable, en sus estanterías atiborradas, prácticamente idénticas así se trate del barrio de La Peineta, la villa de Ronda o el pueblo más remoto de nuestra geográfía.

No vemos, sin embargo, en los industriosos comerciantes chinos la inspiración de la directiva Bolkestein, sino en los poseedores de los grandes hipermercados que, implantados en las afueras de las ciudades, estratégicamente situados a diez o quince minutos de automóvil de cada aglomeración con más de cien mil habitantes, tienen la sartén por el mango de la oportunidad.

Así, cambian sus precios con total facilidad, ofrecen máxima comodidad para llenar el carrito de la compra sin que te enteres de lo que te va a costar hasta que llegues a la caja, facilitando concentrar en un par de horas la necesidad de llenar el frigorífico con cosas del manduque, además de, por ejemplo, cambiar el reproductor de dvds y acaparar dos vídeos y una caja de durex, comer algo con sabor a mostaza y acopiar cervezas y colas para que duren todo el mes.

El conseller Huguet no es el único en decirlo, pero lo ha manifestado de forma especialmente contundente: "El comercio debe ser urbano y tener pluralidad de formatos. El pequeño comercio es un ascensor social y despliega una capacidad enorme de integración" (Foro Nueva economía, 29.04.2009).

Sobre el anteproyecto de Ley Omnibus y los Colegios profesionales

La Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, que está en trámite parlamentario, ha generado un hijo natural, que se encuentra en fase de anteproyecto, que tiene un título largo: Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso (etc)". Se la llama, coloquialmente, Ley Omnibus. En realidad, es una Ley Apisonadora.

Modifica 46 Leyes estatales y, de entre ellas, destaca la profunda revisiión que pretende de los Colegios Profesionales, a los que lanza unas cuantas andanadas por debajo de la línea de flotación, con el pretexto argumental de la adaptación a la Directiva comunitaria de la que trae causa la Ley madre y la filosofía, que obviamente nadie discute, de servicio al interés general, que debe presidir, como todas las demás Administraciones y Entidades con vocación de servicio público, la actuación de aquellas instituciones de tan rancia solera.

Los Colegios Profesionales están necesitados de una Ley de reforma, sin duda, puesto que se rigen, en lo fundamental, por una Ley preconstitucional y dos arreglos posteriores, que no se han atrevido a ir al núcleo de las cuestiones que deberían acomodarlos plenamente a los tiempos que corren. Pero pretender la modificación de sus fines y modos de ejercicio por la puerta de atrás, es un gravísimo error del legislador, que está levantando en armas (de momento, pacíficas) a los representantes colegiales.

Los puntos más graves del anteproyecto se centran en la incorporación como fin fundamental de los Colegios "la defensa de los consumidores", lo que, además de ser estrambótico en una institución de esa índole, entra en evidente conflicto con las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, que, desde luego, no tienen como fin fundamental la defensa de los profesionales. Diferente sería si se hubiera previsto -como se solicita desde las representaciones de los Colegios- que se indicara que deben actuar con especial consideración a los intereses de los consumidores.

Otros puntos de atención, en absoluto menores, serían: la eliminación de la obligatoriedad de colegiación (con generación de potenciales agravios comparativos y la generación de paraísos de control), la voluntariedad de los visados (con eliminación de las medidas de supervisión que, por el contrario, sí convendría incorporar legal o reglamentariamente a los Colegios profesionales) y, en fin, y para no hacer largo este Comentario, la eliminación de los honorarios orientativos (lo que deja, justamente, al consumidor, sin ninguna referencia, ni ante la sobrevaloración escandalosa de los servicios, y a la evaluación fiscal y de control, sin datos sobre el posible dumping o la ocultación de datos).

Sobre la huelga de los empleados de la limpieza del metro en Madrid

Aunque ya nos hemos referido en otra ocasión a la huelga que mantienen los trabajadores de la contrata de limpieza del Metro de Madrid desde el 13 de diciembre, la persistencia de la misma y la convocatoria de una manifestación de apoyo para el 2 de enero de 2008, nos sugieren este comentario.

Las posiciones de los huelguistas se mantienen, acusando a las empresas de limpieza y al gobierno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, de sostener una actitud intransigente. Entretanto, las estaciones de Metro se han llenado de basura, a pesar de los servicios mínimos, comprometiendo no ya la salubridad de las instalaciones, sino el funcionamiento seguro de los trenes.

Especialmente grave es que se ha podido constatar que varios individuos, en diferentes estaciones y momentos, han arrojado contenedores de basura, aceites y desperdicios de todo tipo, para incrementar la sensación de falta de limpieza. Algunos usuarios han resbalado en el lubricante vertido, con riesgo de sufrir daños corporales graves.

Los organizadores de la huelga, que, como en toda reivindicación laboral, han mezclado pretensiones alcanzables y seguramente justas, con otras desorbitadas, y probablemente inalcanzables, han perdido, en nuestra opinión, el control de la situación. La escalada de actos, protagonizados por grupos de anarquistas -en el sentido literal del término-, está causando la repulsa ciudadana, que solo se fija ya en los efectos que deben soportar los usuarios, y no en lo que pretenden los sindicatos convocantes.

Es preciso recordar que las empresas de la limpieza no fijan arbitrariamente los salarios de sus empleados, sino que éstos son consecuencia de los cálculos que han realizado para hacerse con las contratas y, en algunos casos, son herencia de las obligatorias subrogaciones de los trabajadores de las anteriores concesionarias. Un aumento de los salarios se traduce, por tanto, en una injusta elevación de los importes de las contratas, que deben soportar los ciudadanos con sus impuestos.

La hoja volandera distribuída a la entrada del Metro por diversas asociaciones que dicen apoyar a los huelguistas, mezcla términos que no tienen nada que ver con los objetivos de la huelga. Las empresas (se cita el caso de Ferrovial) pueden haber ganado en 2006 millones de euros de beneficio -hay que aceptar que lícitamente-, pero eso no autoriza a reclamar una mayor subida salarial con base en tan endeble fundamento. Por esa vía caminaríamos hacia la negación de cualquier beneficio, y a la exigencia de la distribución de cualquier plusvalía entre todos.

Pedimos, desde aquí, sensatez para ambas partes, y voluntad de diálogo. Los salarios de algunos de los empleados de la limpieza nos parecen, en efecto, muy bajos, y estimamos que, bajo el principio de "a igual trabajo, igual salario", deberían equipararse los niveles de las diferentes contratas. Es un error que eso no haya sido considerado así antes.

Pero, atención. Si todos los contratados de los servicios públicos, según sus categorías laborales acordes con el desempeño de sus tareas o funciones, han de ser remunerados igual, deberíamos renunciar al concurso público para otorgar las contratas de tales trabajos, y fijar la cuantia de las concesiones o adjudicaciones, a priori, sin concurso de ningún tipo, atendiendo, por tanto, a otras calificaciones (antigüedad, solvencia, experiencia previa, madrileñismo, etc).

La otra opción sería desvincular el puesto de trabajo de los servicios, eliminando las subrogaciones y la aplicación de la sucesión de empresas. ¿Queremos eso?