El Club de la Tragedia: Problemas de comunicaciones

Que en España tenemos un problema general de comunicación, de transparencia -vinculado, por supuesto, a la ruptura de supuestos elementales que garantizan la convivencia cívica y la confianza en las instituciones-, es ya lugar común.

Pero, además, tenemos un problema, también grave en su esfera, de comunicaciones. Las compañías que se encargan de proporcionar lo que se ha convertido en un soporte básico para el uso y disfrute tecnológico, no funcionan como deberían y el usuario particular se encuentra desprotegido, inerme. Es una víctima.

Primero, como muchos hemos padecido, está la reticencia de la compañía líder en telecomunicaciones, Telefónica, de facilitar el cambio de operador. Las dificultades son tremendas, condenando al ciudadano que se arriesga a hacer el cambio de compañía a un penoso periplo, en el que se encontrará, durante semanas, puede que incluso meses, sin asistencia alguna y sin servicio.

Movistar, además, utilizando la desfachatez propia de quien actúa como reino y señor de un dominio de poder absoluto, factura incluso aunque no proporcione el servicio, utilizando las cuentas bancarias que se le proporcionaron en su momento, para girar al banco facturas imaginarias por servicios inexistentes que, además, refuerza con la actuación de bufetes que escriben cartas amenazadoras, al estilo de Cobrador del Frac con guantes de leguleyo, para intentar cobrar aquello para lo que no se tiene soporte prestacional ni, por tanto, derecho.

¿Son mejores las otras compañías? No lo creo. Jazztel, por ejemplo, que carece a estas alturas de ningún otro establecimiento en España que no sea su sede central en Alcobendas, dispone de un ejército de telefonistas situados en ignotos lugares de Latinoamérica, que tratan de sacudirse como pueden los problemas que se le plantean, utilizando, entre otros recursos, el de poner a caldo a Telefónica (para lo que, en principio, no les falta razón).

El cambio de profesionales entre operadoras es, por lo demás constante, al hilo de ofertas ventajosas -evito las comillas-, ininteligibles para los usuarios normales, que prometen el oro y el moro si se hace la emigración a sus servicios, adobada con hipotéticos regalos de equipos (en parte obsoletos), que vinculan a programas de "permanencia", de oscura trayectoria y díficil entendimiento cabal.

Ya en otras ocasiones he denunciado que se debe revisar la Legislación de Telecomunicaciones y, en concreto, las obligaciones de los operadores.

Pero nuestro Gobierno anda ocupado con otras prioridades. Mientras tanto, aquel que tenga un problema con las telecomunicaciones, deberá armarse de paciencia, soportar costes innecesarios y sufrir un servicio (ni en prestaciones, ni en velocidad de transferencia de datos, ni en fidelidad) a la altura de un país desarrollado.