Entre crear empleo o subvencionar al parado
Mientras los bustos parlantes de las difererentes facciones políticas persistan en la demostración de su insolvencia para proponer soluciones -compatible con su propósito de no abandonar el oficio- crecerá la masa de escépticos, atónitos o desesperados, a los que, por supuesto, no sirve de consuelo que la situación esté muy mal, la hayan creado otros o los que han gestionado la miseria o la opulencia lo hayan hecho con incompetencia.
Los representantes políticos y sindicales -con mucho menor intensidad, los empresariales- se han concentrado en exponer que el problema mayor que tiene nuestra economía es el paro. Estar parado es, desde luego, una situación muy grave para 5 millones de españoles que desean trabajar (habría que restar de esa cifra a algunos especialistas en cobrar la subvención del paro).
Pero ese no es el problema principal de nuestra economía; es más, si estimáramos que fuera así, si nos obstináramos en querer resolverlo, sin atender a otros factores más importantes que él, no solo fracasaríamos, sino que ahondaríamos aún más en el pozo del desequilibrio.
Porque, en nuestra opinión, el asunto central de un Estado de derecho, desde el punto de vista social, es encontrar el equilibrio -dinámico, pero soportable en cada momento- entre quienes tienen empleo y quienes deben recibir subvenciones o ayudas para atender a sus necesidades, porque carecen de él.
Y como venimos diciendo hasta el aburrimiento, los desarrollos tecnológicos y las expectativas de bienestar han situado a las estructuras de los países intermedios -España como paradigma- en una posición de la que no pueden salir, sin un poderoso, dramático e inteligente (en el sentido de original y drástico) cambio de los sistemas de empleo, retribución, ayudas sociales y -la clave- reparto de plusvalías.
No será posible confiar en que la incorporación masiva de las nuevas tecnologías genere suficiente empleo de sustitución: en esta ocasión, la revolución industrial nos ha jugado una mala pasada, porque ya no encontraremos la suficiente masa crítica para desplazar hacia otros países y sectores los déficits de mano de obra y las necesidades de exportación que implica poder hacer con muy poco coste y escaso trabajo manual mercancías que casi cualquier país menos desarrollado puede ejecutar sin ayuda.
No podemos confiar en poder desplazar la solución de nuestras necesidades críticas a los países menos desarrollados; esto, ya no vale: el déficit tecnológico, cuando existe, es superable en muy corto plazo, la mayoría tienen recursos naturales aún sin explotar y -por ser breves- nos anquilosa aquí una legislación restrictiva -muy interesante cuando nos iba bien- que se ha convertido en coraza o camisa de fuerza.
En consecuencia, y en lugar de obsesionarse con las medidas para generar empleo -real y/o simulado- a corto plazo (por cierto, he aquí algunas: eliminar las medidas ambientales o de control de la contaminación, endeudar aún más a las Administraciones, diga lo que quiera el núcleo duro de la UE, incorporar a la contabilidad oficial la creciente masa de trabajadores en la economía sumergida, ...), preocupémosnos de plantear el incremento de plusvalías de nuestras actividades productivas, creemos un sistema de captación de recursos con base en su cálculo lo más exacto posible, y organicemos su distribución equitativa y proporcional entre los que lo necesitan.
Eso sería propio de un Estado social de derecho que funciona de acuerdo con las circunstancias. Con el actual panorama, que supone un colectivo de más de 8 millones de personas con ayudas sociales (pensionistas, prejubilados, parados, viudos y viudas, huérfanos, impedidos, prestaciones no contributivas, etc.) en relación con apenas 15 millones de empleados, es evidente que la situación es insostenible, y se complicará en corto plazo.
Hay que atender a generar obligaciones de contribución en quienes se benefician de las plusvalías del sistema; que, obviamente, no son quienes tienen un puesto de trabajo (y que se les ha convertido en más precario cada día). Y si no somos capaces de generar suficientes plusvalías entre todos -activos como técnicamente parados- para soportar ese "Estado de bienestar", ya sabemos adónde nos conducirá el futuro: a la quiebra.
Digan lo que digan los bustos parlantes que seguirán disputando si hay que "activar la creación de empresas", o "invertir en i+d+i", o "mejorar la educación" o "privatizar la gestión de los servicios públicos para mejorar su eficiencia".
Una cosa es el chocolate del loro y otra muy distinta lo que comerán los dueños del plumoso.
3 comentarios
Maria Ingrid -
Angel Arias -
PILAR NÚÑEZ -