Pensiones

Siniestras intenciones

Si tuviéramos la posibilidad de descender a las catacumbas ideológicas, para rescatar lo que queda de la posibilidad de gestionar la forma de vivir más felices, encontraríamos muchos cacharros rotos y, tal vez, una clepsidra en la que cada ampolla tuviera escrito, en todos los idiomas, "izquierda" y "derecha".

Han pasado de setecientos mil o acaso un millón de años desde el momento en que aquél homínido antecessor tuvo el presentimiento de que se tendría que morir. Esa clepsidra imaginaria no ha dejado de girar desde entonces, movida por un mecanismo inagotable.

El VI Congreso del PC cubano (clausurado el 19 de abril de 2011) es un ejemplo más del fracaso de la izquierda dogmática, que toma sus raíces en la bondad de un modelo construído sobre el principio de solidaridad, pero que rápidamente se pervierte en la reproducción de una oligarquía que se enriquece y quiere reproducirse en el poder.

No nos duelen prendas en afirmar, con la misma rotundidad, que la actual crisis de los países occidentales es una consecuencia del error de mantener al mercado sin control ni restricciones; es decir, del fracaso de la derecha liberal. En la cúpula de una supuesta libertad para que cada uno alcance el lugar en la pirámide social y económica que le corresponda, según su capacidad y trabajo, se encuentran, defendidos por francotiradores, los verdaderos beneficiarios del sistema.

Porque, en ambos casos, lo que tienen en común unos y otros, el punto de encuentro, son éso: las siniestras intenciones.

Tras la huella del pacto de las pensiones y del precio de los billetes

Cuando se viaja en avión, no es conveniente, en beneficio del propio bienestar mental, preocuparse en detectar quiénes de aquellos con los que compartimos espacio en la aeronave y disfrutan de idénticas prestaciones a nosotros -aunque solo sea la sonrisa del sobrecargo a la entrada- han pagado la mitad, la décima parte e incluso puede que hasta nada, por realizar el mismo trayecto.

En teoría, todos tenemos esas opciones de optar por vuelos baratos, que se anuncian, por ejemplo, como lastminute, o viaje a Taratacún soloporlastasasaeroportuarias. El problema suele estar no solo en que debemos viajar en una fecha determinada, sino en que siempre llegamos tarde a las ofertas: "Lo sentimos, no quedan plazas disponibles para su selección; pruebe otra opción", es la respuesta que obtenemos con sistemática persistencia, a nuestras prosprecciones.

No es muy diferente la percepción que algunos sentimos hacia la cuestión de la regulación de las pensiones, de la que, en este enero de 2011, mucho se ha hablado nuevamente en España. Habrá de ser también una cuestión combinada de falta de capacidad para descubrir las mejores ofertas y de ausencia de perspicacia para planificar nuestro viaje por los subsidios y pensiones.

Frente a quienes consiguen alternar con maestría los períodos de trabajo cotizado con los de percepciones del paro, de forma que se obtenga la mayor rentabilidad posible para el laborante de la disponibilidad de los subsidios, están los (pocos, presuponemos) que no han sido capaces de cobrar un solo euro de esta caja del erario público, sin dejar de cotizar un solo día.

Frente a quienes aprovechan al máximo la oferta del todo gratis, ayudando a colapsar los servicios asistenciales al primer catarro y al menor asomo de conjuntivitiss o diarrea, están los que son reacios a presentarse ante los ambulatorios, salvo que se les esté reventando el pulmón o la sesera, ofreciendo el contrapunto de su contención a la visitorrea de otros que, y no se nos interprete mal, pueden haber sido capaces de traer a la mitad de su familia desde otro país para operarse gratis total a costa de terceros de cataratas o de malformaciones congénitas.

Frente a quienes han debido darse de alta como autónomos, al ser despedidos con cincuenta años de su empresa, para no perder el derecho a la prestación de jubilación, aunque ya más exigüa, se encuentran felices coetáneos que han sido prejubilados con todas las banderas desplegadas del salario completo, en incluso actualizable, en virtud de planes de regulación que, en muchos casos, hemos pagado entre todos los demás.

Ya comprendemos que resolver a gusto de todos es imposible, y que las compañías aéreas y los pepitogrillo del Gobierno y de los sindicatos no pueden contentar a todos, y lo que más les preocupa es conseguir cubrir como sea el precio de cada viaje.

Sin embargo, y dadas las perspectivas laborales que, -ojalá nos equivoquemos- no solamente no mejorarán, sino empeorarán a largo plazo, quienes se jubilen, por ejemplo, en 2020, con 66 años, llevarán ya 15 o 20 años en paro y no tendrán derecho más que a algo más de la mitad teórica de la  pensión; les queda, eso sí, la opción de robar para que los envíen a la cárcel -como ha trascendido hacen los ancianos japoneses- y, así, tener garantizado alimento y cobijo y, sobre todo, gente con la que poder hablar de lo mal que va el país.

Pero sería muy conveniente que nos explicaran muy bien cuánto cuesta cada trayecto, qué criterios siguen para asignar las plazas y, sobre todo, que a quienes estamos subidos al mismo avión y hemos pagado el precio pleno del pasaje, al menos, nos dieran un vasito de güiski y un platillo de aceitunas para pasar mejor el mal rato colectivo de una aventura que, estando aún en el aire, tiene los visos de acabar en estrellato.

Sobre las pensiones de jubilación y los pactos

Los sistemas de pensiones, como los seguros, podrían, pero no debieran, estar basados en la filosofía de la caja negra. Esa técnica, indicada para sistemas de los que no es posible analizar las interelaciones que se producen en el interior del mismo, debido a su complejidad, reduce la cuestión a estudiar simplemente las entradas y salidas a los mismos.

En términos económicos, mientras las salidas de dinero de la caja sean inferiores a las entradas, podría creerse que el asunto está controlado y que no hay de qué preocuparse.

Esta forma peculiar de actuación económica es también conocida por la "contabilidad del tendero". Mientras haya dinero en la caja registradora para pagar a los proveedores, para sostener la familia y evitar que nos corten la electricidad o nos eche el casero, puede pensarse que el negocio va bien. 

No tenemos nada contra los tenderos que, además, son una especie mercantil que ya no existe, pues ha sucumbido en manos de los hipermercados, el trabajo remunerado fuera de casa de la mujer, la familia monoparental que tanto ha contribuído al boom inmobiliario y, en parte, han sido sustituídos por los colmados chinos (y bien colmados, a fe cierta).

En realidad, si las cosas se torcían, el tendero debía ser el primer interesado en que proveedores y clientes pensaran que el negocio estaba totalmente bajo control. Pero, ¿Qué sucedía si, un mal día, descubría que, además, de no poder vender  ya pan y leche, porque el Gobierno lo había centralizado en Panis SA, y que los Pérez, los González y los Retuerto-de-la-Villa-Cortujedo habían desaparecido del bárrio, dejándole a pagar los últimos tres meses, la caja registradora solo acumulaba facturas?

Pues, por lo general, podía ocultar durante un par de menos lo que estaba pasando, seguir comprando mercancía como si tal cosa, en una penosa huída hacia adelante, a la espera de que el cambio no fuera estructural sino pasajero. Hasta que, después de sufrir mucho, se veía obligado a echar el cierre, y desaparecer él mismo. Su caja negra había explotado.

Menos metáforas. El gobierno tiene la información exacta de lo que está pasando en la caja negra de las pensiones de jubilación y del sistema que sostiene la Seguridad Social. Tiene los datos de las edades de la población, receptores y sostenedores de las cuotas y de las prestaciones, de su esperanza de vida, de la evolución sectorial de la creación y destrucción de puestos de trabajo, de la actividad y dinamismo empresarial, de la morosidad en el pago de las contribuciones, de los fallidos, de los destinos de los excedentes ocasionales y su rentabilidad y riesgo.

El sistema de la Seguridad Social no es una caja negra. Es el resultado consistente del conjunto de interrelaciones entre los agentes económicos y sociales, y se dispone de una información muy precisa para facilitar la toma de decisiones, basada en simulaciones coherentes, ordenadas, serias, sobre lo que sucede en el mismo al accionar de una forma y otra.

Se puede mentir respecto a lo que se percibe, ocultar lo que se sabe respecto a lo que se gasta, pretender huir hacia adelante, imaginando que la coyuntura se corregirá a corto o medio plazo. Se puede emitir más deuda pública, aumentar las prestaciones un par de meses más, mentir respecto a las reservas y su consistencia. Se puede reunir a un grupo de gentes en Toledo, en Huelva o en Galapagar, para que opinen sobre lo que les vendrá bien o mal a los que no están allí.

Se puede lanzar el globo sonda de aplazar la edad de jubilación, aumentar las cuotas empresariales, las individuales, incrementar el tiempo necesario de cotización para tener derecho a las prestaciones, reducir las pensiones o decidir que a partir de una cierta edad lo deseable para el sistema sería que los beneficiarios no lo fueran tanto.

Pero lo peor que se puede hacer es comportarse como si la caja fuera negra, y pretender que lo más salutífero es que los ciudadanos sigan creyendo que dentro de ella, todo va bien. Porque la buena Administración del Estado no consiste en ocultar información, sino en tomar las mejores decisiones en cada momento, con los datos y los recursos disponibles, para tratar de aumentar la función del bienestar: hacerlos más felices a ellos y a las generaciones futuras.

Bienestar sostenible, creemos que habría llamarlo. O sustentable, que no vamos a discutir sobre los términos, estando de acuerdo en el concepto. 

Sobre el significado de la edad de jubilación

Sigue pululando por ahí una patraña por la que se define la edad de jubilación como aquella en la que, después de una vida dedicada al trabajo, se tiene el derecho a un merecido descanso, para que el envejeciente pueda disfrutar de sus últimos años sin necesidad de dedicarse a la mejora de la productividad de la sociedad a la que ha dedicado sus mejores años.

Ahora resulta que los excedentes de la Seguridad Social, conseguidos cuando la población activa era mucho menor, se tienen que emplear en compensar las prestaciones sociales de ese sistema que, teóricamente, apela a la solidaridad entre los ciudadanos como ningún otro.

Seguramente gracias a ese sistema tan peculiar, se han podido prejubilar jóvenes de 45 o pocos años más, pertencientes a los sectores de la minería del carbón, del naval o, incluso, de empresas sobrecargadas de personal porque en otro tiempo fueron públicas, como Telefónica, o privadas que entraron en la ineficiencia de una estimación de mercado muy alegre, como muchas del autómovil, del sector metalmecánico o de la construcción.

Igualmente, por mor de esa solidaridad, un número creciente de jetas laborantes -no precisamente todos latinoamericanos, pero también- se complacieron en exprimir a tope las opciones que presentaba el combinar períodos de trabajo cotizados con otros maravillosos períodos de cobro de prestaciones de desempleo, combinados, en no pocos casos, con estupendas opciones desde la economía sumergida, que benefican tanto a empresarios sin escrúpulos fiscales como a trabajadores necesitados de mejorar su nivel de vida o incrementar sus ahorros con destino a sostener familias allende los mares.

Ahora resulta que, después de haber negado sistemáticamente que el sistema de la Seguridad Social pudiera entrar en quiebra, como habíamos vaticinado estudiosos de medio pelo (porque no hacía falta ser un lince para vaticinar hacia dónde íbamos), va a hacer falta más madera para que los que esperaban jubilarse a los 65 años a partir de mañana puedan disfrutar de su pensión.

Los nacidos desde 1948 van a tener que trabajar un poco más, cotizar un par de meses más o incluso dos años más, para obtener -obviamente- un par de meses menos de prestaciones, o los dos años de marras, porque nuestros legisladores han descubierto, así de pronto, al hacer las cuentas, que no va a haber bastante dinero para pagarles las pensiones. No tiene nada que ver con el baby boom, por supuesto -eso sucedió a partir de los 70, y esos jóvenes se jubilarán a partir de 1930, por lo menos, y, además, justamente por haber aumentado la población, lo lógico sería argumentar que habrá más cotizantes hasta entonces.

Entendemos muy bien que se sientan engañados quienes han venido cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones y se ven ahora sometidos a una nueva presión recaudatoria.

Especialmente lastimosa es la situación de quienes, por no tener padrinos, se han visto despedidos sin contemplaciones gracias al abaratamiento de la patada en el culo y, al no encontrar trabajo fijo, se han dado de alta como autónomos, para seguir cotizando a la espera de alcanzar la edad dorada, admitiendo asumir tareas precarias de unas empresas que se beneficiaron de las menores cotizaciones del personal más joven, pero necesitaban seguir utilizando la experiencia de los mayores a los que habían despedido.

Queda claro el significado de la edad de jubilación. Una magnitud variable al servicio de la ineficiencia de los planificadores, de la conveniencia de las empresas y de la desfachatez (propia o impulsada) de los que se aprovecharon y aprovechan de los agujeros del sistema, sin preocuparse de nada más que de obtener los mayores beneficios para sí del trabajo de los más honrados.

(Por cierto, resultan bastante incomprensibles los datos de la EPA: si hay 1,2 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro, y aceptamos que la familia media en edad de trabajar de tales hogares se compone de 2 personas, habría 2,4 millones de desempleados de los 4,3 que constituyen el total que no tienen más ingresos que los de las prestaciones sociales.

Sería muy interesante que se divulgaran, también, el número de personas y sus edades de quienes están percibiendo esas prestaciones. Porque, o hay mucho ciudadano que vive de sus ahorros, o la economía sumergida ha crecido de forma desmedida, ya que las cifras no se corresponden con la escasa o nula conflictividad social que cabría suponer de tales descalabros en las percepciones familiares detectadas).

Sobre la prolongación de la vida laboral para salvar la Seguridad Social

Parece que la Administración pública española empieza a darse cuenta que uno de los efectos de la crisis económica es que el Estado de bienestar se ha ido al cuerno. El excedente de la Seguridad Social ha desaparecido.

La situación ha cambiado bruscamente en unos meses, y convertido en ridículas las reflexiones por las que se pretendía modificar la Ley 28/2003, Reguladora del Fondo de este mecanismo de protección, para permitir inversión en Bolsa de una parte (se hablaba de un máximo un 10%) de esos dineros que no tenían sin destinatarios inmediatos, para "aprovecharse de la buena coyuntura bursátil".

Ahora se admite que no habrá dinero para pagar todas las prestaciones sociales.

Por eso, por una parte, algunos responsables autonómicos han anunciado que darán prioridad en el empleo de la obra pública que contraten a aquellos que hayan agotado las prestaciones por desempleo.

Por otra parte, se anuncia que se está estudiando la prolongación de la edad de jubilación, es decir, la edad en la que los cotizantes tienen derecho a pasar a ser destinatarios de la prestación por ese concepto.

Miren ustedes (utilizando el mismo latiguillo incongruentne con el que les gusta empezar, en general, sus interlocuciones), señores administradores de la cosa pública:

No nos tomen el pelo a quienes venimos, desde prácticamente la niñez, cotizando regularmente sin haber utilizado ninguno de los recursos de protección que tan alegremente han permitido, en otros casos, dilapidar, consintiendo trabajos en b de desempleados que cobraban prestaciones, o admitiendo bajas por enfermedades comunes inventadas a vagos indecentes que se aprovecharan de la débil inspección de los contubernios de asalariados irrespetuosos con médicos indolentes. I

No nos tomen el pelo a los que hemos cotizado incluso, durante largos períodos, de forma doble, como empleados, y pluriempleados y autónomos, acumulando más días de cotización que días reales tiene su vida laboral.

No nos tomen el pelo a los que trabajamos, porque si no no comeríamos, en empresas que no han sido favorecidas por ninguna de las gozosas reconversiones que han enviado a gozar de las prestaciones sociales a gentes en la flor de la vida, con cuarenta y pocos años, contabilizando como dobles los años trabajados en no sabemos bien qué sitios de terrible peligrosidad en moquetas bien aderezadas.

No nos tomen el pelo sin recordar a todas las reducciones de empleo que se han autorizado, en donde se mandaron a cobrar de dineros públicos a miles de empleados, que no habían alcanzado, ni de lejos, la edad de jubilación, y que pasaron a engrosar las filas de los desocupados forzosos.

No nos tomen el pelo sin haber hecho un análisis coordinado, y lo más completo posible, de lo que está pasando con la formación de nuestros jóvenes -en la Universidad como en las Escuelas Profesionales como en los Institutos, públicos y privados-. No vale que el nuevo incorporado a la Administración no se sienta deudor de lo que hicieron sus antecesores.

La política no es el arte de la improvisación. Es la responsabilidad de hacer las cosas bien, en beneficio de la mayoría, mejorando las expectativas del futuro. Caben otras definiciones, pero hoy nos gusta mucho ésta.

Sobre las jubilaciones anticipadas y sus efectos

_{Telefónica despide el año con una masiva prejubilación (unas 1.500 personas, que completarían una reducción de plantilla de 15.000 empleados desde 2003), acogiéndose a los planes ERE, de regulación de empleo. La multitud de estos nuevos excedentes del mundo laboral, que pasa a engrosar el capítulo de los que vivirán a expensas del Estado (completadas sus pensiones con la generosa ayuda de la empresa causante), viene a recordar uno de los despropósitos mayores de nuestra ordenación laboral y jurídica. Para mejorar las cuentas empresariales, los gestores han hecho con total libertad un cálculo sencillo: cuesta mucho menos prescindir de personal antiguo en las empresas, abonándole las compensaciones legalmente previstas, que soportar su presencia como fuerza laboral en las plantillas. Los 300.000 euros por empleado que, según Telefónica, ha costado esta regulación, es apenas un pellizco molesto a las cuentas de la Compañía.}

_{Hemos ya denunciado en otras ocasiones el despilfarro intelectual y de experiencia empresarial y vital que esto está suponiendo para nuestra sociedad. Eliminar de la vida laboral a quienes tienen la experiencia, basándose en mezquinos planteamientos economicistas de corto plazo, es una sangría grave y un lastre sicológico, que no solo van a sufrir los afectados directamente. Los jóvenes no lo suplen todo. Multitud de ingenieros y economistas neófitos, inexpertos abogados y jueces, investigadores,profesionales de cualquier actividad manual o intelectual sin la práctica exigible, ocupan los puestos que dejaron aquellos que, todavía con capacidad de pleno rendimiento, han pasado a teórica mejor vida.}

_{Cuando se debate la oportunidad (o la necesidad) de prolongar la vida activa a los 70 años, para sostener el precario edificio de la Seguridad Social, estas desbandadas obligadas, estas levas de forzados pensionistas, son un despropósito. Yerran quienes piensan, por lo demás, que los nuevos trabajadores extranjeros están ayudando a mantener el balance de las prestaciones: lo pueden hacer a corto plazo, pero cualquier analista puede detectar que la inmensa mayoría de estos inmigrantes -cuya efectividad laboral no dudamos- van a volver a sus países en algún momento y, por ende, muchos calculan muy bien la combinación entre los días cotizados y las prestaciones por desempleo a que tienen derecho. Aquí encontramos, por lo demás, la razón, por la que en períodos de vacaciones, las cifras de inmigrantes empleados disminuye: con las prestaciones de desempleo en el bolsillo, no son pocos los que aprovechan las indemnizaciones para viajar a sus lugares de origen, y atraer a nuevos optantes a nuestra moderna Tierra Prometida.}

Sobre la perversa vinculación entre trabajo y salario

Nos ponemos filosóficos: pocos seres humanos no necesitan de un salario para subsistir (aunque en los países desarrollados se tiene la impresión de que resultaría difícil morirse de hambre), y el salario es, en general, la remuneración obtenida por el trabajo. Somos algo crípticos, pero hay gentes que reciben sus emolumentos sin dar ni clavo.

Las múltiples tareas que hombres, mujeres -y niños- realizan en beneficio de otros, obtienen variadas compensaciones -en salario o en especies-, teniendo en cuenta diferentes variables: dificultad del trabajo, conocimientos, experiencia, habilidades, riesgo, capacidad de acceso a esferas de poder, contribución al placer, oportunidad, otras capacidades -confesables e inconfesables-, etc.

Los que deciden cuánto van a pagar por un trabajo, se encuentran en diferentes posiciones: en los Parlamentos y senados; en las administraciones públicas y sus órganos, en los consejos de dirección de las empresas y sus departamentos; en la libertad de su casa; al aire libre aunque viciado, ...; son propietarios, jefes, dueños, clientes, pacientes, chulos, etc.

La mayoría de la población es otra cosa: funcionario, empleado, subordinado, dependiente,prostituído,... asalariado.

Pero no se engañe nadie: lo que hace un trabajo especialmente más codiciado, y por tanto, incomparablemente más caro, en la escala de valores sociales no es la habilidad, el conocimiento, ni el riesgo que se asume. Es la capacidad de movilización de intereses que tiene un individuo para conseguir rentabilizarlo: cuantos más amigos, más esfera de influencia, más ámbito de poder pueda ejercer, mejor.



Dichosos aquellos que pueden desarrollar una habilidad que no les haga depender de otros para subsistir, porque ellos verán el final de sus días con la satisfacción de no ser marginados por una sociedad que no valora al individuo sino por lo que sirve a los que tienen el poder.

Sobre la política de jubilaciones

El modelo social en el que, en buena medida, España había puesto los ojos, para traspasarlo con toques de carpetobetónica improvisación, está en vías de profunda revisión, porque ha llegado el momento de declararlo insostenible. El presidente francés Sarkozy, amparándose en su reciente victoria electoral, parece dispuesto a cantar algunas verdades, y propone cambiar algunos ejes de la política social.

Que, desde una petulancia cuyos efectos es todavía pronto para valorar, Sarkozy haya afirmado que está abierto al diálogo social pero ello no ha de impedir tomar las medidas necesarias y urgentes sobre el modelo de asistencia social, es lo de menos. Lo más sustancial resulta su afirmación de que la política de reducción de la jornada laboral a 35 horas es un fracaso, y que las prejubilaciones e incluso las jubilaciones a los 65 años, no pueden mantenerse sin provocar la quiebra del sistema.

¿Qué hemos hecho?. En la feroz reconversión de los sectores siderúrgico, carbonífero, agrario, naval,...en la admisión inconsciente de políticas de prejubilación en empresas que deseaban reducir sus costes laborales, hemos llenado las calles de parados forzosos, en edad de pleno rendimiento, pagados con cargo a las arcas del Estado o de oscuras combinaciones de dotaciones para fondos de pensiones, reducción de beneficios a corto plazo y contribuciones públicas.

La pérdida de sustancia, creatividad e impulso que esa política ha causado en el aspecto tecnológico, nunca podrá ser estimada con exactitud, pero es ingente. No solo en lo técnico, por supuesto, también en lo político, en lo social, adelantando la "percepción de vejez", cuando la vida media se prolonga.

La pérdida económica y los esfuerzos presupuestarios que supone haber prejubilado a personas en edad de rendir convirtiéndolos en pensionistas, pasa factura ya, pero se convertirá en una soga al cuello cuando los que sostienen la delicada pirámide contributiva se desfonden, por ser insuficientes (jóvenes con bajos salarios, inmigrantes con propósito de volverse a su país cuando consigan su objetivo de ahorro o la situación de bonanza cambie, etc).

Hay que mentalizarse ahora de que los que no hayan gozado ya de los beneficios de la prejubilación, tendrán difícil jubilarse antes de los 70 años. Quizá nunca lo puedan hacer. Habrán estado cotizando toda su vida para beneficio de terceros y gloria de un modelo social cuyos costes de mantenimiento nadie ha sabido valorar suficientemente.