Sobre las razones que se niegan a los saharauis

El pueblo saharui es el único residuo de la época colonial al que no se le ha confirmado su derecho a la libre determinación. En realidad, eliminando el eufemismo, su derecho a la independencia.

Ni las resoluciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas (1514 y 1541 -XV) ni la aprobada por su Asamblea General (2625-XXV) han servido para otra cosa que como papel mojado. Ni el reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia, que tuvo lugar en 1975, -declarando sin validez jurídica el Acuerdo de Madrid, por el que España había abandonado precipitada y torpemente el territorio ante Marruecos y Mauritania- ha servido para que los saharauis consigan su libertad.

El 8 de noviembre de 2010, mientras representantes del Frente Polisario y Marruecos atendían a una "reunión informal" sugerida por las Naciones Unidas, desde Rabat se daban instrucciones de desmontar -a sangre y fuego- el campamento que saharuis y simpatizantes habían erigido en las afueras de El Aaiún, para exigir el fin del expolio de recursos (fosfatos, peces, arena, etc.) y la supresión de la discriminación sobre sus naturales que viene haciendo, con la connivencia internacional, el gobierno de Mohamed VI.

¿Qué está pasando? ¿Por qué Marruecos no cumple las decisiones de las Naciones Unidas y, sin embargo,  goza de tolerancia y apoyo de los países desarrollados y, muy concretamente, de Estados Unidos y Francia? ¿Cuál es la posición concreta del gobierno español, urgido por el PP a que adopte un papel protagonista que, cuando este partido gobernaba, se abstuvo de ejercer? ¿Tiene sentido que la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, reclame prudencia para juzgar la situación y diálogo para solucionar el "conflicto"?.

No estamos de acuerdo con quienes echan la culpa a España y, en concreto, a este gobierno, de la situación, porque desde al menos 1975 se encuentra sancionada por un organismo internacional. Poco se puede hacer, sin perjudicar las relaciones bilaterales y con riesgo de abrir heridas por una situación que desde Marruecos se ve muy distinta a como se enjuicia desde la Península: la soberanía territorial sobre Ceuta y Melilla, ciudades españolas que despiertan el apetito de los capitalistas marroquíes y la envidia de los ciudadanos marroquíes, inmersos en un subdesarrollo tecnológico y cultural con pocas opciones de salida a corto plazo.

En cambio, sí creemos que, más que propiciar una vía de diálogo desde la comunidad internacional, quienes tienen autoridad sobre Marruecos deberían expresar, a las claras, al gobierno de Mohamed VI que no están dispuestos a tolerar ni un minuto más el sostenimiento de la pantomima.

Basta con que se convoque el referéndum, de inmediato. Y como su resultado será abrumadoramente favorable a la independencia (medida que, desde luego, ya debería haberse adoptado directamente), el problema estará resuelto y los saharuies podrán, con pleno derecho indiscutible -al fin-, considerarse ciudadanos país autónomo y libres para organizar su futuro.

Si Marruecos fuera una democracia, habría, desde luego, una forma quizá políticamente más brillante de integrar los derechos de los 300.000 saharuies, concediendo a su territorio (relativamente inmenso, desestructurado y desértico) la autonomía administrativa, mejorando sus enlaces económicos y su interconexión con Rabat, como ventana al resto del mundo.

Como Marruecos no es una democracia y, por mucho que contemporicemos con ese país, es patente que carece de una estructura económico-administrativa moderna,  hay que defender el derecho de los saharauis a que ordenen su vida, la explotación de sus recursos y las relaciones internacionales, desde la libertad. Porque desde su libertad es la otra historia que tendrán que escribir. 

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(1) Ya en 2003, la Fundación France Libertés había denunciado que la sociedad KB Fish, con sede en Dajla (antigua Villa Cisneros), y disfrutando generosas licencias a sus barcos faeneros, pertenecía a los generales Hosni Benslimane y Abdelhak Kadiri, responsables de la Gendarmería y del espionaje militar.

Han aumentado las sociedades especializadas en cefalópodos, pertenecientes a capital marroquí, de procedencia del entorno de Mohamed VI, y cuya producción se exporta a España y Japón.

Y, en la cúspide de esta explotación, se encuentra la mayor empresa del Sáhara, la fosfatera Phosboucraa, que pertenece actualmente, en su totalidad, al Office Chérifien des Phosphates, una vez que la SEPI cedió su participación a la sociedad marroquí, y que es presidida actualmente por Mostapha Terrab, miembro del comité asesor de SM Mohamed VI, ingeniero de caminos por la Escuela de París y Dr. en Investigación de Operaciones por el I.T.M. (rien ne va plus!)