Sobre visados y penurias

El Gobierno socialista prosigue en su intención de hacer más difícil la vida de los Colegios profesionales, y ha preparado un anteproyecto de Real Decreto "sobre las obligaciones de visado colegial" que, en realidad, reduce de manera drástica los casos en los que es obligatorio visar los proyectos por los Colegios profesionales.

Como es sabido, el art. 36 de la aún vigente Constitución Española, expresaba un mandato al legislador: la regulación por ley del "régimen jurídico de los Colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas". Sin embargo, -puesto que ni este Gobierno que ahora tenemos, ni los demás que hemos tenido, se han aplicado en "hacer bien los deberes"-, los Colegios se venían rigiendo por una Ley preconstitucional -que no es sinónimo de mala, y que, en este caso concreto, era/es magnífica-, la Ley 2/1974 de 13 de febrero.

Con inusitada premura, aprovechando que el Guadiana pasaba por allí -en realidad, a varios kilómetros y en otra dirección-, el Gobierno se ha metido en la desvergonzada tarea de aplicación de la pena capital a los Colegios.

Además de poner en evidencia la descarada animadversión oficial a todo lo que signifique crítica -los Colegios habían puesto en valor su libertad ideológica y su capacidad intelectual, expresando su oposición a algunas decisiones gubernamentales-, el Real Decreto que se ha sometido a objeción pública tiene todo el aspecto de ser una improvisación legislativa.

La improvisación que se detecta en el texto, no es sinónimo de incoherencia jurídica respecto al propósito que le guía: el sometimiento de los Colegios profesionales a la exposición pública de su hipotético carácter elitista y de su inutilidad como instrumento de control. El cuidado con el que se recogen citas y sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, amén de presuntas consultas y análisis más o menos exhaustivos, revela la intención de dotar de corpus argumental al despropósito.

El momento es malo para los Colegios, que estaban, justamente, embarcados, al fin, en su modernización democrática, pasando a ser considerados por los profesionales como plataformas de opinión, formación, impulso y control a sus cometidos, totalmente inmersas en la sociedad civil, y no como organizaciones pacíficas, anodinas, dominadas por profesionales en edad de jubilación y faltas de sentido social o crítico.

El Decreto, contrariamente a lo que se expone en la Memoria de Análisis de su Impacto, no va a suponer un ahorro anual de más de 800 millones de euros (228 Millones como importe de la recaudación de los Colegios por los visados que se eliminan y, el resto, por la estimada reducción de gastos de cumplimiento de la obligación de visar).

No, el cálculo está mal hecho, porque lo que hay que calcular es el coste de los efectos de no-visar. Y va a resultar muy alto para el país, pues el control de calidad de los proyectos deberá hacerse ahora por entidades privadas y, si no se hace, los riesgos contra la seguridad de personas y bienes, se incrementarán en espiral. Habrá más gastos para la Administración destinataria, más inseguridad en las ejecuciones, más descontrol profesional, menores esfuerzos en formación técnica, más desconcierto ciudadano...

En su aspecto jurídico, el Real decreto implica, para los Colegios que agrupan profesiones técnicas, desligar de la Administración a estas Corporaciones, hasta ahora entidades de naturaleza público-privada. El tajo sobre el cordón umbilical es certero y dramático, al negarles las dos fuentes -prácticamente únicas- de ingresos, amparadas por la Ley 2/74, a cuyo abrigo habían crecido, como Reales decretos y Ordenes Ministeriales, los Estatutos Colegiales : las cuotas colegiales y las percepciones por visados.

Si la colegiación no va a ser obligatoria y los visados se van a ver restringidos a un par de casos de forma excluyente y exclusiva, la mayoría de estas instituciones profesionales deberán desaparecer y, las que sobrevivan, lo serán bajo otros supuestos distintos a la Ley 2/74: bien como entidades de derecho privado -asociaciones profesionales- o amparadas, en algunos pocos casos, por una Ley específica que proteja el ejercicio profesional, como es el caso de los médicos y los abogados.

Los Colegios técnicos, en especial, son los que se verán más afectados, pues -en general- del orden de un 50 a 70% de sus ingresos provienen del visado de proyectos.

La casi segura destrucción de la base colegial, viene en mal momento económico, y desperdicia, tirándolos a la basura legislativa, la posibilidad de utilizarlos como instrumento para la modernización de la Administración y de los propios Colegios.

La situación ha puesto de relieve la pérdida de poder político de los Colegios profesionales, que están sucumbiendo ante la corriente de liberalzación que está caracterizando el gobierno de Rodríguez Zapatero. El objetivo confesado es la reducción de gastos; el objetivo real, que cabe vaticinar conseguido, será un mayor descontrol, facilitando la competencia desleal, aladida a la de profesionales extranjeros con títulos inhomologables y forzando el incremento de la inseguridad, técnica y jurídica, para los autores de los proyectos, y para sus clientes y usuarios.

¿Tan torpes somos los españoles para organizar mejor nuestra sociedad civil? ¿No somos capaces de construir sobre lo que tenemos, dialogando, perfeccionando, en lugar de dar un empellón a lo que no nos gusta y silenciar lo que nos molesta?

¿Estaremos siempre ofreciendo preguntas, en lugar de buscar las respuestas?