Sobre el futuro de las centrales de ciclo combinado

En los países en los que la presión ecologista (mal entendida) y la falta de decisión política (insuficientemente justificada) no permite analizar las opciones de la energía nuclear, se ha abierto la brecha por la que entran las centrales de ciclo combinado.

Una central de ciclo combinado es un perfecto invento tecnológico para apostar a pelo y a pluma en materia energética. Si, además, la central se quiere mantener junto a las preexistentes centrales de carbón, se está en disposición, como proveedor de energía, de cubrir un amplio expectro: por ejemplo, gas natural, gasoil y carbón.

Estas instalaciones son costosas y, por ello, para garantizar que se amorticen con cuotas asimilables por los paganinis, se consideran períodos de vida útil de 20, 25 o incluso 50 años. En este tiempo, la mejor tecnología disponible podrá cambiar muchas veces, pero las administraciones públicas, los proveedores de energía y las poblaciones colindantes, seguirán prisioneras de una inversión que habrá que amortizar.

El futuro de las centrales de ciclo combinado, pues, como el de todas las instalaciones que exigen gran inversión, está condicionado al sostenimiento de la situación que las hizo viables, al mantenimiento de la legislación y reglamentación a la que se sometieron en el momento de la autorización ambiental y, en fin, y como más grave, a los precios de las materias primas vigentes cuando se hicieron los cálculos de rentabildad.

No hace falta ser un lince para vaticinar que nada ni nadie puede garantizar que las condiciones se mantendrán durante 25 años. Cuando cambien, ¿quién será responsable de pagar las cuotas restantes? ¿Los usuarios, quizá? ¿Quién compensará a los vecinos del entorno en donde se ubiquen estas centrales por sufrir unas condiciones ambientales duras en beneficio del "interés general"?

Debería analizarse con seriedad, en beneficio de todos y no solo de unos cuantos, el programa energético para los próximos 2o, 25 o 30 años. Si las compañías eléctricas y las administraciones que conceden las autorizaciones ambientales pueden arriesgarse a hacerlo, no vemos porqué no hay que asumir el estudio global de a dónde queremos ir, y por qué.