Sobre el Pazo de Meirás y sus propietarios

El Pazo de Meirás fue regalado a Francisco Franco en 1938 por un grupo de próceres fieles, entre los que figuraban el gobernador civil, el alcalde de La Coruña, y el banquero Barrié de la Maza (luego Conde de Fenosa). El general de la República llevaba ya dos años haciendo de golpista por la g. de Dios y por España, y estaba próximo a convertir a la patria hispana una unidad de destino en lo universal.

Ganada, como es sabido, aquella guerra por una de las dos Españas que se habían conformado para la infausta ocasión, y sucedidos cuarenta años de paz y resistencia amargas, el dictador murió en su cama y su hija heredó lo que tenía. Entre los muchos bienes acumulados, figuraba el Pazo de Meirás.

Hoy, la Xunta de Galicia solicita la reversión de aquella propiedad al dominio público. Solo que el Pazo se conformó con varias anexiones. El edificio y una pequeña superficie fue adquirido a los herederos de la escritora Pardo Bazán, que no discutieron mucho el precio, pues habían incluso pensado en donárselo a una orden religiosa. Los terrenos se ampliaron con "donaciones" de los vecinos al Caudillo, y ventas de bonos, que, dadas las características de la época, no es difícil imaginar que la operación se realizó bajo presión y temores de represalias.

En fin, que la cuestión de la reversión por incautación indebida o iligitimidad adquisitiva tiene amplias implicaciones y suscita graves controversias jurídicas, además, de haber despertado el frasco de las esencias de las opiniones populares.

Hay vecinos que creen que es mejor no menear la cuestión y dejar el Pazo en el disfrute de los descendientes de Franco. Otros, desempolvan las circunstancias en las que fue donado, reclamando la devolución de las tierras a los propietarios de entonces, y la incautación del Pazo por el Estado, alegando que se compró con impuestos ilegítimos.

No nos parece que, emociones aparte, sea una cuestión de resolución sencilla, en el sentido de exigir a sus actuales propietarios su devolución al Estado o, en el caso de las propiedades adyacentes, a los herederos de los donantes forzosos -cuya voluntad, en todo caso, no será posible probar en la mayoría de los casos, sino en todos, pues habrán fallecido.

La familia Franco y el propio dictador han disfrutado de posesión indisputada durante más de cincuenta años, trayendo la propiedad su origen de una donación. Suponemos que, además, está debidamente escriturada en el Registro la propiedad del Pazo, dando fe de que pertenece a los Franco.

Pretender que la propiedad tiene un origen espúrio, por provenir de un levantamiento faccioso contra el poder legítimo, supondría incidir en la propuesta de revisión de un período de la Historia reciente española que, de tener refrendo judicial, abriría el debate sobre muy diversas propiedades conseguidas en ese época por los vencedores de la contienda y multitud de irregularidades cometidas. Estamos hablando de irregularidades jurídicas relacionadas con el derecho a un disfrute pacífico de la  propiedad, no ya las gravísimas represiones, coacciones o juicios sumarios y depuraciones de contendientes vencidos.

Espinoso asunto, desde luego, sobre el que no cabe hacer una pronunciación legal, sino de naturaleza política y no exenta de suscitar multitud de reacciones dispares.

Lo mejor para cerrar la herida ahora reabierta, sería que la familia Franco, consciente de la reacción popular y para tratar de congraciarse con la mayoría, en un gesto que cabría calificar de honroso, cediese la propiedad al Estado, para que se dispusiera en el Pazo una Fundación o un Museo. Los hipotéticos derechos de los herederos que dicen haber sido coaccionados para donar sus tierras, podrían ser simbólicamente compensados con una fiesta popular. Al fin y al cabo, se trata del principio de coherencia con los propios actos, y las actuaciones dictadas por el "miedo insuperable", prescriben también -hay democracia desde 1978- y la acción de reversión no es invocable por los herederos del presuntamente perjudicado.