Sobre el agua del Ebro y lo que vale un trasvase

El Consejero ambiental de la Generalitat, Francesc Baltasar, ha propuesto un plan para trasvasar agua -entre 20 y 45 Hm3- del Segre (afluente del Ebro) al río Llobregat, a la altura de Guardiola, en el Berguedá barcelonés. La situación de las reservas del pantano de la Baells y del conjunto del sistema que abastece a la región de Barcelona es preocupante, estando al borde de la situación de emergencia, según algunos indicadores que utiliza la Generalitat.

Como lo que nos gusta en nuestro país es crear confusión y somos incapaces de actuar en coordinación, la cuestión ha provocado algunas reacciones y nos suscita varios comentarios, que procuraremos esbozar en este "post".

1. Cualquier opción de planificación hidrológica que afecta a una cuenca que abarca a varias autonomías es competencia de la Administración central, como ha recordado, por si hiciera falta, la ministra de Ambiente en funciones, Cristina Narbona. En aplicación de los principios de coordinación y solidaridad.

Ergo, la propuesta de coger agua de un afluente del Ebro para consumo de una región autonómica, realizada sin conversaciones previas entre ambas entidades públicas -Estado central y Generalitat-, por lo que se ha dicho, no puede ser ejecutada unilateralmente y su formulación pública pone en evidencia deseos de tensar las cuerdas antes de encontrar soluciones inteligentes consensuadas, técnicamente solventes y económicamente menos gravosas.

2. El asunto ahora suscitado no guarda más que una relación lejana con la polémica respecto al trasvase del Ebro (1.000 Hm3/año) y el plan AGUA para desaladoras en la costa, y, solo indirectamente, con el ocasional transporte de la que podría producirse en la hoy infrautilizada de Carboneras (Almería). Sí tiene que ver, en cambio, con la puesta en funcionamiento acelerado de la desaladora del Prat, de capacidad 60 Hm3/año.

No hay por qué mezclar las cosas; no se tendrían que mezclar, aunque a los políticos tienden a crear confusión, cuando hablan ante un micrófono, con las dimensiones de los problemas, su carácter relativo, y sus urgencias y prioridades.

Se debería hacer una revisión de todos los indicadores de sequía o de déficit hídrico, eligiendo aquellos adecuados y trabajando con series coherentes, que evitaran sobreponderaciones de algunas subcuencas y medidas de aforos y, sobre todo, que sirvieran de base objetiva para la toma de decisiones por parte de una Comisión plural, con objetivos serenos y transparencia pública.

No se entiende que existan diferentes opiniones respecto a la valoración de la gravedad de una sequía, ni cabe hacer juegos malabares con una cuestión tan fundamental como es el aprovisionamiento de agua de boca de una población, ni el interés en entremezclarla con las necesidades de riego de algunos cultivos o de aplazar las soluciones a la espera de que llueve algo.

3. Hay que poner de manifiesto que no estamos hablando -se supone- de soluciones estructurales, sino coyunturales, a déficits circunstanciales de precipitación. Si esto es así, la adopción de medidas de urgencia, para el caso de que fueran necesarias, ha de estar perfectamente claras, con antelación. Equipos técnicos cualificados deben proponerlas, con serenidad, y las evaluaciones económicas correspondientes. Las confederaciones y el Ministerio tienen equipos muy cualificados, que pueden (y quizá deben) ser reforzados por consultoras especializadas, para apoyar la neutralidad de los análisis.

Otra cuestión, pero muy importante, es eliminar de las series de déficit hídrico históricas los efectos del fuerte y desigual incremento de consumos en algunas zonas, provocadas por el crecimiento poblacional, el uso incontrolado o descuidado de los acuíferos y de las escorrentías superficiales, y la proliferación de segundas viviendas en zonas de secano junto a la costa. La ambición de unos no debe pagarse con la reducción del bienestar de los "ciudadanos respetuosos con los derechos ajenos" y en perjuicio de los usos "históricos".