Médicos con fronteras
La publicación del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, de la Comunidad de Madrid ha provocado reacciones de crítica fundamentada. José Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de Geriatría y Académico de Número de la R.A.N. de Medicina, expone sus argumentos en un artículo titulado "La sanidad de Madrid o el juego de los despropósitos" (EP, 11 de noviembre de 2012).
Desde su experiencia, y centrándose fundamentalmente en la equivocación que supondría convertir el Hospital de La Princesa en un centro "de alta especializaciónpara la patología de las personas mayores", los argumentos del Dr. Ribera adquieren el carácter de principios dogmáticos y suponen la descalificación formal de las pretensiones de la Consejería de Sanidad madrileña.
Denuncia Ribera Casado que no se ha contado con los profesionales ni con los usuarios para adoptar medidas (aún, propuestas) que califica de "descabelladas", desmantelando "un hospital que viene rindiendo a satisfacción y que ha sido cabeza de área en Madrid hasta hace cuatro días", en la pretensión de generar "un hospital monográfico" -idea "prácticamente desterrada en todo el mndo, por razones funcionales y hasta éticas"-.
Son varias, y pertinentes, las preguntas que se hace, y nos hace a los lectores de su exposición, el Dr. Ribera, quien fue primer catedrático español de la especialidad de geriatría. Hay una duda, sin embargo, que plantea en el contexto de su fundamentada opinión, y que creo poder resolverle; en realidad, más que a él, qe seguro que conoce como yo la respuesta, a los lectores de su artículo que no la conozcan.
Escribe Ribera Casado: "Nunca entenderé el extraño concepto de que, a igualdad de servicios y calidades, sea más adecuado un presupuesto que incluye beneficiooos para terceros que otro que no incorpora esta partida".
Por supuesto que no tiene lógica económica que los servicios públicos desarrollados por una empresa privada sean más baratos para los usuarios. Y ni siquiera que sean mejores, cuando la entidad pública tiene ya una cierta dimensión, pues podrá dotarse de los equipos, personal y metodología más adecuados, sin que debieran existir diferencias teóricas de acceso respecto a las empresas bajo gestión privada.
En todo caso, debería ser al contrario, pues el estímulo de estar prestando un servicio directo a la colectividad y la facilidad de convicción al ciudadano de que se está haciendo lo correcto, y que se ha de suponer a los gestores públicos, tendría que contar como una ventaja.
Lamentablemente, los despilfarros de las entidades públicas son mayores, por el menor control que se ejerce en ellas. Por falta de capacidad gerencial, por disminución de interés -incomprensible- y por la ingerencia de los políticos, adulterándolas, en las decisiones puramente técnicas o preofesionales.
Hay más: el personal no está igualmente motivado ni pagado que en la privada, en donde la eficiencia se premia, por lo que los mejores profesionales suelen acabar yendo a instalarse, después de adquirir experiencia en lo público, allí donde cobran más. La dotación de equipos en las entidades públicas es, en general, inicialmente mejor, pero por malos usos, falta de adecuado mantenimiento y reinversión, una parte de ellos acaban convirtiéndose en obsoletos o inservibles.
Y no en última instancia, las entidades públicas están sobrecargadas de personal, incorporado a dedo en ocasiones y no siempre el más cualificado, que acaba enquistándose en la estructura; tampoco la adquisición de consumibles, repuestos y demás elementos de la intendencia se hace desde el más exacto y eficiente control; y las decisiones políticas interfieren sobre las profesionales, adulterándolas.
Me parece lamentable, y lo digo desde el conocimiento de haber estado en la gestión tanto pública como privada, que las entidades públicas españolas, a salvo de excepciones realmente dignas de ejemplo, y que deberían airearse más, no estén a la altura de las empresas privadas que actúan en los mismos sectores y que, por intereses que no siempre están claros, acaban asumiendo tareas imprescindibles para la buena ejecución de servicios públicos esenciales.
Y, como he escrito y difundido en múltiples ocasiones, en todo caso, lo que es inalienable es el estricto control de la gestión que realizan las empresas privadas. En un sector esencial, de gran sensibilidad social, como es el sanitario, el cumplimiento de estos principios, como excelentemente expone el Dr. Ribera, resulta inexcusable.Porque si se obvian, no hay sostenibilidad que valga. Solo zarandajas.
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Angel Arias -