Sobre Interights y el caso Garzón v. Spain

Interights (International Center for the legal protection of human rights) ha presentado, en nombre de Baltasar Garzón (que está suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo del ejercicio de sus funciones como juez), una demanda contra el Estado español, alegando que el alto Tribunal, al proceder contra él, está vulnerando la independencia judicial e incumpliendo los principios del Estado de derecho. 

La organización Interights, creada hace 29 años, está presidida por Jeremy McBride, abogado de una agrupación británica denominada Colegios Monckton (Monckton Chambers), un prestigioso invento del cooperativismo anglosajón. Ha recolectado para su Junta Directiva a algunos afamados juristas especializados en derechos humanos en Europa (mayoritariamente ingleses) y se ha venido ocupando de denunciar su vulneración flagrante por algunos dictadores (mayoritariamente africanos) de elementales principios éticos y de poner de relieve el desprecio de sus propias normas promulgadas en ciertos casos concretos de países desarrrollados.

España entra en la lista de países objeto de denuncia por parte de Interights, con un caso que supone un tiro por elevación respecto al correcto funcionamiento de la Justicia, porque el denunciado es, ni más ni menos, que nuestra institución judicial de más rango.

No faltarán justiciables que trasladen a su propia experiencia la crítica que ahora se pone sobre la mesa de una presunta actuación discriminatoria de los magistrados del TS. El juez suspendido no se ha recatado en denunciar que no confía en que la resolución del Alto Tribunal le sea favorable, porque entiende que sus miembros están contaminados por una instrucción que ya le ha condenado de antemano.