Sobre la miseria de ser rico

Ahora que se ha despertado la polémica sobre la cuestión de subir los impuestos a los ricos y, por tanto, de empezar concretando qué es ser rico, habrá que recordar que a quienes tienen mucho no les gusta la luz.

Un registro sencillamente escalofriante de la riqueza en España lo proporcionan los datos respecto al impuesto sobre el Patrimonio. Fue suprimido en el 2008, porque todo el mundo parecía estar de acuerdo que además de no servir como financiador de las Comunidades Autonómas -que eran las Administraciones Públicas a las que se encontraba transferido-, dada su baja entidad recaudatoria (1.240 millones de euros anuales), resultaba que infringía el principio sagrado de evitar la doble imposición y, para más inri, actuaba como factor que invitaba a la ocultación y a la inactividad de la riqueza.

Las cifras del impuesto sobre el Patrimonio venían a reflejar que contribuyentes con patrimonios superiores a 1 millón de euros (o sea, nada) no llegaban a ser ni 100.000 (87.471 personas)

Es bien cierto que la benevolente y errónea calificación de la propiedad urbana y, no digamos, rústica, infravalora entre una quinta y una vigésima parte la realidad del mercado (al menos, antes del descalabro provocado por la crisis más reciente), pero maravilla que alguien se pueda creer que, ricos, lo que se dice ricos -según el presidente Rodríguez Zapatero y alguno de sus ministros- haya tan pocos en España.

El asunto nos parece que está, más que en sacarles algo de tajada a los ricos oficiales para que tapen los agujeros causados en el tejido capitalista por las burbujas y latrocinios financieros-, en saber cómo podemos obligar a los que consigan tener más, para que, aquello de lo que no puedan disfrutar, porque no les quepa más ni en lujos, ni en viajes, ni en fiestas, ni en cacerías, -que todo es gasto y bienvenido sea su retorno al flujo del dinero-, no se lo lleven a paraísos fiscales ni lo oculten en patrimonios rústicos o inmobiliarios infravalorados, sino que lo reinviertan en el sitio en donde han conseguido esas plusvalías, para que podamos todos seguir creciendo.

Ahí está el quid de la cuestión. ¿Tienen los ricos obligaciones por haber acumulado más dinero? ¿Los grandes patrimonios históricos deben considerarse inamovibles, sin preocuparnos de la rentabilidad social que se obtiene de ellos?. ¿Las rentas del trabajo merecen más penalización respecto a las rentas del capital, por la mayor facilidad en controlar las primeras respecto a las segundas?

Expresado de forma drástica: Si creemos que los muy ricos son los mejores impulsores de la economía y que las multinacionales y las grandes empresas privadas lo van a hacer mejor que las administraciones públicas, renunciemos a tener un Gobierno, volvamos a la época feudal.

Si a nuestra gestión de los recursos la llamamos democracia, actuemos en consecuencia. Si estamos convencidos de que la iniciativa privada tiene como objetivo propio el mayor enriquecimiento de sus promotores, y, si no hay otros controles, utilizará todas las oportunidades para evadir obligaciones, que la Administración pública controle esos desmanes previsibles, dirija la actuación preferente del desarrollo, impulse nuevos sectores y negocios como un agente más, el principal, de la economía.

Algunos parece que han olvidado que un Gobierno nos representa a todos. No a la mayoría. A todos.

Esa premisa dota a nuestros gobernantes de la máxima capacidad de actuación, pero les obliga a ser fieles a la verdad, leales a sus pueblos, informados como el que más. Los intereses de todos no pueden sucumbir jamás ante la miseria de ser rico por haberse olvidado del principio de que quien más tiene, tiene también la responsabilidad de administrar de forma óptima la rentabilidad de sus bienes en beneficio de todos. No es propietario, es depositario del fruto de nuestros esfuerzos y del rendimiento obtenido por las generaciones anteriores.