Sobre la independencia, incluso la de los jueces

El juez más activo (al menos, aparentemente) de la democracia española, está a punto de sentarse en el banquillo del TS, que es la manera popular de indicar que está imputado en proceso penal y que los autos con la instrucción, realizadas las pertinentes citaciones a encausado, testigos, denunciantes, perjudicados e interesados en que se haga justicia, están ya listos para que tres magistrados decidan si hay o no delito.

La presunta culpa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no es accesible al común de los mortales. Se le acusa de haber prevaricado, delito solo atribuíble a un funcionario público que actúa injustamente a sabiendas y que, en este caso, al tratarse de un juez, tiene la calificación de prevaricación especializada, definida por el art. 446 del Código Penal.

Según la acusación, Garzón incurrió en la prevaricación, al haber abierto un proceso para dilucidar la situación de enterramientos masivos realizados con los cuerpos de fusilados durante ese período oscurísimo de la Historia española, que siguió a una guerra incivil, y que se llamó Glorioso Alzamiento y democracia orgáncia, y que ahora es referido como franquismo, dictadura o fascismo a la española.

Muchos de esos cuerpos, aún no descubiertos, pertenecieron a quienes se encontraron de bruces con la muerte por sus convicciones contrarias a los sublevados, por ser comunistas o republicanos, por pasar por allí, por compartir una novia, por ser del pueblo de enfrente, o por cualquier razón imaginaria, y yacen, según la memoria ya claudicante de testigos de aquellos actos, al borde de los caminos, o en parajes entonces aislados, o junto a tapias de cementerios, o ni se sabe ya dónde; solo que la muerte fue cierta.

Pero, como el miedo y la voluntad de olvidar son libres, también hay cuerpos por ahí de quienes murieron durante la guerra del 36-39 por represalias y parecidas sinrazones esgrimidas desde el bando contrario, que llevaron al más allá a católicos, monárquicos, universitarios, propietarios, guapos, despistados, llamarse Sotelo, José Antonio o Ernesto.

Estamos acostumbrados a que los cadáveres adquieran importancia como material político y económico. No importa que los cementerios estén vacíos de vivos. Sabemos, bien asesorados, cómo remover tierra con Santiago para que se identifique bien los muertos, atribuirles autorías o dudar de ellas, dentro y fuera de nuestras fronteras. Sabemos cómo reclamar al Estado dineros si se alguien se equivoca al asignar una identidad.

Este caso es especial, sin embargo. Al entender de los que saben acerca de cómo encontrar resquicios a las leyes para hacer la vida imposible al más pintado, el juez Garzón sería culpable de no haber cumplido con lo dictado en la particular Ley de Punto Final hispana (Ley de amnistía de 1977), que obliga a no investigar los crímenes cometidos. El, como juez, está obligado a conocer la ley y a hacer cumplirla, y por ella, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encuentra fundamento para admitir la querella de la agrupación Manos Limpias, en la que se expresa que el denunciado ha actuado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama".

Obviamente, la admisión no implica que el TS prejuzgue la existencia inequívoca de delito, sino que el alto Tribunal encuentra razones para investigar la actuación del juez como susceptible de haber incurrido en tal.

Como la crisis económica necesita pan y circo, el asunto ha supuesto que, desde varios flancos, se den pasos al frente, para salir en las fotos y aportar matices al interés propio. El gobierno del presidente Zapatero se ha manifestado, varias veces, a favor de la correcta actuación del juez Garzón, en lo que se interpreta, por otros, más que por una legítima manifestación de opinión, un intento de injerencia sobre los jueces. (Es decir, injerencia sobre los jueces conservadores, que sobre los considerados progresistas huelga la injerencia) 

Los portavoces del partido de la oposición mayoritaria, defienden la "independencia judicial" y dicen respetar sin prejuzgar lo que está siendo hecho, aunque está claro que el proceso beneficia a alguno de sus miembros, implicado en el caso Gürtel (Cinturón o Correa), un escándalo de corrupción que apunta hacia la financiación irregular del PP y que, claro, ha instruído el superjuez de nuestra atormentada democracia, Garzón.

Se está hablando, pues, al hilo de esta singular situación, mucho, de la independencia política de los jueces. Pero no parece que sea esa la cuestión central. No se discute o debe discutir lo obvio. Porque, por supuesto, los jueces no son independientes políticamente. Nadie puede creer que lo sean y no deberían serlo, porque son seres humanos que actúan en beneficio de su polis, de sus contemporáneos, aplicando, con su mejor saber y entender, las normas que les han señalado otros.

Para llegar a jueces, han tenido que estudiar y memorizar unos cuantos temas y, para llegar a magistrados del Supremo, han tenido que acumular experiencia, contactos personales y capacidad de maniobra en una sociedad compleja, en la que, para ascender, por encima de los muchos méritos, hay que tener los mejores padrinos.

La cuestión capital sería, en nuestra opinión, otra. La independencia judicial implica su plena libertad para ordenar su propio trabajo, de forma autónoma, sin que nadie les imponga prioridades, puesto que ya están expresas en su obligación de servicio a la Ley, a la Justicia, a la igualdad, al bien común y a todos esos principios que precisan (más o menos) la Constitución y la legislación vigente.

Un cometido nobilísimo, irrenunciable, específico de este poder del estado del derecho, que no comparte con nadie. Por eso, habiendo tantos temas atrasados en los Juzgados, existiendo una comprobable situación de inseguridad ciudadana (que es, también, jurídica), conociendo la capacidad de trabajo del juez Garzón, ejemplo de actividad para todos, ¿piensan sus Señorías que la mejor manera de emplear su valioso tiempo es analizar una descabellada querella, realizada por un sindicato cuya intención más clara es la de intoxicar las relaciones públicas y hacer daño a la credibilidad de la Justicia?; y, además, ¿creen de verdad ayudar al prestigio de esa Justicia admitiendo que se persone en la estrambótica causa uno o varios de los encausados por el juez ahora imputado, y encarcelados preventivamente ante la presunta magnitud de su delito, favoreciendo así la idea de un caótico totum revolutum judicial, en el que el ruido importa más que las nueces?

Suponemos que muchos pensamos que no. La independencia judicial no es tanto política, como la demostración de la sensatez del juez para obrar, en conciencia, valorando lo que es importante de lo que es interesada fantasía. Mucho más exigible cuando, por otra parte, actúan en resolución consensuada por un Tribunal pluripersonal.