Sobre el proyecto de ley de economía sostenible

En mayo de 2009, con ocasión de un Debate sobre el estado de la nación, el presidente Rodríguez Zapatero, en una de sus acostumbradas improvisaciones, anunció la inmediata presentación de una Ley de economía sostenible.

Concebida como solución a corto plazo para los problemas causados por la crisis, esa Ley debería precisar las medidas de apoyo público, incremento de la presión fiscal y estímulo a la coordinación entre los agentes sociales para cambiar algunos de los postulados económicos vigentes, y enfocar al país hacia un nuevo modelo productivo, de forma "rápida, viable y consolidada".

Es imposible conocer en este momento quiénes serán los artífices de esa concreción de un modelo que, desde luego, supondría, en caso de ser viable, la concesión por aclamación universal del premio Nobel de economía (y quizá algún otro) a sus autores.

No serán sus autores, salvo desmentidos de última hora, ni Pedro Solbes, ni Manuel Marín, ni Ramón de Miguel, ni Carlos Westendorp, ni Joaquín Almunia, alejados del fuego de las ingenuas genialidades del Presidente de su partido.

Porque alumbrar una ley de economía sostenible, es un parto imposible. La historia económica universal nos ha permitido concluir que los principios del ser humano están vinculados estrechamente a la búsqueda de su propio bienestar (y, salvo excepciones, el de su familia directa, es decir, sus descendientes). El altruismo no está entre los valores de la mayoría de la humanidad.

El Estado necesita más ingresos para sostener un modelo de asistencia social concebido en momentos de euforia por el cambio de un gobierno autoritario a otro con base democrática. Esos incrementos no deberían provenir más que de un aumento de la productividad, porque, de otra forma, generarían un malestar en quienes los deban soportar, que tendría consecuencias previsibles.

Esas consecuencias supondrían, para el capital, el aumento de la velocidad de fuga a otros países con menor presión fiscal, más bajos costes de mano de obra y más tolerantes leyes ambientales.

Para los pequeños empresarios, una mayor presión sobre la viabilidad de sus proyectos y un paso hacia su ruina. Para las clases medias, disminución de su calidad de vida y más desánimo. Para las clases económicamente mejor dotadas, aumento de la evasión fiscal, incremento de las transacciones en dinero negro, proliferación de las operaciones opacas.