Sobre Cañadas Reales: diagnóstico y solución

Las trashumancia de ganado que floreció en los siglos XV y XVI en España, generó una red de caminos públicos, que recorrían el territorio. Las nueve más importantes suponen unos 5.000 km de longitud, lo que con un ancho promedio de 10 m ofrece la cifra de 500 Km2.

Pero hubo centenares. Todavía en la Comunidad de Madrid, se calcula que subsistirán 4.000 km de antiguas cañadas; en una parte, luchando contra la avidez de apropiación privada; en otras, utilizadas como caminos rurales; en quién sabe cuántas ocasiones, insuficientemente documentadas.

Esas vías pecuarias se empezaron a deteriorar, y lo hicieron con rapidez, con el abandono de la ganadería y la dejación característica del control de lo público, o sea, de todos.  A partir de los años 50 del siglo XX, el desorden fue en aumento, por la falta de guardería efectiva de esas propiedades, mal catalogadas, y dispersas por la geografía hispana.

La Ley 22/1974 (desarrollada por el RD 2876/78) reconoció que esos suelos eran ya innecesarios en algunos casos para el tránsito de ganado y, siguiendo recomendaciones del ICONA -el organismo que se encargaba de la gestión pública de los temas agrarios-, autorizó su enajenación a particulares. 

El reconocimiento que otorga ese artículo a los derechos sui géneris de sus ocupantes ilegales es un ejemplo, ahora esgrimido como precedente, de la creación de una vía de agua jurídica, pretendiendo tapar con una regularización de urgencia una situación ilegítima.

Artículo 15. Los terrenos enajenables en que se hubieren realizado edificaciones o instalaciones ... podrán ser ofrecidos por el ICONA a las entidades y particulares ocupantes, por el precio de tasación previamente fijado

La Ley no tuvo la difusión y el empleo pretendidos entre quienes estaban destinados a utilizar las ventajas que incorporaba. En la llamada Cañada Real Galiana, dentro del municipio de Coslada (Madrid), solo medio millar de propietarios se hicieron así con la propiedad del suelo y vieron legalizadas sus construcciones por ese concreto Municipio.

Esta situación generó un agravio comparativo entre legalizados e irregulares a partir de entonces, porque la Cañada en cuestión ya se encontraba prácticamente ocupada también en otros 10 a 15 km de la Comunidad de Madrid (a partir del centro de la capital). No solamente la ignorancia de la Ley beneficiaria propició esa discordancia, sino la diferencia entre los niveles adquitivos de sus beneficiarios potenciales.

Como la presión demográfica crecía, y el descontrol administrativo y policial  no cambiaron su tónica, la falta de soluciones habitacionales oficiales adecuadas a la demanda,  alimentó situaciones aberrantes. La Cañada se convirtió en un reducto al margen de la Ley, un foco de marginación, de pobreza, de delincuencia, de desatención pública, de tráfico de drogas y armas.

La situación administrativa cambió con la Ley 3/1995, que cedió la regulación de estos territorios a las Comunidades Autónomas. La Administración regional de Madrid se encontró, de pronto, con la responsabilidad de asumir un tramo de Cañada ya abarrotado de construcciones ilegales, y para las que no cabía una regularización, porque la Ley fijaba ahora que el uso debería mantenerse público, aunque se autorizaba a  modificar el trazado en casos de difícil recuperación, realizando permutas o compraventas de los terrenos.

En aplicación de esa potestad delegada, la Comunidad de Madrid promulgó la Ley 8/1998, de desarrollo de la Ley 3/1995, concretando esa solución, de forma formalmente impecable.

Artículo 19. Cuando no fuese posible la recuperación de los tramos ocupados ... el restablecimiento de la vía pecuaria ocupada podrá hacerse mediante un trazado alternativo. Procederá una compensación económica a favor de la Comunidad de Madrid.

Paralelamente, sin embargo, la práctica complicó la situación. Porque se debió proceder a expedientes de ocupación y expropiación para completar diversas infraestructuras -desde el AVE a la M-50, y, para evitar problemas y demoras, se ralizaron pagos a los ocupantes ilegales, tanto por la Comunidad como por las empresas constructoras. Algunos "falsos propietarios" revendieron, con escrituras privadas, a otros particulares, los terrenos y las viviendas que estaban ocupando. La maraña de situaciones irregulares crecía y se multiplicaba.

Hoy, el tramo ocupado de la Cañada Real Galiana lo configuran unos 15 km, en los que viven casi 40.000 personas. Es el mayor asentamiento irregular de Europa. Se dan en él, todo tipo de situaciones: desde chalets con piscina a chabolas miserables. Se ven lujosos automóviles enfilando por el eje de la ruta que fue de trashumancia, niños harapientos, traficantes de droga, familias de inmigrantes que han venido para sacudirse la pobreza de sus orígenes, etc.

El actual gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja ahora en un anteproyecto para desafectar la Cañada Real de su territorio, dejando a los Ayuntamientos otra vez en libertad de hacer lo que crean más adecuado con esos terrenos.

Los Ayuntamientos podrán, pues, si se aprueba el texto, vender los terrenos cuando los ocupantes puedan pagar su justiprecio y, suponemos, las edificaciones ilegalmente construídas resulten integrables con el resto de la urbanización planificada del municipio.

Pero la inmensa mayoría de los habitantes de la Cañada Real Galiana, en ese tramo especial, no pueden pagar nada. No tienen, apenas, ni para malvivir.

La solución, para ellos, está en realojarlos, no en echarlos de allí. Si se les desaloja a la fuerza, buscarán otro sitio, por supuesto. Si, además, no se controla el espacio público recuperado, volverá a pasar lo que pasó, allí o en cualquier lugar sin dueño privado.

Hemos visto en algún periódico "soluciones arquitectónicas" para los realojamientos, creando viviendas en altura siguiendo el eje de la Cañada.

No parecen, en general, muy imaginativas ni una solución brillante.

Lo que resulta imprescindible es realizar el censo de las familias que viven en la Cañada y en cicunstancias de infravivienda en Madrid (y en otros lugares), y estudiar una solución de conjunto. La Cañada es solo una muestra del desorden urbanístico que padece el país.

Se puede poner un parche, desde luego, pero volverán a crecer, mientras subsista el infraempleo y el descontrol de los terrenos públicos, asentamientos irregulares. En realidad, el país está bastante lleno. Basta solo abrir los ojos.

Y lo que replantea, con crudeza, la situación, es la diferencia entre dos tipos de habitantes: los que respetan las leyes y se comportan como ciudadanos solidarios, y los que las incumplen, cualquiera que sean sus motivaciones. Mientras ambos tengan sitio en este país, en la Cañada Real como en cualquier otra circunstancia, seguiremos siendo un espacio de charanga y pandereta en el que ser delincuente, actuar al margen de la Ley, tiene una alta probabilidad de compensación.