Sobre democracia, partidos políticos y participación ciudadana

La situación de la política en España es preocupante. Los escándalos de corrupción están a la orden del día, pero la sospecha que se está afincando en el ciudadano es que lo que se conoce es solamente la punta de un iceberg.

Se trata de una doble corrupción. Junto a responsables políticos que se han enriquecido por sus actuaciones en el ejercicio de su cargo público, las investigaciones judiciales destapan casos en los que se han visto involucradas personas que tenían o tienen la responsabilidad de la tesorería de los partidos políticos.

La falta de transparencia en las adjudicaciones de obras y servicios, la complejidad de las licitaciones, en las que los pliegos de condiciones han sido preparados -en muchos casos- para favorecer a una determinada compañía, es una cara de la moneda. La otra la constituye el escándalo del régimen de vida lujosa que llevan algunos representantes del pueblo, injustificables desde el punto de vista de su sueldo oficial.

Puede entenderse -mal, desde luego- el interés de los partidos políticos en ocultar la realidad de sus artimañas para quedarse con un porcentaje de los importes de las decisiones de ejecutar presupuestos de las obras que necesita toda la ciudadanía. Pero no puede justificarse que la totalidad de los militantes de los partidos ignoren esas prácticas corruptas.

Debe exigirse transparencia y democracia interna a los partidos. Ellos son, hoy por hoy, la base de nuestra democracia. Que sus dirigentes utilicen ese mecanismo de representación para lucrarse o para reforzar la financiación de las organizaciones políticas es una vergüenza.

No debemos depender para aclarar esta oscura cuestión del trabajo judicial. No hace falta aguardar a ninguna denuncia. Los propios militantes han de exigir claridad en las cuentas, transparencia en las economías de sus dirigentes, lealtad con el electorado.

De otra forma, sospecharíamos que son todos cómplices de un fraude mayúsculo a nuestro bien más preciado.

Y, por cierto, tampoco se justifica la utilización, al volver a la vida privada, de los conocimientos atesorados en el ejercicio público, ocupando importantes puestos en las empresas que solo quedarían justificados o como recompensa a desconocidos favores, valoración de nuevos méritos en los candidatos por mor de su desempeño de la tarea administrativa o utilización interesada de los contactos con los viejos compañeros de partido... ¿O se nos olvida algo más?