Sobre deontología política y códigos patéticos

Los códigos deontológicos profesionales no suelen escribirse, se presuponen. Se hacen referencias a su existencia cuando conviene -frecuentemente, como arma arrojadiza entre intereses particulares que tienen más que ver con la delincuencia que con la ética-, pero pocas profesiones han realizado el ejercicio saludable de ponerlos por escrito y hacerlos públicos.

El colectivo de médicos español tiene un código ético magnífico, el Código de Etica y Deontología Médica, desde 1990, -revisado en 199- aunque en muchas clínicas y lugares de consulta privada se tiene enmarcado el juramento de Hipócrates.  

El Consejo Superior de Colegios de Abogados dispone de un código deontológico desde el año 2000, en cuyo preámbulo, como corresponde a gentes que trabajan con la lengua (y con el cerebro, por supuesto), se han consumido muchas palabras.

Otros colectivos profesionales han movilizado sus recursos lingüisticos y jurídicos para plasmar, con variada fortuna práctica, sus deseos de presentar una imagen pulcra hacia el exterior, sin que ello significara que, en el interior, dejaran de solventar de vez en cuando sus discrepancias ideológicas y técnicas de la manera más antigua que se conoce en el mundo, es decir, a tortazos.

Por supuesto, la permeable profesión periodística (permeable en el sentido de que es una de las pocas salidas laborales, como lo es para lo suyo, la de fontanero y algunas pocas más, que permite alardear de ser periodista solamente por el hecho de anunciarse como tal y saber escribir seguido)

Capítulo aparte merecen los políticos. Suponemos que con la dudosa justificación de que el pueblo es el garante de su deontología, con su hipotética vigilancia permanente, que tiene su sanción en los períodos de elecciones, no se han tomado esfuerzo en convenir un código deontológico. Se comprende, por ello, que los políticos más sagaces y brillantes, vigilen a sus competidores, aunque sean correligionarios teóricos, gastándose algo de dinero público en el empeño.

Gracias a ese esfuerzo, y a la labor de infiltración de algunos medios periodísticos en el fragor de la lucha interna del PP por el poder que está abandonando Rajoy, sabemos, por ejemplo, que Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, fue vigilado durante ocho meses en prácticamente todo momento, incluso en sus viajes al extranjero, item más, con cámara oculta y acceso a sus archivos privados. No fue el único caso. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, fue objeto de similar interés y con idéntica metodología.

Conclusión:el código deontológico que debe presidir las actuaciones de los representantes del pueblo necesita una plasmación urgente; los códigos patéticos que se emplean, según parece, por algunos, no solo nos causan indignación sino que, cuando emplean recursos públicos para cubrir intereses particulares, suponen una malversación de fondos y una estafa a nuestra credibilidad.