Sobre el negocio ambiental de los alpechines

La legislación ambiental, consecuencia de la preocupación por no deteriorar aún más la naturaleza, ha generado extraños compañeros de cama. Uno de ellos, sin duda, es el llamado negocio ambiental realizado con los residuos peligrosos o altamente contaminantes.

En principio, todos entenderían que un residuo no tiene valor alguno, sino que es un demérito, una penalidad del proceso. Su tratamiento significará un coste que será una externalidad que gravará el precio del producto que se entregará al mercado.

Sucede, sin embargo, que existen comercios paralelos que introducen variables especiales que conceden un valor a los residuos, por lo que existe una competencia para conseguir aplicarlos a otros procesos, bonificándolos. ¿Complicado? Situémonos, por ejemplo, en el mercado de bonos de carbono, que da un valor a la tonelada de carbono equivalente, valor que fluctúa según la demanda de las empresas contaminantes que no estén cumpliendo los objetivos que les ha marcado el Tratado de Kyoto.

Puede suceder, por tanto, que un material altamente contaminante, como los derivados del orujo y alperujo en la producción de aceite, en lugar de ser procesados en las instalaciones de cogeneración previstas para ellos, sean comprados por empresas holandesas o inglesas para ser quemados en otras instalaciones que nada tienen que ver con el aceite, pero que se benefician de la bonificación y que, por tanto, están dispuestas a pagar un dinero por lo que solo es material contaminante.

Al final, el olivarero se encuentra con que puede vender sus residuos contaminantes, que han pasado de ser una externalidad a convertirse en un ingreso extra. Mientras tanto, las instalaciones creadas para quemar estos residuos, se encuentran sin materia prima suficiente.

Pero como el mercado de esos residuos es coyuntural y ficticio, pues lo único real es que los alpechines y sus derivados son muy contaminantes, cuando el precio que estén dispuestos a pagar las empresas holandesas y británicas sea inferior a las subvenciones, nos encontraremos con toda la magnitud del problema: los olivareros tendrán que pagar porque se les traten los residuos y las empresas de cogeneración tendrán sus instalaciones ya obsoletas.