Sobre la aplicación perversa del método del coste del viaje

Para aquellos de nuestros lectores que no estén familiarizados con esta terminología, el llamado método del coste del viaje sirve para calcular el valor de un bien que carezca, intrínsecamente, de la posibilidad de obtener un precio de mercado, porque no se pueda regir, o no se deba regir, por las reglas de la oferta y la demanda.

Con la idea de hallar el "coste del viaje" se utiliza el recurso indirecto de sumar los costes que los usuarios del mismo están dispuestos a pagar o están ya pagando para disfrutarlo.

Uno de sus aplicaciones clásicas es la de servir de valoración de la imporancia relativa de los Parques naturales, de los Museos, o de las ciudades con valor histórico. Se calculan los precios del transporte y alojamiento en la zona de los diferentes usuarios potenciales o reales. Por eso se le llama método del coste del viaje. Cuanto de más lejos estén dispuestos a venir los visitantes, tanto más valor indirecto tendrá el bien natural.

Nos parece que el método del coste del viaje tendría aplicación también para calcular el valor indirecto de la Justicia, entendida como la aplicación jurisdiccional del derecho. Para no polemizar en exceso sobre el modelo, lo aplicaremos a la jurisdicción civil.

Existen unos cuantos parámetros que pueden ayudar a evaluar este indudable bien social que, aunque ejercido en forma de monopolio, se ofrece como un servicio a la ciudadanía. Un servicio necesario, por lo demás, en nuestro mundo interrelacional y beligerante.

Pueden medirse elementos cuantitativos, pero bastante inútiles para apreciar el "valor de la Justicia". Ni número de jueces por habitante, ni número de casos por juez, ni número de hojas de papel por rollo. Habrá que saber el coste del viaje de los justiciables; cuánto le cuesta al ciudadano obtener la justicia que pretende.

Cuanto más le cueste, peor es la Justicia. Es por lo que decidimos titular "aplicación perversa del método del coste del viaje" a este Comentario.

El primer elemento que pesa sobre el coste del viaje justiciero es la complejidad de los procesos y su duración. Habría de tener un efecto equivalente a la distancia al Parque. Si la media de resolución de un caso es de diez años, ponemos por caso, el valor disuasorio de este parámetro es muy alto, sirviendo de elemento de selección para la litigiosidad.

El segundo elemento, (y posiblemente, no el menor), perdónennos sus Señorías, es la relativa imprevisibilidad de los fallos, que supondría la necesidad de incorporar un coeficiente de aleatoreidad en la resolución de los procesos. Entre los factores que pesan sobre esta variable, igualmente disuasoria del viajero en el camino de la obtención de justicia, estarían la formación de los jueces, la facilidad de encontrar un abogado o bufete competente, el conocimiento material del lego en derecho -asesorado por el profesional, libre o acuciado por su economía de subsistencia- sobre la oportunidad de litigar, la subjetividad del ser humano que juzga, la suerte de que te toque un juzgado o el de enfrente en el reparto, el viento, la lluvia, el que sea viernes o lunes, etc.

El tercer elemento lo constituiría el poder litigador de los demandantes, entendido en términos económicos y fácticos. Las épocas de crisis favorecen, no tanto la litigiosidad, como se está diciendo, como el aprovechamiento perverso de la situación por los más débiles. Las empresas dirigidas por gentes menos escrupulosas, los grandes grupos o entidades, encuentran la ocasión propicia para litigar más, justamente cuando los demás lo están pasando peor.

Los abogados están de enhorabuena. Habrá más litigios, dimanantes en buena parte del incumplimiento de obligaciones, pero en otra, no sabemos si mayor o menor, de la utilización de un supuesto derecho de pernada legal por parte de quienes tienen más medios económicos para el viaje, y más capacidad de aguante para soportar las inclemencias del tiempo: varios años de duración del pleito, voluntad de seguir el proceso hasta las más altas instancias, contratación de los bufetes más solventes en demostrar su poderío argumental ante los representantes de la Justicia, etc.

En defintiva, somos de la opinión de que el coste del viaje del ciudadano español a la Justicia es muy alto. Demasiado alto. Y ello permite seleccionar, a pesar de la buena intención de la justicia gratuita, a los más resistentes para aguantar las inclemencias de ese trayecto que son, por supuesto, los que viajan con la comodidad de sentirse bien arropados y con un GPSS actualizado.