Sobre jueces y militares

Existen colectivos especiales en todas las sociedades a los que, por su significación social, su presunción de ejemplareidad, sus cometidos como garantes, todos los Gobiernos deben cuidar. Jueces y militares son, sin duda, dos de esos grupos relevantes.

El pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que acaban de suscribir (segunda semana de septiemrbe de 2008) los dos partidos mayoritarios en España, ha provocado la reacción negativa de los jueces independientes -la mayoría, bendito sea Dios-, que han manifestado su disgusto ante lo que consideran un "apaño" y una "marginación", advirtiendo que podría tener consecuencias perjudiciales para la objetividad en el tratamiento de ciertos temas sensibles, que, seguramente, habrá de tratar en los próximos años este Organo superior de los jueces. Se citan: aborto, suicidio asistido, agravación de penas para algunos tipos penales, etc.

La Ley de la Carrera Militar, promulgada a finales de 2007 (Ley 39/2007) leyy a la que se han añadido algunos Reglamentos para ordenar su ejecución práctica, es la raiz de otro descontento, protagonizado esta vez por los oficiales de carrera, que creen verse marginados en relación con los oficiales que no han pasado por la Escuela militar, al menos, de forma reglada. Después de habérselo pensado, más de tresoscient oficiales han suscrito una reclamación contca contencioso-administrativa contra la O.M de Defensa del  29 de mayo de 2008, sintiéndose perjudicados en sus intereses reputados legítimos, en una acción insólita en la Historia reciente española.

Un comentario simple, con intención de chascarrillo, apuntaría que al presidente Rodríguez Zapatero le crecen los enanos.

Nada más lejos de la realidad, porque no son enanos, sino gigantes, amigo Sancho, los que allí se ven. La situación de crisis se determina y cualifica por los síntomas, y aquí no se están viendo temas económicos. Todo parece apuntar que la crisis, si no se atajan los retoños que brotan -con el diálogo, la valoración de las medidas, el estudio pormenorizado de las actuaciones y sus consecuencias- se puede generalizar desde la economía a otros sectores cruciales del Estado de Derecho.