Sobre la Cañada Real en Madrid: una solución

Algunos vienen disfrutando de la situación desde hace -parece- 30 e incluso 40 años. Otros (la mayoría), desde cosa de un par de meses -dicen-. En total, más de 20.000, quizá 30.000 personas han ido, primero a la chita callando y últimamente a la de tonto el último, organizando un pueblo de tomo y lomo en terrenos protegidos, en patrimonio público, o sea, de todos, y cuyo garante es la mismísima Administración del Estado, en sus variados aspectos.

El lugar de que estamos hablando, no es un sitio cualquiera, perdido en la geografía de uno de esos países con inseguridad jurídica crónica, apelados como tercermundistas. Está en España, se llama Cañada Real (porque así se conoce al espacio protegido), y dista solo 15 km del centro de Madrid. Y bien a la vista está, en particular ahora, que es pasto de televisión, emisoras de radio, ongs, voluntarios, voluntaristas, etc.

Los habitantes de esta acampada que ocupa titulares, porque les están destruyendo las casas, siguiendo un orden que parece aleatorio, son reflejo de la diversidad étnica, sociológica y pachanguera -que de todo hay- de nuestro país.

Muchos son inmigrantes, fundamentalmente marroquíes, bolivianos y ecuatorianos; no faltan rumanos, albanos y croatas. No pocos, están de forma ilegal en España (Unión Europea), lo que no es óbice para que casi todos los adultos tengan trabajo, dispongan de algún modus vivendi, hagan con esfuerzo y privaciones sus ahorrillos, por si vienen aún peor dadas.

¿Que qué hacen?. Ellos, se reparten entre los ocasionales de la construcción, braceros en los mercados de abastos, extras en la hostelería. Ellas, tal vez consigan ser dependientas de supermercado durante un par de meses -donde no se les vea mucho-, cuidadoras de ancianos e inválidos, asistentas domésticas y, por supuesto, en los ratos libres, no dejarán de actuar de tuteladoras de una recua de críos con los que Dios no falla en premiar a los que elige para demostrar su omnímodo poder.

Hay un tal Félix (lo hemos visto en la TV-1, hace unas horas) que construye casas como quien lava en Cañada Real, y se alquila los pisos a extranjeros (ellos, que por 500 euros mensuales; él, que por solo 300). Incluso da empleo a muchos. Tiene un aire del que se las sabe todas. Aguanta el tipo sin perder la compostura, aunque le increpen, como si la misa no fuera con él. Las razones de esta historia esperpéntica de los edificios demolidos por máquinas excavadoras, "no se las explica; por supuesto, sabía que eran ilegales, pero es que las cosas no se hacen así; únicamente enviaron un papel para avisar que estábamos en terreno público y que habría que retirarse". Pero con calma, que no es cosa de andar atropellando.

Los extranjeros no están solos, qué va, en este teatro de variedades. Hay bastantes españoles, que ocupan la parte más noble del poblado. Andan ahora silenciosos, en general,  y , por supuesto, lucen molestos, porque se les ha descubierto el pastel. Argumentan con firmeza que las casas donde ellos viven, coquetos chalets con vegetación agradable, son suyas y muy suyas y nadie puede quitárselas, porque las autoridades han consentido su apropiación, y  ahora, después de tanto tiempo, han adquirido sus derechos.

Sí, -argumentan, desafiantes, quienes se atreven a hablar- es cierto, solo disponían -hace veinte o treinta años- de un permiso para cuidar un huerto de subsistencia en terrenos públicos en la Cañada. Pero es que ellos, poquito a poco, y como nadie les decía nada,  han ido construyendo ahora un tendejón para guardar los aperos, luego un galpón para traer agua de la red pública, después la toma eléctrica, y, finalmente, con esfuerzo, se han encontrado con esta casa-chalet en donde viven todos, con el garaje anexo en donde guardan los coches. ¿Y qué?

Rizando el rizo de una supuesta asesoría legal de río revuelto, estos neocolonos de la tierra nunca prometida, hablan de que el suelo será público, puede,  pero el vuelo es de ellos, es privado. Así que las casas no se las pueden quitar, tendrán que llevarlas a otro sitio. Y alegan, por si acaso, que ha habido posesión pacífica y aparente, y adquisición de la propiedad por transcurso del plazo de la usucapión , obviando que esos latinajos con la propiedad pública no rigen.

Claro, y, además, si la Administración se pone a investigar por el mundo, en cualquier sitio hay ilegalidades como las suyas o peores.O sea,  "que los dejen vivir en paz", porque echarlos allí, donde no hacen mal a nadie, es "una injusticia".

Los extranjeros que han querido dar su opinión, adoptan dos posiciones:  los marroquíes, seguramente acostumbrados a actuar así en su país, no están haciendo nada malo, y tienen derecho a vivir, y pagan sus impuestos; para, los hispanos y los eslavos, asumiendo mayoritariamente la ilegalidad de su residencia en el poblado y en el país, el asunto más urgente es recoger los bártulos, rescatar el dinero ahorrado de las ruinas y seguir la transhumancia; los pisos patera son más seguros, hay que perderse en la noche de la gran ciudad.

La solución al problema exige, desde luego, tacto pero también mano firme. Cañada Real no es el único ejemplo. Hay muchos, siempre demasiados, asentamientos ilegales en España, casi siempre en zonas públicas (al lado de las carreteras, en parques nacionales o regionales, en los bordes de los latifundios que pertenecieron a Icona). Siempre los ha habido, pero hoy han crecido en número y en intensidad.

¿Qué hacer? En primer lugar, hay que proceder a la Identificación completa y exacta de los lugares y de sus moradores. En la Cañada Real, por ejemplo, hay que tomar nota de las situaciones personales y circunstancias. Son, por encima de todo, seres humanos y merecen respeto, y, por supuesto, sujetos de derechos (y deberes); hay muchos niños entre los afectados por el eventual desalojo.

Pero la circunstancia legal en la que se encuentran no se puede cambiar con buenas voluntades. En la actualidad, todos son residentes ilegales, pues están viviendo en una zona protegida, que hay que preservar, obviamente, en el estado que se pretende (en la Cañada Real, paso histórico de rebaños en transhumancia; en los bordes de las carreteras, en los parques nacionales, como áreas de reserva de servicio o valor ecológico; etc).

El dilema no tiene vuelta de hoja. Las zonas deben ser liberadas de toda construcción, o eliminada la declaración ambiental. ¿Qué se quiere hacer? ¿Merece la pena mantener la protección, o hay que suprimirla? ¿A quién beneficia la situación, cualquiera que sea? ¿Por qué?

Si se desea recuperar plenamente la Cañada, hay que demoler. Aunque incluso en esta actuación, puede haber diferencias en el trato, pues para algunos de los moradores se puede detectar culpabilidad, actuación dolosa, es decir, consecuencias penales; otros, pueden alegar ignorancia; bastantes, por lo que parece, no tienen permiso de residencia y están siendo explotados por aprovechados. Hay tela, pues.

Con mucho cuidado en el tratamiento jurídico, nos tenemos que habrá que levantar unos cuantos centenares de expedientes administrativos, laborales o de responsabilidad civil cuyo trámite, en su caso, puede estar sujeto a la resolución de la prejudicialidad penal.

El simple envío de policías armados hasta los dientes para proteger a las excavadoras y aporrear a los afectados, no basta, no es humano, no es siquiera -curiosamente, justo-. Porque ser justo implica no ser discriminatorio y, también, ser proporcionado, valorando el alcance de las decisiones que se adoptan, en relación con los efectos pretendidos.

Que, además, en la Cañada Real haya decenas de yonkies, basura acumulada por doquier y malos rollos es, entre el barullo, una anécdota menor.