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Al Socaire de El blog de Angel Arias

Riesgo de fractura del estado de derecho

Me ha producido perplejidad, y desazón, la medida del Gobierno español del 30 de marzo de 2012 por la que se establece un período de amnistía fiscal para dos tipologías muy diferentes de capitalistas.

Por una parte, se pretende que se traigan a España los capitales generados en el extranjero, procedentes, en principio, de rendimientos, dividendos y participaciones en beneficios de particulares y entidades (residentes en el extranjero o en nuestro país), pero que no hayan sido declarados.

Por otra, se desea estimular a quienes poseen dinero procedente de actividades realizadas en España, pero que haya sido mantenido oculto a la tributación hasta ahora, para aflorarlas.

En otros Comentarios de este Cuaderno -algunos, realizados hace ya varios años- he defendido el interés de facilitar la repatriación de capitales generados por antiguos emigrantes españoles, hoy vueltos como residentes a nuestro país, pero que se mantienen en cuentas en el extranjero (por citar las que supongo típicas, en entidades bancarias del estado de Florida (USA), República Dominicana, Venezuela, Colombia, México o Argentina).

Lo que nunca se me habría ocurrido es soportar la idea de amnistiar penal y administrativamente a quienes han venido defraudando a Hacienda; en especial, no puedo compartir la idea de conceder un perdón general - a cambio de un peaje económico, incluso, mucho más reducido que los que cumplieron con sus obligaciones- a aquellos que, utilizando artes tipificadas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico, han acumulado capitales irregulares que, hasta este momento, la inspección fiscal no ha conseguido detectar.

Y no lo he apoyado ni sugerido porque ello equivaldría a situar al Estado de derecho a nivel de los delincuentes, convirtiéndolo en cómplice de la ocultación.

Esta singular medida, ahora adoptada, se pretende justificada por la urgente necesidad de sanear las cuentas del Estado y, más específicamente, como un medio de cumplir con las imposiciones de reducción del déficit con las que presiona Bruselas al Ejecutivo.

También se ampara esta amnistía fiscal, y esto no lo descalifico, en el propósito loable de conseguir fondos extraordinarios para no tener que acudir a la refinanciación externa con la que pagar los intereses de los créditos públicos de aquellas inversiones, no pocas de ellas innecesarias, que se asumieron cuando teníamos por delante un brillante futuro y otras orientaciones dentro del Estado social.

Hay otras razones, aún no confesadas, pero objeto de comentario permanente en los corrillos especializados. Es ya muy urgente llevar a cabo el saneamiento definitivo de la Banca, ahogada en sus cuentas por el agobio de los múltiples fallidos y activos tóxicos (no solo inmobiliarios).

Y, en fin, no se pueden obviar las serias dificultades para relanzar la economía, con un tejido empresarial falto de iniciativas, ayuno de créditos, carente de líneas de apoyo sectorial, despistado respecto a los proyectos que supondrían desarrollo, necesitado de nuevas reconversiones, ...circunstancias todas ellas que los mercados están valorando negativamente, ejerciendo una tenaza oportunista sobre nuestra delicada situación.  

Como éxito de esa amnistía, es probable -y he suponer que ha sido clave en la negociación previa a la disposición ahora anunciada- que se cuente con que nuestras empresas nacionales más emblemáticas, entre las que se cuentan los Bancos con sucursales foráneas, traigan a la luz de nuestra fiscalidad los dividendos y participaciones en beneficios que obtuvieron en sus filiales extranjeras y que mantienen ocultos en sus balances; aunque el Gobierno se refiere eufemísticamente a estos lugares a donde no llega su brazo recaudador como países "de reducida tributación", la lectura que hay que dar a estos emplazamientos es, simplemente, la de paraísos fiscales.

Estos capitales podrán aportarse por las empresas a la economía real española con un gravamen especial del 8%, si se lleva a cabo la operación de traslado antes del 31 de diciembre de este año; los particulares, deberán hacer la declaración antes del 30 de noviembre y sus dineros, blancos o negros, únicamente tendrán que soportar un benigno 10% de impuesto atípico.

La necesidad obliga ("estamos en una situación crítica" o "límite", según los portavoces del actual Ejecutivo), por lo que parece, a saltarse por el arco de triunfo, la ética y el principio constitucional irrenunciable de la igualdad que está en la base de nuestro Estado de Derecho, consolidando así un anómalo precedente de imprevisibles consecuencias.  

Lo de menos me parece poner de manifiesto que cuando el PSOE estaba en el Gobierno, el PP se opuso, con descalificadores y rotundos epítetos, a una propuesta "similar" (que, en realidad, contaba con importantes diferencias).

Lo de más es que sigue estando vigente el argumento que entonces se esgrimía, y que ahora recuperan, tanto los inspectores fiscales, como los partidos de la actual oposición, como quienes defendemos la coherencia y homogeneidad del Estado de Derecho en el tratamiento a los ciudadanos y a las entidades mercantiles: esta amnistía es anticonstitucional, injusta, estimula la imitación de los defraudadores, y no es nada ejemplarizante, sino motivo de desconcierto, para los que cumplen con las leyes.

Consolida, en fin, el camino hacia la rebeldía fiscal y aumenta la preocupación de quienes vamos alimentando la certeza de que el Gobierno no sabe bien qué es lo que corresponde hacer mejor en estos temas de las finanzas públicas y, metido en la improvisación con un papel en blanco, acude a manejar la vara de medir como le dictan los más poderosos, diciendo sin embargo, con ya muy reducida credibilidad, que piensa en los más débiles.

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