A un lado y a otro de las rejas, culpables

Las cifras invitan a una reflexión, desde luego. Tenemos en España una "población reclusa" de cerca de 80.000 personas (20% en prisión preventiva), controlada por unos 25.000 funcionarios en casi 80 centros penitenciarios, con un coste superior a los 1.300 millones de euros (1).  

Son demasiados presos. Nuestra tasa de criminalidad, muy baja (46 delitos por mil habitantes), no se corresponde con el índice de reclusión (150 presos por cada 100.000 habitantes). El número de personas que ingresan en prisión crece al ritmo de 1.500 al año, deteriorando aún más esta proporción, que lleva un ritmo especialmente acelerado desde el 2000. Aumenta, en especial, el número de extranjeros (hoy un 30%) y de mujeres (8%), algunas de ellas con niños menores de edad, que viven en la cárcel. 

No estamos al nivel de Estados Unidos, que concentra la cuarta parte de los presos del mundo, con 2,5 millones de enjaulados, lo que quiere decir que el 3% de la población norteamericana está en la cárcel, pero nos parecemos en ciertas líneas generales un tanto inquietantes, y que, a riesgo de simplificar, recogemos aquí en sus aspectos principales.

a) Hay una clara relación entre el arraigo social, la formación y la delincuencia, e incluso entre ciertas características particulares y la población reclusa: En Estados Unidos, la probabilidad de encontrarse entre rejas es casi del 10% si has nacido negro y del 3% de eres latino; esta desproporción tiene su correspondencia en España con la alta tasa de recluídos procedentes del extranjero y con la constatación de que una cuarta parte de ellos -terrible, ¿no?- necesitan atención siquiátrica.

b) Los delitos que llevan a la cárcel, a pesar de la gran diversidad de tipos penales que existe en teoría, son pocos. Es como si una gran parte del Código Penal hubiera sido redactado en vano. En España, los encarcelados han delinquido, fundamentalmente, por posesión y comercio de droga, robo con o sin violencia y por agresiones sexuales que van desde tocamientos libidinosos hasta violación; en Estados Unidos, se lleva la palma, junto a la posesión de estupefacientes de todo tipo y en casi cualquier cantidad, la obsesión por mantener a raya la amenaza terrorista, que ha llevado a las cárceles a muchos sospechosos de pertenencia a grupos fundamentalistas islámicos.

c) El fracaso de las políticas de reinserción: aunque se da mucha publicidad a los ejemplos de personas que han seguido estudios desde la cárcel y han conseguido reintegrarse a la sociedad como personas "normales" (es decir, sin reincidir en el delito), los éxitos a nivel global son escasos. Las cárceles son un pasa-tiempo estéril; una buena parte de los delincuentes, reinciden; las instalaciones penitenciarias, incluso, son hábitat para la gestión de nuevos delitos: mafias, agresiones, robos, etc..

La sociedad tiende a ignorar lo que sucede en las penitenciarías y a su alrededor. Esa culpabilidad de la sociedad que está al otro lado de las cárceles la concretamos en estos aspectos:

a) La presión ha de ser disuasoria respecto a la comisión del delito: más vigilancia policial, mayor reproche social a faltas y delitos (incluso leves), mejor educación escolar básica, integración de los ficheros policiales (nacionales y extranjeros, particularmente en el seno de la UE) son los ejes de esta estrategia de prevención de la delincuencia. El delincuente no nace delincuente, salvo patologías muy concretas.

b) Los tipos y sus sanciones penales han de revisarse. Es una labor delicada, compleja, incluso tediosa. Pero, como ya hemos denunciado en otras ocasiones, los tipos penales son excesivos y, en no pocos casos, abiertos o confusos (¡leyes penales en blanco!) y, lo que aún parece más deplorable, las penas son heterogéneas, no guardando relación con la gravedad social del delito ni con el mal causado.

c) Un sistema judicial-policial no suficientemente integrado. Existe policía judicial, en efecto, pero una buena parte de los delincuentes son entregados a la justicia por otros cuerpos policiales; existe aún insuficiente formación sobre la mecánica judicial, la importancia de los interrogatorios, la forma de recoger las pruebas para que sean efectivas, y -ya, como colofón de despropósitos- la policía cree que la justicia es poco beligerante con el delincuente. ¿Cuántas veces hemos hecho una denuncia y el propio policía que toma nuestra declaración, nos indica, para nuestra consternación: "Hágala, si le interesa para el seguro. En lo demás, no va a servir de nada"?

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(1) Son cifras oficiales. Las nuestras, construídas por analogía, son algo superiores (llegan a 2.500 Mill. €):

1. Coste funcionarios: 40.000 euros-año/persona x 25.000 =1.000 Mill €

2. Coste mantenimiento reclusos: 3.000 euros-persona-año x 80.000 = 240 Mill €

3. Mantenimiento instalaciones (incluídos materiales, electricidad, gas): 1,5 Mill euros-centro-año x 80 =  120 Mill €

4. Amortizaciones: 1.200 Mill €/20 años x 80 = 480 Mill. €

5. A ello habría que añadir: transportes, escolarización, gastos extraordinarios, salarios mínimos a reclusos, gastos de enfermería, seguros, ... = 600 Mill. €... y sin contar el sistema judicial y policial que hay detrás.