En ayuda de Rajoy y Rubalcaba

No es por petulancia, pero la ausencia de programas explícitos para el Gobierno de España por parte de los candidatos a presidirlo de las dos fuerzas políticas actualmente más poderosas, nos anima a tratar de llenar el hueco, ayudando a definir las líneas maestras de las actuaciones que servirían para mejorar la situación del país.

Lo hacemos desde la modestia de nuestros conocimientos e información, entendiendo que lo que procede es abrir oportunidades de intercambio de ideas, que no existen o son insuficientes.

Por supuesto, no estamos expresando estas opciones desde ninguna otra ideología que no sea la voluntad de progreso y, por ello, lo que pretendemos exponer es igualmente válido para su reflexión desde otros partidos y, en especial, por Izquierda Unida y por UPyD, aunque matizamos que, precisamente por ser minoritarios y no tener vocación de gobierno, sus propuestas sí tienen mayor concreción, pero, en algunos casos, aparecen como irrealizables en el corto plazo y, por lo tanto, sin validez para la acción gestora.

1. Imperiosa necesidad de una reforma educativa total. Contrariamente a lo que se ha venido haciendo en nuestro país, la urgencia de esta reforma implica empezar, no por la enseñanza básica, sino por las Universidades y por la Formación profesional.

Es imprescindible revisar los títulos habilitantes para ejercer una profesión, los programas impartidos, las cualificaciones exigidas para acceder a las distintas carreras, desde una posición práctica, seria, constructiva y crítica. La reforma no ha de venir solamente desde los estamentos docentes, sino que han de participar en ella los demás agentes sociales y, en especial, empresarios, sindicatos y colegios y asociaciones profesionales. Se ha de confeccionar un Libro Blanco de Base y, a partir de él, plantear el reajuste completo de las carreras.

No se puede seguir engañando a los jóvenes con estudios que, en verdad, no les califican para nada o para muy poco. La mayoría de los que obtienen un título no están más preparados para obtener -¡no digamos crear!- un puesto de trabajo ue lo hubieran estado si hubieran dedicado el tiempo que emplearon en su hipotética formación en viajar en bicicleta por el mundo. Rectificamos, si hubieran hecho lo segundo, estarían mucho mejor pertrechados.

Como siempre sucede cuando las cosas se hacen mal, hay, si embargo -pero no sirve como defensa de la actuación- un grupo de superdotados que sobreviven, a pesar del sistema, y obtienen -generalmente, por sus propios medios- una gran capacitación. No siempre están recompensados con las mejores calificaciones, pero generalmente, sí destacan fácilmente: son admirados por sus compañeros, de los que se convierten en sus verdaderos maestros, y son protegidos por los profesores -los malos como los buenos- porque les ayudan a dar unas lecciones magistrales de las que los docentes se sienten, a veces orgullosos.

2. Reforma urgente de la función pública. Cuando se habla de la función pública se piensa, habitualmente, en los funcionarios, y se les asocia a gentes que tienen poco que hacer, un buen salario y su futuro garantizado. Sean cuales fueren sus privilegios -verdaderos o producto del imaginario colectivo- no es por su culpa. La inmensa mayoría han obtenido unas duras oposiciones, en su momento, y una buena parte de ellos desearían hacer bien las cosas, obtener satisfacción por el trabajo bien realizado y estimado por la colectividad.

Es imprescindible revisar las actuaciones desde la función pública, lo que nos conduce, indefectiblemente, a tratar dos cuestiones: a) el reparto de competencias entre las Administraciones el Estado; b) la definición de los parámetros e indicadores que permiten cualificar de eficaz, o, al menos, como aceptable, a la gestión de la cosa pública.

Las dos líneas de trabajo son tremendamente complejas, pero ineludibles. En relación con la primera, se trata de recuperar, si no competencias, al menos, la labor de coordinación y homologación en sectores fundamentales para el bienestar de la ciudadanía.

La transferencia de competencias en ambiente, sanidad, educación, justicia -como más relevantes- ha traído como consecuencia graves heterogeneidades y el descontrol de las actuaciones; en el caso del ambiente, la existencia de diecisiete formas de entender su protección ha motivado otras tantas realidades legislativas, políticas de intervención y sanciones y la exacta sensación de que, dependiendo del lugar en donde se ubique una actividad, las exigencias a cumplir son diferentes. Sin embargo, puesto que, a efectos de la Unión Europea, el responsable del cumplimiento de las Directivas es el Estado, esta disparidad abre un frente débil a sanciones ambientales -como así está siendo-, que pagamos todos los españoles.

En relación con la segunda, existen tremendas diferencias de dotación funcionarial, que no se corresponde con las competencias asumidas. Los municipios de menos de cincuenta mil habitantes, por ejemplo, no pueden realizar correctamente las funciones que se les han encomendado, por falta de equipos técnicos adecuados, además de insuficiencia de recursos. La privatización, por la vía de concesiones a muy largo plazo, no es más que una enajenación del control para muchos de ellos, incapaces de ejercer esa función de garante desde la Administración.

Mucho habría que hablar de las consecuencias del atasco judicial, que hace que los más poderosos tengan muchas más altas posibilidades de salirse con las suyas, tengan o no razón legal. Pleitear trae cuenta, y la posibilidad de pedir la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia, en lugar de servir al propósito previsto de acelerar la restitución de las situaciones antijurídicas, dado el alto número de revisiones de estas sentencias por los tribunales superiores, y la posibilidad de dilatar casi sine die el resultado final de los procesos civiles, plantea multitud de injusticias reales, a las que no es ajeno, desde luego, la insuficiente preparación de algunos jueces, la complejidad legal -exponencialmente creciente- y la variedad casuística, que no queda resuelta apelando a la figura de los peritos judiciales, muchos de ellos, profesionales con escaso conocimiento de lo que dicen estar en situación de peritar.