Sobre los elementos de una nueva Constitución para España

Necesitamos una nueva Constitución para España. Y no hay porqué ponerse nerviosos, ni elevar gritos estridentes e histéricos apelando a que la Norma colectiva ha sido consensuada por todos y es un modelo seguido por otros países.

Seamos claros: la Constitución por la que nos regimos contiene elementos que se han atragantado, incluso para el Tribunal Constitucional, órgano político de singular especie que es uno de los inventos más estrambóticos de aquellos Padres de la Patria que trabajaron a machamartillo y con ruido de sables y amenazas de separatimos, como fondo intranquilizador.

No hacemos encuestas, ni falta que nos hace. Sabemos que, aunque respetuoso con la imagen del Rey Juan Carlos -que nos salvó, según se cuenta, de caer otra vez en las cavernas del militarismo cutre-, y nos divertimos a veces con sus salidas de pata de banco ("¡Que te calles!", impropias de quien detenta la Jefatura de un Estado)-, no somos un pueblo monárquico.

Ni por la derecha, ni, por supuesto, por la izquierda. Para evitar que, a la muerte o a raiz de la abdicación de D. Juan Carlos se arme la tremolina, no estaría más revisar a tiempo ese capítulo que declara que somos un Estado monárquico. La modernidad ha hecho caer de su pedestal el concepto de Monarquía, y deberíamos dejarlo para las hemerotecas. Es llegada la hora de proclamar, sin que nos apunten como revolucionarios con el dedo (o con armas más contundentes), que queremos ser un Estado republicano; que somos, colectivamente, ideológicamente republicanos.

Este cambio de régimen constitucional nos aliviaría de algunas contradicciones añadidas, que tendrían inmediatamente solución, sin dibujos ni saltos en el vacío para justificar lo injustificable. Somos oficialmente un Estado aconfesional, y con igualdad consideración hacia los dos sexos, y esto no debe admitir excepciones.

Por tanto, hora es ya de establecer que todos los actos del Estado, todos cuantos desembolsos provengan del dinero público, implican respetar esa neutralidad respecto a los ritos religiosos. Por supuesto, independientemente de su condición u orientación sexual, se establecerá la igualdad de acceso a todos los cargos públicos y privados. También para ser Jefe de Estado.

Es hora ya de analizar adónde nos ha llevado el nefasto art. 150 de la Constitución -con graves interferencias, en su práctica, respecto a los art. 148 y 149-, y el tipo de Estado federal que se ha dejado construir, admitiendo, a golpe de necesidades electorales, la desmembración del Estado Central, y tensando las cuerdas sobre un grupo de magistrados de los que, lo que más ha acabado destacando, por encima de su competencia profesional, son sus filiciaciones políticas.

He ahí al Estado central español, convertido en un pollo desplumado, manipulado por Gobiernos controlados por sus partidos, que legislan con frenesí no se sabe muchas veces porqué ni para qué, habiendo dado luz a una parafernalia legislativa que exige a gritos, no ya una Nueva Recopilación, sino una limpieza exhaustiva.

Un Estado central comprometido ante la Unión Europea y los Tratados Internacionales de hoz y coz, pero que no manda ni coordina casi nada, porque todas las competencias básicas han sido transferidas, con consecuencias heterogéneas, a las autonomías, que han hecho de sus capas, sayos o vestidos de fiesta.

Ojalá que un partido político recoja este guante, entienda lo necesario de cuanto proponemos -y más, mucho más, que a otros se les ocurrirá, con más solvencia-, y lo trabaje con seriedad y solvencia.