Sobre el principio de vinculación positiva
Dos principios contrapuestos delimitan los diferentes esquemas en los que se mueve, en relación con la calificación de las actuaciones respecto a la Ley, el derecho público y el privado.
Son respectivamente: "Quae non sunt permissae prohibita intelliguntur" (Lo que no está permitido, debe entenderse como prohibido) y "Permissum videtur in omne quod non prohibitum" (Se ha de considerar permitido todo lo que no está prohibido).
Por supuesto, los especialistas en Derecho se han referido en muchas ocasiones a las consecuencias de esta diferente manera de ver las cosas, según se actúe en la esfera privada o en la pública. Sucede, sin embargo, que la realidad fáctica, apreciando el comportamiento de algunos funcionarios y responsables de las Administraciones, viene a demostrar que este aforismo se subestima o menosprecia.
Referido a las actuaciones de las administraciones públicas, el ordenamiento jurídico español ha consolidado un sistema de responsabilidad patrimonial de aquellas que se aparta de la doctrina de la culpa, para establecer la responsabilidad objetiva y directa.
Sin profundizar en el tema, digamos que con arreglo a esta doctrina, es irrelevante que exista un culpable del acto, sino que hay que lo importante es detectar si se ha causado daño, es decir, si hay víctimas que no tengan obligación de soportar las consecuencias de la actuación de la Administración. Por supuesto, es imprescindible que queda demostrada la relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño provocado.
Puede el lector darse un paseo por la ciudad y el campo y comprobar cómo nadie parece haberse enterado que, en el derecho público, lo que no está permitido, está prohibido.
Pero es que, además, lo que está prohibido, parece que se interpreta que está permitido. Descargas de todo tipo de materiales, incluso peligrosos, aparcamientos a doble fila o interrumpiendo el paso de peatones en las aceras, vertidos del cambio de aceite junto a los ríos y arroyos, tubos de escape abiertos y bocinazos a tutiplén sin importar horas, hospitales, prohibiciones,...; sin referirnos, ya en otro orden de cosas, a tratos de preferencia por funcionarios a sus conocidos, familiares y recomendados, saltos descomunales de listas de espera y trámites obligatorios; etc., etc.
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