Sobre tarifas eléctricas, precios del agua y tasas de la basura

Los anglosajones llaman utilities a los servicios básicos. Aquellos que nos solucionan los aspectos capitales que determinan nuestra calidad de vida. El suministro de agua, electricidad, teléfono, y la recogida de residuos. Internet también debiera ser una utility sobrevenida.

Lo que los ciudadanos deben pagar por recibir esos servicios es una cuestión muy controvertida, y la diferencia entre tasas (impuestos), precios (fijados por el mercado) y tarifas ( precios reglados) es objeto de disquisiciones legales y técnicas que, como casi todo lo que se mueve mucho, han desembocado en zonas de confusión.

Si son básicos, debieran estar disponibles para todos y sin restricciones motivadas por el poder adquisitivo de cada uno.

Como los desniveles de renta son tan variables, hay familias para las que tener que abonar el coste de lo que consumen por ellos puede significar una parte insoportable de sus ingresos. Por eso, casi todos ellos se subvencionan, al menos, para algunas clases sociales.

Pero sus nombres se mantienen: se sigue hablando de tasa de basura, por ejemplo, cuando se la trata como un precio y el servicio es prestado por una empresa privada, que ha obtenido mediante concurso su contrata. Se dice precio del agua cuando es obvio que las infraestructuras de abastecimiento -y saneamiento- no pueden llevarse de ciudad y ciudad y, por tanto, mal podrá arguirse que las empresas privadas y los organismos públicos municipales (por ejemplo) estén sometidas a condiciones de mercado.

Para el proveedor del servicio, no es tan importante la procedencia de los ingresos, sino que estos cubran totalmente los costes y le permitan un razonable beneficio. En los países más pobres o peor organizados, en donde los servicios públicos pueden no cubrir toda el área de asentamiento poblacional y no superar niveles de eficiencia que para los países más desarrollados serían tenidos por inadmisibles, hay un alto porcentaje de familias que no pagan por el servicio, aunque lo estén recibiendo.

En el caso del agua, incluso de la electricidad, no es incomún encontrarse con impagados altos. Porque no es fácil cortar el suministro de agua a un receptor que no paga (además de las consideraciones humanitarias y legales que pudieran hacerse) y, por eso, la tasa de cobranza depende en alta medida de la solidaridad y concienciación ciudadana.

La recogida de la basura doméstica es uno de los servicios que corre más riesgo de impago, pues los desperdicios pueden llevarse al patio del vecino. En consecuencia, suele agruparse la factura de electricidad y basura en el mismo recibo, cuestión aberrante posiblemente desde la estricta valoración de su entidad jurídica.

En España, lo que pagan los usuarios por el agua corrriente ("el agua de la traída") se denomina precio pero está regulado fieramente. Viene sometido a información y publicidad, ha de ser aprobado por una Comisión, supervisado por otra, y justificado con rigor en cuanto a los costes que cubre.

Lo que no quiere decir que no se introduzcan en él, consuetidinariamente, flexibles conceptos,  pues en muchos casos, se recaudan con el recibo del agua, excedentes para compensar déficits en otros servicios o actuaciones públicas. Recibe el nombre de "precio público", pero más bien se asemeja a una tarifa regulada. En bastantes concesiones administrativas, además, el concesionario (empresa privada que tiene la licencia para ejecutar el servicio) entrega un canon al Ayuntamiento, que proviene justamente de este exceso de lo recaudado sobre el coste verdadero.

Los abonados al servicio que más agua consumen, pagan en general más por el m3 de agua, y se suele distinguir entre usuarios industriales, comerciales o domésticos. El objetivo final de la recaudación es cubrir el coste del suministro, incluída la amortización de las inversiones de infraestructuras.

La recogida de residuos y la depuración de las aguas residuales está sometida a una llamada tasa, que fue tradicionalmente un impuesto que venía a cubrir exactamente el coste del servicio, que se suponía estaba siendo recaudado y realizado obligatoriamente por la Administración pública.

Su valor se determinaba de manera arbitraria, pero ha acabado siendo objeto de cálculos transparentes y precisos, como en el caso del agua, porque debiera cubrir con exactitud el coste individual de la prestación. Más residuos o más contaminantes, más coste para el emisor. Por eso, en algunas ciudades (Madrid, Barcelona, Oviedo, Zaragoza, etc), la tasa de basura es bastante más alta que en otras, correspondiendo con la selección, manipulación y tratamiento de la misma. (Habrá que recordar aquello de "Cuanto más menees la mierda, más te costará limpiarla")

Estamos en la actualidad -final de junio de 2009- hablando mucho en España de las tarifas eléctricas. Sabe aquí todo el mundo que, desde el parón nuclear de los años 80, lo que se recauda no cubre los costes, y que las diferencias son anotadas en una cuenta deudora del Estado, de forma que las empresas eléctricas siguen dando beneficios, porque el Estado pagará por definición.

Ahora se ha pretendido acercar, más o menos a la chita callando, es decir, a poquitos pero sin pausa, el precio real al coste verdadero. Se está adornando de diversas maneras el asunto, pero la realidad es que las tarifas subirán, en corto plazo, lo suficiente para amortizar definitivamente esa deuda del Estado que es, por tanto de todos los españoles.

Precios, tarifas y tasas, se han convertido en variantes que designan idénticos principios: recaudar para cubrir los costes y que cada uno pague en razón con lo que consume o contamina.

Precios, tasas o tarifas, la cuestión no es el nombre que le ponemos sino la forma como conseguimos recaudar lo que nos cuesta el servicio del que disfrutamos.