Sobre la ley Omnibus y los derechos de consumidores y usuarios

La Unión Europea no tiene apenas poder económico, pero ejerce un poder legislativo que, convenientemente impulsado por los intereses de los países que tienen más peso en ella, puede producir curiosos efectos.

La Directiva de libre circulación de personas, capitales y servicios ha generado una secuela de hijas, hijastras e hijuelas que, bajo el denominador común de que es bueno, para robustecer Europa, que no haya fronteras, lleva camino de dar al traste con la calidad de la enseñanza universitaria, y la coherencia de los sistemas de formación y empleo.

Existe una Directiva de Servicios, la 2006/123/CE que ha obligado a reflexionar al legislador español sobre la necesidad de adaptar algunas leyes propias para garantizar la mejora eficiencia y la calidad de los servicios con el principio de facilitar la libertad de establecimiento y la homogeneidad de las prestaciones.

El Gobierno ha aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid y ha metido en ese saco de la adaptación de la Directiva a nuestro sistema normativo, un montón de asuntos que llevaban tiempo sin que se atreviera a ponerles la mano encima.

Entre ellos, la reforma de los Colegios profesionales, que vienen siendo fundamentalmente regidos por una Ley de 1974 y, por tanto, "preconstitucional", que para algunos personajes es sinónimo de abominable.

Esa Ley-saco se llama, por su carácter omnicomprensivo, Ley Omnibus.

Los Colegios Profesionales "técnicos" han protestado por esa Ley, que en su redacción original suponía, en la práctica, la eliminación de sus ingresos, pues dejaba el visado de los proyectos al arbitrio y voluntad de los consumidores, o sea, de los clientes. Si el cliente quería pagar por un sello de calidad, pues allá él, pero no sería obligatorio.

El Consejo de Estado ha emitido a finales de mayo de 2009 un Dictamen, a petición de la Vicepresidencia Primera, en el que se despacha con algunos tirones de orejas al Ejecutivo (por ejemplo, sobre el uso del recurso "carácter de urgencia" para modificar Leyes, que sería, se dice, la razón para algunas "erratas e incongruencias"). El Consejo no cree que la transposición sea el vehículo adecuado para modificar cuestiones que "afectan al Diálogo social", que debería ser objeto de específica discusión.

A los Colegios Profesionales, que habían planteado profundas modificaciones a los artículos que incidían sobre sus competencias y funciones, el Dictamen les da parco consuelo. No critica el Consejo el que las modificaciones se puedan hacer por esta Ley, sino que no son necesarias como consecuencia de la Diectiva.

Destaca, eso sí el grave problema de que ahora se propone dejar al arbitrio de las autonomías el tema de la colegiación, cuando debería ser controlado por disposición estatal.

Estamos, pues, si un cambio de la actitud del Gobierno no lo remedia, ante la perspectiva de un serio descalabro a los Colegios profesionales, que se quieren sacrificar en el altar de los consumidores, de forma innecesaria y gratuita.

Sin valorar sus consecuencias.

Posiblemente, en el think tank de los Ministerios,  se contrapuso simplemente la rentabilidad política de anunciar a la mayoría que el supuesto elitismo de los Colegios se había cortado de cuajo, que estudiar serenamente con los Colegios de los profesionales titulados que deberían mejorar sus mecanismos de autoridad y control sobre sus colegiados y los proyectos que éstos les presentaran a visar, aumentando las garantías de calidad frente a los usuarios, clientes y el resto de profesionales.

 Por ciero, ¿quién o quienes están en ese reducto pensante del Gobierno? ¿Salen de vez en cuando a pasear?