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Al Socaire de El blog de Angel Arias

Sobre las penalidades del Derecho internacional Penal

Faltaba algo así.

Un juez de los de a pié (Fernando Adreu, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, un profesional de careto serio y con experiencia en largas cambiadas), a quien había ido a parar la causa por los piratas somalíes -trece eran trece, para más sonrojos-, se encuentra enfrentado con el Gobierno por un quítame allá esos detenidos.

Los piratas del mar habían sido apresados en una brillante acción militar por uno de nuestros buques de guerra (El Marqués de la Ensenada) lanzados para proteger la faena en aguas piscifactoras (Golfo de Adén). El juez instructor había decretado, guiado por el fiscal en la valoración de los hechos, la prisión incondicional, dados sus varios delitos, desde detención ilegal, uso de violencia para robar, amenaza con armas, indicios de apropiación ilegal y algunas otras minucias, todas ajenas, sin embargo, al delito de piratería que aquí no está tipificado, ya que tenemos otras preocupaciones, usos y costumbres.

El Gobierno de la Nación, personado en el asunto a través del abogado del Estado y después de haber ordenado al fiscal (adoctrinado esta vez por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido), que retire las acusaciones contra los desharrapados armados, hace valer después que existe un convenio -en realidad, canje de notas- de extradición entre la Unión Europea y Kenia, para juzgar estos casos de piratería en la zona, y ordena que se le entreguen a este país, como han hecho otros civilizados de la Europa a la que nos honramos en pertenecer.

Un pequeño problema. Como el fiscal había retirado los cargos, el juez ha decretado la libertad para estos bandiduelos, que se encuentran ahora navegando por aguas internacionales en el buque que los apresó, a la búsqueda de un puerto seguro en donde soltarlos, que bien puede ser Yibuti, o sea, Dabuti.

Estas cosas producen la sonrisa a los más aventurados, y un deje como de estupor a los menos propensos a argumentar que eso se veía venir. Las aficiones a aplicar un inexistente o, cuanto menos, balbuciente, derecho penal internacional, carente de validez universal y lleno de agujeros chocan de forma continuada con los más variados escollos. Aquí, las cautelas del gobierno; allá, la incompetencia jurisdiccional; acullá, el papá norteamericano.

Quedan solo algunas rendijas por las que, abusando de países con menos categoría, los representantes de las naciones más ricas de la Tierra ("we, the world leaders, remember?) tratan de demostrar que están dispuestos a que la Justicia resplandezca, caiga quien caiga. Eso sí, que caigan de los que no tengan posibilidad de respondernos con un cachete, no digamos propinarnos una bofetada

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