Sobre la investigación, esa María

Carlos Martínez Alonso, bioquímico y doctor en inmunología, es actualmente el Secretario de Estado para la investigación en España. Inmediatamente antes, y durante el período 2004-2008 fue Presidente del CSIC, Centro de Investigaciones Científicas, que aglutina la flor y nata de la investigación española: más de 10.000 empleados y destinatario de la quinta parte de los recursos que dedica el Estado a la investigación en el país.

Carlos Martínez disertó hoy, 2 de abril de 2009, en uno de esos "desayunos de trabajo" que se prodigan ahora en nuestra sociedad tan ocupada, ante un público selecto de más de cien personas, convocadas por el Foro España Innova de Nueva Economía y la Fundación Ramón Areces, sobre la situación de la investigación española, enmarcando la problemática dentro de la crisis económica.

Tiene Carlos Martínez un verbo ágil, del tipo científico-político. Es convincente y conocedor del terreno que pisa, con un excelente currículum como científico, con más de 450 artículos publicados, como se encargó de recordar en su presentación José Angel Sánchez Asiaín.

Aportó múltiples datos y difundió optimismo y credibilidad, sin ocultar los problemas centrales de la tarea del Ministerio: falta de competitivad, efectos debastadores de la crisis en sectores sensibles, insuficiente motivación privada, bajo estímulo juvenil hacia los temas de investigación, limitación de recursos e insuficiente remuneración a los investigadores. "Si tuviera las respuestas a todas las preguntas, estaría hoy en Londres, con el G-20", reconoció, con docente modestia.

Sin embargo, como es de naturaleza optimista -o debe serlo, por su trabajo actual- defendió su parcela. Habló, por ejemplo, de las ventajas de la Nueva Ley de la Ciencia, hoy todavía en borrador, y que el Gobierno espera ver aprobada antes del comienzo del verano.

En el coloquio, el director general de la Fedit -Federación de Centros Tecnológicos-, Iñigo Segura y Diez de Espada, reprochó la falta de participación del sector privado en la confección del modelo y en la posterior "gobernanza", así como exteriorizó su preocupación por la falta de competencias que se atribuyen a las empresas en la puesta en marcha de la Ley.

Los dos rectores de Universidad intervinientes en el turno de preguntas, Gabriel Peña, de la Carlos III y Juan Antonio Gimeno, de la UNED, aprovecharon la ocasión para lucir sus temores. Según Peña, no se está pagando por hacer investigación, y los sexenios ni siquiera cubren el incremento del coste de la vida.

Para Gimeno, deberían preverse desgravaciones fiscales para el mecenazgo y garantizar la financiación de los proyectos; incluso se atrevió a decir que "si se puntuara el número de proyectos respecto al dinero invertido en investigación, las Universidades españolas estarían muy arriba en el ránking".

Jesús Banegas, presidente de  la patronal que agrupa a Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), estima que la ciencia no crea empleo porque tenemos una enorme dificultad para convertir la producción científica en proyectos.

Luis Blázquez, abogado, presidente de Mercamadrid, se preguntaba por la asignación de recursos, como la tarea más difícil a resolver, así como enfatizaba sobre la importancia de la movilidad de investigadores y el apoyo a la generación de nuevas empresas creadas por personal investigador.

La presentación realizada por Carlos Martínez fue muy interesante y aportó, con datos y en un esquema sólido, las líneas básicas de su Secretaría de Estado que, por lo que tenemos comprobado hasta ahora, se encardinan como un guante con las directrices del Ministerio de Cristina Garmendía, bióloga.

Un trabajo de atlantes que, de momento, y aunque los recursos se han aumentado, debe concentrarse en pocos capítulos. Tres, sectoriales, como la salud (la niña bonita de esta generación de biomédicos en el poder político), las energías renovables (la apuesta del Presidente Zapatero que le ha servido para evidenciar coincidencias con la deseable sintonía en más órdenes del programa del Presidente Obama), y telecomunicaciones (no en vano Telefónica es la absorbedora tradicional de la parte del león de las ayudas públicas). Y dos, transversales: biotecnología  y nanotecnología.

Nada que objetar, en principio, aunque alguien habrá hecho la necesaria proyección sobre las empresas, investigadores y generación de valores añadidos que se verán postivamente afectados por la selección. Conseguir que los restantes agentes sociales y económicos se orienten hacia las líneas maestras preferidas por el Gobierno y se creen sinergias de arrastre es otro problema.

Entre tanto, sería conveniente que el Secretario de Estado, además de observar el horizonte y dejarse aconsejar por las grandes entidades, mirara hacia los lados, en donde las pequeñas empresas de tecnología, afectadas gravemente por la crisis, con una drástica reducción de contratos (las Administraciones han paralizado la mayoría de las adjudicaciones a las empresas que trabajan con la materia gris, y, además, retrasan el pago de lo que les adeudan) y con pocos recursos propios.

Mal se van a generar inquietudes nuevas si los ejemplos de los espléndidos proyectos que captaron algunos de los mejores expedientes universitarios, se dejan morir en la estacada. Ahí se necesita un plan de urgencia. La ley de la Ciencia puede esperar hasta el verano. Muchas de estas pymes innovadoras que tratan de sobrevivir en el maremoto, no.