Sobre el sector eléctrico en España: quién manda aquí

El art. 19 del RD 6/2000 establecía la fecha del 1 de enero de 2007 como hito para la desaparición de las tarifas de alta tensión. La ley 24/2005 desplazó este momento para el 2010, con lo que la liberalización de las tarifas quedó aplazada hasta entonces.

Desde la Ley 54/97, que introdujo el principio de competencia regulada en el sector, y el calendario que a partir de 2007 considera a todos los consumidores como "cualificados" (liberalizando totalmente el suministro, incluso para los consumidores domésticos), el cliente puede optar entre el suministro a precio libre o a tarifa integral.

Ambas denominaciones ocultan, sin embargo, que para su cálculo se realizan estimaciones, lo que conduce a resultados diferentes para hallar el coste de la misma prestación y empañan la transparencia del sistema.

Uno de los desajustes que deberían evitarse, pero que las empresas eléctricas no tienen demasiada prisa en corregir, es debido a que, como las diferencias se recuperan por la vía de la exótica partida de "Costes de transición a la competencia", cuando los costes de red se calculan con el objetivo de integrar el peaje de ATR (tarifa de acceso a la red), estos resultan más bajos que cuando se determinan con el propósito de encontrar el precio libre.

Este déficit tarifario surge porque el precio para las transacciones dentro del pool eléctrico está bastante más alto que la estimación que se considera para hallar la tarifa integral.

Muchos elementos ejemplares, y así lo ha reconocido la misma Comisión Europea, tiene el sistema eléctrico español, que fue la avanzadilla europea en la neta separar de productores y disribuidores. Pero los elementos más delicados provienen del proteccionismo del que disfrutan, a vaces de forma enmascarada, las empresas eléctricas, y a las que están bien acostumbradas.

A falta de una decisión política sobre la energía nuclear, y al abrigo del impulso a la produción de energía favorable a la menor emisión de CO2 (real o supuesta), las empresas se han apresurado a hacer negocio con las fuentes verdes, apoyadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, obviando la construcción de nuevas centrales, sin embargo, legalmente autorizada pero con muy mala imagen social.

Se ha instalado así un nuevo elemento teológico (o teleológico) en la discusión política. Las centrales nucleares son en España, como los trasvases, paradigmas ideológicos de la derecha, en tanto que las energías verdes y las desaladoras tienen en nuestro país un color más rojeras. Esto es así, aunque al manual de las estrictas calificaciones apologéticas le hayan salido voces discrepantes, no ayunas de carisma: el ex-Presidente Felipe González, el primo catedrático de Rajoy, o la posición mayoritaria dentro del Instituto de Ingeniería de España, por poner ejemplos.

(Al lector interesado en un buen documento sobre "El sector eléctrico en España", aconsejamos el libro de ese título (subtítulo: "Competencia y servicio público"), del que son coordinadores María Asunción Torres, Estanislao Arana y Leonor Moral, publicado en 2007 por Editorial Comares)