El Club de la Tragedia: ¿Hay algo más que debamos saber?

La Ley Básica 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, obliga a acreditar su "consentimiento informado", lo que, sin que ello signifique una crítica a la idea, sino a su realización práctica, se traduce no pocas veces en un simulacro -como otras buenas ideas a las que se adultera al ser trasladadas al uso diario-, por el que se recoge la firma de un ignorante que, por ejemplo, va a ser intervenido quirúrgicamente de inmediato, cubriendo así un expediente que servirá -si todo se tuerce, lo que prevendrán los manes, lares y penates y, sobre todo, la buena praxis- de exoneración al equipo facultativo.

El "consentimiento informado" no es, desde luego, algo que se haya previsto en la vida política, sino que se ha impuesto como regla el que los políticos tomen sus decisiones al margen de los ciudadanos, sin dar explicaciones sobre su comportamiento, obviando que representan intereses del pueblo, a los que deben servir, porque para ello se han postulado, y para ello les pagamos, aunque sus salarios les parezcan, cuando autojuzgan sus capacidades, escasos.

En los días 17 y 18 de septiembre de 2012 han tenido lugar dos sorprendentes declaraciones, de consecuencias político-económicas graves. En ambas, no solo no se ha contado a priori con el beneplácito de los ciudadanos, sino que, tratándosoe de formulaciones repentinas, inesperadas, despiertan la sospecha de que quienes las han tomado poseen información relevante que no nos comunican, que nos ocultan.

Se trata, como el lector español deducirá de inmediato, de la dimisión de de todos sus cargos de la, entre otros, Presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comunicada y hecha efectiva el mismo lunes, 17 de septiembre, y la no menos sorprendente publicación de una Carta de Su Majestad El Rey Juan Carlos, en la web recién abierta de esta Institución, en la que se analiza, utilizando ese insólito medio, la situación económico-política del país.

(continuará)