Deontología para miembros de la sociedad civil
Como la definición más común de deontología se refiere al análisis de aquellas normas y principios relacionados con la ética que deben tener presentes los profesionales, he elegido para este comentario un título algo pretencioso, pues pretendo dedicarlo a las obligaciones éticas -o, si se quiere, aunque estrictamente tienen otro significado, morales- del ciudadano normal.
La pérdida de interés por los valores colectivos, tan bellamente resumidos en el principio repetido por múltiples filósofos -incluído el etólogo con mayor repercusión en la actualidad, Jesús de Nazaret- del neminem laedere, ha puesto de actualidad los Códigos deontológicos por parte de todos los colectivos profesionales. Uno de los más antiguos -reciente si se consideran los cientos de miles de años de la especie humana sobre la tierra- es, desde luego, el de Hipócrates, que no falta en ningún consultorio médico moderno.
¿Por qué hará falta recurrir a actualizar los códigos éticos, que, sin necesidad de apelar a grandes investigaciones supra-individuales, es de fácil detección por la propia sensibilidad, eso que se venía llamando "la conciencia"?. Mi respuesta personal es que el descrédito de las religiones tradicionales, convertidas en dogmas y ritos en los que se ve a las claras la intención de sus humanos instigadores, unida a la convicción utilitaria de que "después de esta vida, no hay nada", ha implantado con fuerza el deseo de aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten, sin preocuparse más que de obviar los riesgos de ser descubierto, en particular, por los detentadores del poder sancionador en la sociedad contemporánea.
Que algunos de esos garantes oficiales de la ética práctica hayan sido descubiertos aprovechándose de su situación de privilegio, ha sido un duro golpe, combinado con los anteriores aspectos, para el sostenimiento de la voluntad de un comportamiento deontológico ciudadano impecable. Y son muchos los que parecen haber sucumbido al encanto de aprovecharse.
La sociedad civil no puede claudicar, porque tenemos demasiado en juego: nuestra propia consistencia como colectivo empeñado, sin excusa posible, en mejorar la satisfacción colectiva, el bienestar de los que menos tienen y el control de los que, por las razones que sea, han conseguido acumular mayor cantidad de los bienes y plusvalías, para que las reinviertan con eficacia.
No se debe desfallecer ante los ejemplos de mal control por quienes están designados para vigilar que se cumplan las reglas. La sociedad civil debe recomponer, continuamente, sus mecanismos de control y sanción a incumplidores.
Desde la perspectiva irrenunciable, si los miembros de un poder delegado -sean jueces del Consejo Superior del Poder Judicial, consejeros de Bankia, diputados o senadores, ex-miembros del Gobierno o actuales constituyentes del Gabinete, funcionarios públicos como directivos de entidades privadas, etc.- no acreditan su comportamiento deontológico impecable, es el momento de preguntarse qué está fallando y, de inmediato, corregir la oportundad de esas desviaciones, anteponiendo, frente a los que corrompen el sistema, el empuje de millones de comportamientos éticos impecables.
Si se pierde esa fuerza, estamos perdidos.
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