Para evitar discrepancias, referendos

Los magnates de dictaduras, así como de las diversas formas de seudodemocracias que la imaginación humana ha ideado para justificar la subordinación de las mayorías al poder de unos pocos, utilizan los referendos como fórmula para consolidar su posición.

Con redacciones prácticamente ininteligibles, llaman al pueblo a manifestarse con un sí o un no, y consiguen, por supuesto, una aprobación masiva de propuestas para reformas imprescindibles, decisiones ya tomadas, elucubraciones carentes de aplicación o incluso, solicitan respuestas a cuestiones de las que se advierte tendrán un carácter simplemente informativo, no vinculante, para quien toma las decisiones.

Conscientes de que los referendos suponen el reconocimiento de la derrota de los métodos de representación parlamentaria, los países democráticamente más avanzados, aunque lo tengan previsto en sus Constituciones, no recurren a convocar referendos más que en casos especialísimos, por asuntos peliagudos, en los que la consulta es, en esencia, sustitutiva de la opción de tirar una moneda al aire.

Para toda consulta pública, sin embargo, la experiencia demuestra que los resultados dependen, en realidad, de la fortaleza del Gobierno convocante.

Es así posible que, como sucedió en España, la población pueda manifestarse, en pocos años, y sin disponer de más información, a favor o en contra de la OTAN, guiada pastoralmente por los dirigentes de un partido que entonces disfrutaba de especiales simpatías.

La historia se repite continuamente: el pueblo no votará, en referendum, porque haya analizado sesudamente la propuesta y su(s) alternativa(s), -no sabría, no podría, no habría lugar- sino en relación con la simpatía -o el temor- que le despierte quien la hace.

En las dictaduras, los referendos se ganan siempre por abrumadora mayoría. Lamentablemente, en las democracias, la tendencia es que también suceda lo mismo, por lo que se convierten en plebiscitos, cartas blancas para que el Gobierno siga haciendo lo que le parezca bien en lo consultado y en lo que le peta; por el contrario, si, llevado por su debilidad, un Gobierno se ve abocado a un referéndum por las Cámaras, se verá expuesto a un voto masivo de castigo.

En cualquier caso, los referendos son, económicamente, un despilfarro.

Podemos comparar, para tener una referencia próxima de lo que estamos analizando, dos recientes referendos: en uno, realizado en Marruecos, se solicitó el apoyo de la población para una Constitución que suponía la cesión de una parcela del omnímodo poder del Rey a otras instituciones; en el otro, llevado a cabo en Italia, se interesaba por conocer la opinión acerca de cuatro cuestiones dispares, una de ellas implicando el abandono de la producción de energía con base en las centrales nucleares de fisión, ante una sociedad hipersensibilizada por los recientes acontecimientos de Fukushima.

El 99% de los votantes marroquíes (sobre casi un 80% de los que tenían derecho a expresar su opinión al respecto) se manifestaron a favor de eliminar el carácter sagrado a la figura del Rey, lo que fue interpretado como un éxito del monarca, Mohamed VI, lo que podría resultar inextricable para cualquier analista independiente.

En el caso italiano, cabe imaginar que pocos de los votantes en el referendo tenían la capacidad, o las ganas, o ambas, de entender las complejas cuestiones. Como ejemplo, sirva que la pregunta que se formulaba a los italianos, en relación con las centrales nucleares, era exactamente ésta: "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare?”. (1)

Obtuvo, como en el caso de las tres restantes, más del 95% de respuestas positivas, en lo que fue interpretado por los comentaristas, un rechazo masivo a la política de Berlusconi, no un éxito de la conciencia colectiva de respeto ambiental, por ejemplo.

Las otras tres preguntas, referidas dos de ellas al mantenimiento de la normativa sobre gestión del agua y fijación tarifaria y la otra en relación con la jurisdicción aplicable a determinados aforados, más bien ayudaban a reflejar el estado de perplejidad en el que se encuentra la política italiana, con un primer ministro debilitado, una economía vacilante y ese muestrario de opciones ideológicas que solo son capaces de desentrañar los propios italianos...

Con estas referencias exteriores, la propuesta de Izquierda Unida y de otros partidos minoritarios de someter a referendum la modificación del artículo 135 de la envejecida Constitución Española no puede interpretarse más que bajo la intención de marear la perdiz, en la confianza de que sirva para dar algo de publicidad a opciones políticas sin peso real, sepultadas bajo las voces adormecedoras de los voceros de dos partidos mayoritarios que llevan décadas peleándose por nuestra atención en el ring embarrado por el espectáculo, más que de sus virtudes, de sus carencias.

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(1) Permítanos el lector que traduzcamos: "Quiere Vd. que sea derogado el decreto ley del 25 de junio de 2008, n. 112, convertido tras modificaciones, en la Ley del 6 de agosto 2008, n. 133, en el texto derivado por efecto de modificaciones e integraciones sucesivas, como consecuencia de Disposiciones urgentes para el desarrollo económica, la simplificación, la competitividad, la estabilización de las financias públicas y el equilibrio tributario, en lo que respecta, concretamente, a los siguientes apartados: art. 7, epígrafe 1, letra d: realización en el territorio nacional de implantaciones de producción de energía nuclear?”.