Sobre la conexión entre los mercados energéticos y los financieros (y 3)

(Finalizamos con este Comentario la reseña informal de la conferencia del catedrático Julio Segura, pronunciada el 20 de junio de 2011 en la sede de la CNE; esta entrada forma parte indisociable de las otras dos, publicadas el pasado día 21 de los corrientes en este mismo blog).

Como ya hemos expresado, Segura se preguntó, recogiendo inquietudes, según dijo, que se le habían manifestado desde el sector, si, era necesario el requisito de incremento de capital vinculado a la existencia de riesgo sistémico en los mercados energéticos. Esa misma cuestión fue formulada desde la sala, en el coloquio, y la respuesta del conferenciante reflejó claramente su posición.

La pregunta fue, más o menos, expresada así: El tema de la trasparencia se acepta por el sector. Queda pendiente la discusión sobre los requisitos de capital y la valoración de la existencia de riesgo sistémico en los mercados energéticos. ¿Qué opina sobre las obligaciones de registro de capital en esos mercados?

Segura se disculpó, en principio, "porque no se elaborar mucho más el argumento (expresado en la conferencia) salvo casos concretos. Pero una compañía eléctrica que vende derivados está asumiendo riesgos relevantes, como consecuencia de la volatilidad de los precios, por lo que, automáticamente, deben exigírsele ciertos compromisos de capital para cubrirlos.

El conferenciante separó el tema, de las obligaciones que impone Basilea respecto a las entidades bancarias. "Hay que estudiarlo, pero si existe riesgo de caída de precios, habrá que cubrirlo adecuadamente".

Un empleado del bufete de Solchaga Asociados expresó sus dudas sobre la necesidad de Cámaras de Contrapartida, aventurando que sería tal vez preferible repartir el riesgo entre todos los operadores, pues en el caso de crisis sistémicas, la propia crisis podría llevarse por delante la Cámara.

Segura no dió su brazo a torcer. "El riesgo de un colapso sistémico es muy remoto a escala mundial. Las Cámaras de Compensación funcionan, por supuesto, siempre que no haya una crisis tan grande que no se lleve todo por delante. Lo que hay que hacer es evitar llegar a esa situación, distribuyendo riesgos."

 Previamente, el catedrático se había metido en un berenjenal, que, dado que el texto de la conferencia fue leído, hay que admitir que lo fue a sabiendas. La cuestión era tan delicada que motivó otra de las preguntas del coloquio.

Se refería Segura a que el precio fijado por los centros comercializadores de último recurso (subasta CESUR) están influidos fuertemente por la subasta anterior. "En los tres días anteriores a la subasta, el precio sube un 90% respecto al promedio, volviendo a caer después de la subasta. Es imprescindible la trasparencia de las operaciones OTC frente al regulador".

La pregunta surgió en este caso por parte de un funcionario del Ministerio de Industria, y dado lo delicado tema, que vendría a demostrar que "tenemos necesidad de incrementar la supervisión, en interés de los consumidores", se pedía que se indicara "cómo se relaciona -el asunto de clarificar la manera de hacer las subastas- con el memorandum de intercambio de información, y cuál debería ser el esquema de regulación".

Segura salió del pantanal a brazadas. "La actividad de OTC casi se duplica en días previos y luego baja, lo que debería ser objeto de análisis preciso. Si eso sucede en una OPA, desde la CNMV tengo obligación de investigar. Puede no haber nada, pero es preciso investigar qué pasa. La información que tengo respecto a lo que sucede en las subastas CESUR es lo que dice la EMI (Consultora de Mercados), y no tengo ninguna razón para suponer que eso implica algún tipo de estrategia para modificar el mercado. En la CNMV saltan 70.000 alarmas al año y solo se hacen 15 expedientes. Solo actuaría en caso de intento de manipulación de un mercado financiero".

En conexión con ello, manifestó que en el protocolo firmado entre la CNE y la CNMV, figura precisamente el interés de conocer cómo funcionan los mercados OTC y los subyacentes. Para trasladar esa información, cuando se tenga, a otros supervisores se necesita, sin embargo, una normativa que ampare esa actuación, lo que estaría resuelto con la Ley de Economía Sostenible.