Sobre copago, edad de jubilación, beneficiarios, prestaciones y control

El Estado social se sostiene en virtud de una caja negra -admitamos que coloreada en algunas zonas, para no resultar insolentes-, compuesta por varios entes allegados, de los que el más significativo es llamado Seguridad Social.

En ese sistema de flujos de dineros que sirven para pagar prestaciones, el órgano regulador del equilibrio, para aumentar las segundas, no tiene más remedio que incrementar los ingresos en caja. En otro caso, se producirá un endeudamiento progresivo que acabará minando la credibilidad de los prestamistas y usuarios y provocando, cuando falten los créditos y se mantengan las exigencias de servicios que no se pueden pagar, el descalabro del edificio social.

Como los ingresos son los derivados de impuestos generales (directos e indirectos) y de las contribuciones de empresarios y trabajadores, cualquier incremento en los mismos que provenga de aumento en la presión fiscal o contributiva, y no del crecimiento de la economía, tendrá un rechazo inmediato.

Como los gastos son causados por los destinatarios de las prestaciones asistenciales, bien sean por desempleo, jubilación, enfermedad, educación, etc., cualquier disminución ha de ser cuidadosamente estudiada para que el colectivo afectado no sufra más de lo necesario.

Nos parece que, como siempre ha de hacerse cuando se trata de resolver un momento crítico, lo más urgente para restablecer el equilibrio es perseguir las bolsas de fraude al sistema, provocadas por quienes malusan la oferta de prestaciones: falsos parados laborales y falsos jubilados, hipocondríacos favorecidos por la permisividad de los facultativos, malos estudiantes crónicos, etc.

El debate estará siempre abierto y las voces no tienen porqué ser concordantes, porque dependerá de la información disponible y de los sentimientos personales. Pero hablamos de la necesidad de encontrar una solución general fundada (y también flexible), no de defender posiciones intuitivas.

Es imprescindible instalar el copago como medida general de co-responsabilidad, aumentar la inspección contra el fraude, uniformizar el nivel de servicios y sus costes en las diferentes autonomías, controlar la genuina utilización asistencial, analizar y sancionar, con medidas adecuadas y firmes, la ineficiencia educativa (en profesores como en alumnos) y, en fin, corregir las pérdidas de sustancia que se detecten en la caja negra.

Hay que realizar una proyección lo más exacta posible de la evolución del número de sujetos, activos y pasivos (donantes y receptores) de la caja negra, clasificándolos por categorías similares y asignando a cada grupo la carga o el beneficio económico que, de acuerdo con la normativa y la tendencia, les correspondan.

Y, con ese modelo como juguete, será el momento de probar los efectos del aumento en  la edad de jubilación, incremento en las contribuciones de empresas y trabajadores, reducción de oferta de prestaciones e, incluso, la disminución -aumentando el nivel de exigencia o de necesidad- del número de beneficiarios.

Enséñennos el modelo, explíquennos porqué hay que tomar determinadas medidas y no otras. La referencia genérica a que es lo que hacen en otros países, o a que la edad media de los españoles ha subido, no nos satisface. Queremos saber qué es lo que pasa, exactamente. Y, más aún, qué es lo que creen, quienes estén manipulando la caja negra, que nos va a pasar a quienes hemos venido haciendo y seguimos haciendo, escrupulosamente, lo que nos mandan.

Particularmente nos interesa ésto a quienes, como es nuestro caso, hace ya bastante tiempo que hemos aportado mucho más de lo que esperamos recibir cuando (si nos apetece) nos jubilemos, pasando a ser entonces beneficiarios y no contribuyentes a ese barullo de intereses que se cuece en la caja negra.