Sobre el proceso norteamericano de la letrada Carrascosa
La letrada española María José Carrascosa ha sido declarada culpable de secuestro de su hija. El caso Carrascosa viene ocupando, desde hace ya más de tres años, una parcela de las preocupaciones de muchos compatriotas, ya sean juristas o legos.
Esta madre valenciana, acusada por su ex-marido de no entregarle la custodia de su hija, está presa en una cárcel norteamericana. Su rostro demacrado, expresión de su ánimo terco, pero de aspecto enfermo, evidencia también la profundidad de su calvario.
No vamos a repetir aquí los detalles de este increíble asunto que, sin duda, desde la diplomacia española se ha manejado mal. Carrascosa, la madre empecinada, como consecuencia de un proceso de separación de un marido alcoholizado y que le pegaba, consiguió también la custodia de su hija, otorgada por los juzgados españoles.
Cuando recibió la citación de un juzgado norteamericano, como consecuencia de la demanda interpuesta por su ex en aquel país, por la que le pedía que entregara la niña, puso a la criatura a buen recaudo con los abuelos y se fue a Norteamérica a aclarar las cosas.
No solamente no consiguió aclarar nada, sino que la enchironaron. Se negó a negociar con su maltratador, aportó la sentencia española, defendió su convicción de que la niña no estaría en buenas manos con un padre que no había hecho mucho por ellas dos, allá en la remota España.
Pero ser ciudadano norteamericano es una categoría especial, incluso aunque se sea delincuente. Si en otros sitios se estila emplear el principio de la presunción de inocencia, en el país más tolerante de la Tierra (es un decir) rige la presunción de que los ciudadanos norteamericanos tienen razón en lo que alegan.
Ya sabemos que la diplomacia española está muy ocupada negociando con los jeques tribales de Somalia la resolución de un embrollo de compleja naturaleza jurídico-cómica-política que afecta a la libertad de 36 marineros y 2 presuntos piratas, pero debería encontrar un hueco inmediato para exigir, de una vez, que liberen a la letrada María José Carrascosa.
Si hay que entregar algo a canje, que entreguen incluso al pequeño de los Simpson (Bart) , pero que la dejen en paz, a ella, a su hija, y a toda su familia española. Que su ex se vaya a Irak, si quiere guerra.
1 comentario
María -
Se acabó. El juez ha dicho la última palabra: despido procedente
y el acuerdo de la administración pública que lo lleva a cabo, ILEGAL. Que digo yo y dicen las leyes.
Las leyes que la justicia no ha querido ver y, por supuesto, no ha querido aplicar.
No ha querido ver que ha sido el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España el colegio es al mismo tiempo Administración Pública y Empresa Privada- el que, como administración pública, ha infringido dos leyes que dicen que el acuerdo es NULO DE PLENO DERECHO: La Ley 2/1974 de Colegios Profesionales -artículo 8-3-; y la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, artículos 26-3 y 62.2.e)-, además de infringir sus propios Estatutos artículo 20-3-. Estas infracciones invalidan mi despido.
La tela de araña de los órdenes judiciales ha hecho el resto. Porque el despido, mi despido, sólo lo tratan los tribunales de lo Social y las malas mañas de la Administración Pública sólo las tratan los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Por esta razón, el juzgado de lo social no admite las pruebas documentales que incriminan al colegio, por esta razón tampoco admite la jurisprudencia que existe. Sólo en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo inculparían al colegio por su infracción de las leyes aplicables a las administraciones públicas. Tribunales contenciosos que, por otra parte, no pueden enjuiciar los temas de despido. Y en ese galimatías he quedado atrapada. Atrapada en un callejón sin salida.
Ha quedado impune la felonía de todos y cada uno de los individuos o personas- que participaron en la reunión de aquel aciago día -24/10/2008- donde acordaron mi despido, incluida la leguleya que los asesoraba. Ha quedado impune la felonía de la persona jurídica que es el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España. Pero no por eso dejan de ser culpables y en el convencimiento que tengo de la sabiduría popular que encierra el refranero, espero que a cada cerdo le llegue su San Martín y que el que a hierro mata, muera a hierro.
Por defender mi dignidad como mujer, por haberlo denunciado antes mis ¿compañeros?, mis jefes y el órgano colegiado de la Junta de Gobierno del COIMCE, me han robado mi trabajo. Para mi pena, nadie puede hacer que el colegio pague sus infracciones. Nadie le obliga a repetir la Junta de Gobierno que me despidió. Nadie le obliga a incorporar en el Orden del Día el tema a tratar de mi despido. Y ese NADIE se arroga la representación de la justicia. He sido totalmente estafada por el sistema judicial que no me ha tutelado en ningún momento. La tutela efectiva de los jueces es un derecho fundamental que recoge la Constitución, pero que, en mi caso, ha brillado por su ausencia. Que no venga nadie a decirme que todos somos iguales ante la ley, porque la cruda realidad es que NO lo somos. El que lo crea es un iluso.
Cuando todo empezó yo no sabía casi nada del funcionamiento de LA JUSTICIA, ahora sí. Ya sé lo que es una Corporación de Derecho Público, ya sé de Órdenes Judiciales, de Sentencias, de Autos, de Jurisprudencia, etc., etc. Ya sé que el TODOPODEROSO rodillo de la justicia me ha aplastado.
Sr. Arias dice mucho en su favor acordarse de los "desprotegidos" por la "justicia" que, además, tienen la condición de ser mujer. Salvando las distancias, tenemos mala suerte las mujeres-madres y las mujeres-trabajadoras. Gracias, en cualquier caso, por hacerse eco de las maldades que sufrimos.
Cordialmente,
María Chamorro Sánchez