Sobre el valor del Canal de Isabel Segunda y las empresas de servicios públicos

El Canal de Y-II (Isabel Segunda) es una empresa pública propiedad de la Comunidad de Madrid, que suministra agua a la capital de España y a más de un centenar de municipios de la región. También gestiona, desde 2005, las siete grandes depuradoras de aguas residuales de Madrid y un centenar de otras más pequeñas.

La información oficial de la compañía es, desde hace unos meses, más oscura que nunca. Se ha borrado de la web información sobre las Memoria anuales, pero se puede estimar que en 2008 ingresará del orden de 700 millones de euros al año y habrá obtenido un beneficio cercano a los 80 millones.

Desde el punto de vista técnico, el Canal es una empresa modelo, con prestigio consolidado. Muchos de los que más saben de agua en España han tenido relación con ella. Roque Gistau, por ejemplo, el brillante Comisario de la Expo del Agua que se clausuró en Zaragoza el 15 de septiembre de 2008, fue ingeniero en el Canal y llegó a ser su presidente, antes de aceptar el señuelo de la empresa privada (la poderosa franco-española Aguas de Barcelona).

El anuncio de la presidenta regional Esperanza Aguirre de su intención de privatizar parcialmente el Canal -sacando a Bolsa el 49% de sus acciones- ha despertado nuevamente especulaciones respecto a su valor en el mercado. Por eso, nos parece oportuno rescatar algunas ideas respecto a lo que valen -o pueden llegar a valer- las empresas públicas de servicios.

Se dice que el Canal podría valer en el mercado entre 2.500 y 3.500 millones de euros. Parece una estimación desmesurada.

Considerando que tuviera unos 1.800 millones de los mal llamados -como veremos- fondos propios, y añadiendo la actualización, al 5-6% de interés anual, de los beneficios estimados durante 10 o 15 años, -supuesto que se mantuvieran al nivel actual-, se podría añadir a la primera cifra entre 700 y hasta 1.700 millones, según el optimismo de las proyecciones para calcular el valor actualizado neto (van) de los márgenes futuros.

Pero se hace imprescindible poner orden. Una empresa regida por precios públicos, que está prestando un servicio básico a la población, como es el de dotarles de agua y depuración de sus aguas residuales, con normativa de cumplimiento cada vez más exigente, no debería obtener beneficio alguno.

Debería, en principio,  tratar de equilibrar sus gastos con los ingresos, repercutiéndo los excedentes en mejorar el servicio a sus ciudadanos-clientes.

Pero, ya que se ha decidido que funcione como empresa, y en la ficción de un mercado cautivo, no es descabellado que exista un pequeño excedente (un 3-5%) que permita actuar de colchón para eventuales distorsiones de los ingresos o los gastos (impagados, imprevistos, nuevas legislaciones, etc). La línea del Canal de más de un 10% de beneficio anual  es, rechazable, desde este punto de vista, porque, además, hay que pensar que con cada ejercicio, al no distribuirse dividendos, se deberían de compensar cada año los beneficios de años anteriores.

El Canal no tiene, en el sentido de sus ingresos, los riesgos normales de una empresa. Como una proveedora de servicios básicos regida por precio público, controla y dirige sus propios ingresos, definiendo por sí misma, con la aprobación final de la Comunidad, los precios que obligará a pagar a sus clientes por los servicios que presta.

¿Para qué quiere, pues, los fondos propios?. Pues para algo sustancial.Los activos en tuberías, sifones, registros, potabilizadoras, presas o sistemas de aducción de agua en alta, etc son inajenables, pero se deterioran. Al cabo de diez, quince, venticinco o cincuenta años deben ser sustituídos completamente, y, entre tanto, exigen mantenimiento y reparaciones regulares.

Son inajenables, porque pertenecen a la propia esencia del servicio que prestan, y no se pueden trasladar ni sirven para ningún otro lugar. Se puede decir que los activos de una empresa de aguas no tienen precio alguno en el mercado libre, y solo lo tienen para la población a la que prestan el servicio. Y para ella, valen tanto como lo que costaría su sustitución por otros equivalentes.

Por eso tienen un fondo de reserva, que no un fondo de comercio. Ese fondo de sustitución o reversión a los activos deteriorables, permitirá a las sociedades de agua adquirir e instalar otros de iguales o mejores características, cuando deban cambiarse finalmente.

Digámoslo, en fin. El Canal de Isabel II tiene un gran valor, pero no un valor de mercado. Si, contraviniendo la lógica del servicio público de agua, alguien comprara un 49% habiéndola valorado en conjunto en 3.000 millones de euros, y abonando por esa participación, por tanto, 1.470 millones de euros, como no hay que suponer que quiera hacer a Madrid un regalo, esperárá obtener una rentabilidad de, al menos, un 5% neto sobre esa inversión.

No hace falta ser un experto en matemáticas financieras para deducir que la única vía posible para lograr esa rentabilidad de los inversores, en una empresa bien gestionada como lo está el Canal, y con las limitaciones evidentes para aumentar el número de clientes -lo de Cáceres ha sido una excepción, cuestionada jurídicamente- y viniendo forzada a animar a sus usuarios a que reduzcan el consumo, es subirles el precio del agua.

La manera de calcular el aumento de precio no es otra que calcular la cantidad anual necesaria para devolver el dinero prestado por los inversionistas, con sus intereses, y dividirla por el número de m3 de agua facturados a los ciudadanos. Los garantes del préstamo tienen una cualificación inmejorable: son todos los madrileños, que siempre han pagado, sin rechistar, sin saber siquiera lo que vale, su factura del agua (unos 150 euros de media al año por cabeza, si no hemos calculado mal)