Sobre el asesinato de un polìtico y sus efectos

El asesinato hoy por la mañana de Isaías Carrasco, un ex-concejal de Mondragón, en Euskadi, perpetrado y realizado por ETA, nos ha dejado con la sensación de haber perdido uno de los nuestros.

No importa que no militemos en su partido político, o que quizá no hayamos sabido nada de él con anterioridad. Nos han asesinado a alguien que había dedicado una parte de su vida a trabajar por su comunidad, porque, en especial, los concejales están más próximos que ningún otro político a sus conciudadanos.

AL asesinarlo, la banda terrorista pretendía únicamente utilizarlo como mensajero de una propuesta intolerable: están por encima de nuestras preocupaciones y deseos, tienen las claves para influir sobre vuestras vidas. No pretenden nada que pueda ser traducido en palabras, porque, si algo desean, es seguir viviendo al margen de cualquier ley, extorsionar como se les antoje, utilizando nuestras instituciones para tratar de ridiculizarlas, a nuestros empresarios para amedrentarlos, a nuestra paz para violentarla.

Por supuesto que, como bien dice el leendakari Ardanza (ahora...), Eta no puede arrogarse la representación del pueblo vasco. Nunca la ha tenido. Quienes dicen comprender alguno de sus ideales, y no se atreven a criticar sus propuestas, se confunden al creer que la banda pueda ofrecer el más mínimo proyecto organizativo y político en el que tuvieran encaje los ideales de los pacíficos. Los terroristas no tienen viabilidad más que en el propio magma viscoso que se ven obligados a mantener: la organización delictiva y mafiosa, la amenaza criminal, el asesinato por la espalda.

Los efectos del asesinato de un político no pueden ser más que éstos: la mayor unión de los demócratas contra el grupo que sustenta la banda armada, y el desprecio a cualquier forma de relación con ellos. Hoy, más que nunca, no a la negociación con Eta, no al pacto con los terroristas, sí a la firme cooperación de todas las fuerzas democráticas para su extirpación. El apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, para que extremen sus investigaciones hasta detectarlos, y ponerlos a disposición de la Justicia, estén donde estén, los proteja quien les proteja, es una necesidad insoslayable.