Sobre Estatutos de Autonomía y Unión Europea

De entre los múltiples y muy diversos problemas que tenemos en España, la cuestión de la constitucionalidad del Estatut (esto es, el nuevo Estatuto que Cataluña viene aplicándose desde 2006), no es, ni mucho menos, la menor.

Afecta a la credibilidad del Tribunal Constitucional -el máximo intérprete de la Constitución vigente, auto-ridiculizado por su falta de entendimiento ante un tema sustancial-, a la de la gobernabilidad del Estado español -en el que, por una fórmula de cómputo electoral poco democrática, se penalizan a los partidos minoritarios que actúan en todo el ámbito del país, pero se premian a los debase nacionalista-, a la solidaridad interregional -porque si las regiones más ricas desean el máximo autogobierno, nos encontramos ante un sálvese quien pueda, del que las regiones pobres llevan todas las de perder- y, por no hacer esta enumeración muy larga ni darle apariencia exhaustiva, aumenta la debilidad negociadora de nuestros representantes en el seno de la Unión Europea.

El invento de la España de las Autonomías y la visión de los múltiples agujeros que la Constitución dejaba abiertos en la formación de las competencias regionales (a pesar de las reiteradas ingenuas afirmaciones de que el proceso autonómico "estaba cerrado"), ha debilitado hasta límites inasumibles los márgenes de actuación del gobierno central de esa hipotética nación, llamada España.

Un grupo de 160 profesores de derecho en Cataluña -que ya es densidad de juristas que se ganan el pan teorizando sobre el alcance de las leyes y desbravando nuevos letrados- afirma que el nuevo y auto-sancionado Estatut es plenamente constitucional, ajustado como un guante a lo previsto en la Carta Magna (perdón por el gigantismo semántico) del 78 "siempre que no se interprete de manera restrictiva y excluyente".

El cliente de esos juristas laureados es el catalanismo en el poder y, por tanto, no es de extrañar que esos especialistas en derecho, defiendan la posición de quien les da de comer, tanto física como metafísicamente. Todos haríamos lo mismo.

Distinta cuestión es quién debe realizar el análisis lo más objetivo posible de las consecuencias de la aplicación plena de ese Estatut y eso, quiéranlo o no, hay que realizarlo desde una perspectiva más amplia, que es el propio Estado de las Autonomías y, como ese Estado está inmerso en una Unión Europea de variopintos intereseses, encajar ese juicio en el marco de las consecuencias para España si, como sería previsible si se sanciona constitucionalmente el Estatut, las demás autonomías -las más ricas, primero- se apuntan a la igualación de competencias y capacidades de decisión.

Cataluña tiene población y peso económico bastante superior a varios de los países que se integran en la Unión Europea. No objetamos que sus políticos más destacados sientan el gusanillo de sentarse al lado de los presidentes de Chipre, Bulgaria, Eslovaquia, Dinamarca, Estonio, Finlandia, Lituania, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Eslovenia,...

No creemos que el empresariado catalán, mucho más internacional que sus políticos, vea con ilusión esa equiparación. Y, desde luego, desde una posición central, y sin entrar en más detalles, a nivel del Estado español, cuanto más cabezas crean poder decidir lo que les conviene a ellos solos, más perdemos todos. También ellos.

En esa posición de defensa de intereses más generales, hay importantes elementos jurídicos y pragmáticos que permiten emitir el juicio, de no seguir debilitando a España al disminuir su capacidad de decisión homogénea en una Europa de varias velocidades. Sin necesidad de esperar a la conclusión de un nuevo capítulo de pruebas y errores que nos llevaría a profundidades aún mayores en las  desigualdades económicas, políticas y sociales.

Una reflexión que cuenta con el aval no solamente de juristas, sino del sentido común y la experiencia histórica.