Administración de Justicia

En ayuda de Rajoy y Rubalcaba

No es por petulancia, pero la ausencia de programas explícitos para el Gobierno de España por parte de los candidatos a presidirlo de las dos fuerzas políticas actualmente más poderosas, nos anima a tratar de llenar el hueco, ayudando a definir las líneas maestras de las actuaciones que servirían para mejorar la situación del país.

Lo hacemos desde la modestia de nuestros conocimientos e información, entendiendo que lo que procede es abrir oportunidades de intercambio de ideas, que no existen o son insuficientes.

Por supuesto, no estamos expresando estas opciones desde ninguna otra ideología que no sea la voluntad de progreso y, por ello, lo que pretendemos exponer es igualmente válido para su reflexión desde otros partidos y, en especial, por Izquierda Unida y por UPyD, aunque matizamos que, precisamente por ser minoritarios y no tener vocación de gobierno, sus propuestas sí tienen mayor concreción, pero, en algunos casos, aparecen como irrealizables en el corto plazo y, por lo tanto, sin validez para la acción gestora.

1. Imperiosa necesidad de una reforma educativa total. Contrariamente a lo que se ha venido haciendo en nuestro país, la urgencia de esta reforma implica empezar, no por la enseñanza básica, sino por las Universidades y por la Formación profesional.

Es imprescindible revisar los títulos habilitantes para ejercer una profesión, los programas impartidos, las cualificaciones exigidas para acceder a las distintas carreras, desde una posición práctica, seria, constructiva y crítica. La reforma no ha de venir solamente desde los estamentos docentes, sino que han de participar en ella los demás agentes sociales y, en especial, empresarios, sindicatos y colegios y asociaciones profesionales. Se ha de confeccionar un Libro Blanco de Base y, a partir de él, plantear el reajuste completo de las carreras.

No se puede seguir engañando a los jóvenes con estudios que, en verdad, no les califican para nada o para muy poco. La mayoría de los que obtienen un título no están más preparados para obtener -¡no digamos crear!- un puesto de trabajo ue lo hubieran estado si hubieran dedicado el tiempo que emplearon en su hipotética formación en viajar en bicicleta por el mundo. Rectificamos, si hubieran hecho lo segundo, estarían mucho mejor pertrechados.

Como siempre sucede cuando las cosas se hacen mal, hay, si embargo -pero no sirve como defensa de la actuación- un grupo de superdotados que sobreviven, a pesar del sistema, y obtienen -generalmente, por sus propios medios- una gran capacitación. No siempre están recompensados con las mejores calificaciones, pero generalmente, sí destacan fácilmente: son admirados por sus compañeros, de los que se convierten en sus verdaderos maestros, y son protegidos por los profesores -los malos como los buenos- porque les ayudan a dar unas lecciones magistrales de las que los docentes se sienten, a veces orgullosos.

2. Reforma urgente de la función pública. Cuando se habla de la función pública se piensa, habitualmente, en los funcionarios, y se les asocia a gentes que tienen poco que hacer, un buen salario y su futuro garantizado. Sean cuales fueren sus privilegios -verdaderos o producto del imaginario colectivo- no es por su culpa. La inmensa mayoría han obtenido unas duras oposiciones, en su momento, y una buena parte de ellos desearían hacer bien las cosas, obtener satisfacción por el trabajo bien realizado y estimado por la colectividad.

Es imprescindible revisar las actuaciones desde la función pública, lo que nos conduce, indefectiblemente, a tratar dos cuestiones: a) el reparto de competencias entre las Administraciones el Estado; b) la definición de los parámetros e indicadores que permiten cualificar de eficaz, o, al menos, como aceptable, a la gestión de la cosa pública.

Las dos líneas de trabajo son tremendamente complejas, pero ineludibles. En relación con la primera, se trata de recuperar, si no competencias, al menos, la labor de coordinación y homologación en sectores fundamentales para el bienestar de la ciudadanía.

La transferencia de competencias en ambiente, sanidad, educación, justicia -como más relevantes- ha traído como consecuencia graves heterogeneidades y el descontrol de las actuaciones; en el caso del ambiente, la existencia de diecisiete formas de entender su protección ha motivado otras tantas realidades legislativas, políticas de intervención y sanciones y la exacta sensación de que, dependiendo del lugar en donde se ubique una actividad, las exigencias a cumplir son diferentes. Sin embargo, puesto que, a efectos de la Unión Europea, el responsable del cumplimiento de las Directivas es el Estado, esta disparidad abre un frente débil a sanciones ambientales -como así está siendo-, que pagamos todos los españoles.

En relación con la segunda, existen tremendas diferencias de dotación funcionarial, que no se corresponde con las competencias asumidas. Los municipios de menos de cincuenta mil habitantes, por ejemplo, no pueden realizar correctamente las funciones que se les han encomendado, por falta de equipos técnicos adecuados, además de insuficiencia de recursos. La privatización, por la vía de concesiones a muy largo plazo, no es más que una enajenación del control para muchos de ellos, incapaces de ejercer esa función de garante desde la Administración.

Mucho habría que hablar de las consecuencias del atasco judicial, que hace que los más poderosos tengan muchas más altas posibilidades de salirse con las suyas, tengan o no razón legal. Pleitear trae cuenta, y la posibilidad de pedir la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia, en lugar de servir al propósito previsto de acelerar la restitución de las situaciones antijurídicas, dado el alto número de revisiones de estas sentencias por los tribunales superiores, y la posibilidad de dilatar casi sine die el resultado final de los procesos civiles, plantea multitud de injusticias reales, a las que no es ajeno, desde luego, la insuficiente preparación de algunos jueces, la complejidad legal -exponencialmente creciente- y la variedad casuística, que no queda resuelta apelando a la figura de los peritos judiciales, muchos de ellos, profesionales con escaso conocimiento de lo que dicen estar en situación de peritar.

 

 

Sobre jueces, tribunales y errores judiciales

Algunos jueces, cuando son preguntados por las razones de haber elegido este oficio, contestan que siempre les ha gustado decidir sobre las razones de otros. La judicatura es una de las funciones delicadas que ha asumido nuestra sociedad en el desespero de una justicia superior, y ser juez entre hombres es una necesidad de la convivencia (hay malos y malignos, infractores, derechos ursurpados, necesidades prioritarias, matices entre iguales, etc) y una grave responsabilidad. Aunque todos podemos ser víctimas, muy pocos asumirían el papel de verdugos.

Para ser buen juez hay que estudiar muchísimo y superar unas duras oposiciones. Nada se estipula –en general- sobre la necesidad de haber recibido la pátina del tiempo, que tanto modula y modera, y por eso, la mejor edad para acceder a la función pública de juzgar es la juventud, que es cuando las meninges están más frescas para memorizar leyes, sentencias de otros y una pirámide de artículos, reglamentos y métodos que la máquina de mejorar porque ya era hora y la máquina de cambiar porque sí me apetece modifica casi a cada rato.

No nos gustan los jueces muy notorios pero menos simpatizamos con los estrellados. La judicatura debería ser hacia el exterior casi silente, pronunciarse solo cuando falla, y acertar siempre que falle, que es la paradoja de su función solemne.

De cuando en vez, la sociedad tiene oportunidad de juzgar a los jueces. Hoy, en España, han coincidido demasiadas circunstancias para que esa misión tan necesaria atraviese un período de crítica frontal.

Porque los mecanismos de acceso a los estamentos superiores de la facultad de juzgar se han emponzoñado con el veneno del politiqueo; porque algunos -muy pocos- juzgadores han dejado al descubierto que tienen pies de barro o los bolsillos abiertos; porque algunos jueces resulta que no siempre son coherentes consigo mismos al analizar dos veces el mismo caso; porque otros son muy lentos para decidir y lo padecen con sus huesos y carnes en la cárcel inocentes culpables que en realidad, son víctimas,...

Y, para colmo, resulta que en varios Juzgados españoles los funcionarios de la Justicia reclaman más salarios, y lo hacen de una manera muy carpetobetónica, desde la huelga, que dura ya dos meses; mal asunto, cuando hay más de 400.000 sentencias -¡de lo penal!- pendientes de ejecutar...y ni se sabe de atrasos en otros Juzgados y Salas, que uno puede imaginar atascados con un papeleo inmenso de providencias, autos, dilaciones, trucos de leguleyo, abogados y jurista, zancadillas de rico, diligencias, gripes, malosohumores, bocadillos de media mañana, tiquismiquis...

Justo lo que nos faltaba. Qué difícil debe ser hacer de juez en estos tiempos, cuando la sociedad te juzga sin escuchar tus razones lo que haces y anda remisa para aplaudir lo que se hace bien, salvo que decidas salir a la palestra y hacer el número de juez estrella sin miedo a que alguien con mala baba te ponga de tutús y bailarinas

Sobre asesinos, violadores, pederastas y esquizofrénicos

La niña Mari Luz Cortés, desaparecida durante más de cincuenta días, fue encontrada tras un largo período de incertidumbre, -desde el 13 de enero al dia 7 de marzo de 2008-, por un mercante, muerta, flotando en la ría de Huelva, en el muelle del Petróleo. El cadáver de la niña, al ser sometido a la preceptiva autopsia, reveló que la criatura no había muerto ahogada, sino que había recibido un golpe en la cabeza antes de caer al agua.

Al cabo de una investigación que ha durado más de tres meses, y en la que se especuló entre secuestros y caídas fortuitas en pozos o aguas, se detuvo a un individuo con antecedentes de pederastia, violación, falsedad testifical, vecino de la familia de la niña, que confesó ante la policía que él llevó a Mari Luz a su casa, por propia voluntad de la pequeña, y que ésta se resbaló por la escalera. Su mujer y una hermana son sospechosos de complicidad. Para más horror, resulta que esta "extraña familia" debería estar en la cárcel o, al menos, en busca y captura por un delito abominable: el principal sospechoso ahora era convicto de haber violado a su hija, menor de edad, con el consentimiento de la madre.

El padre de Mari Luz, -gitano fino, ponderado, serio- dice que "siempre sospechó de él". Sus declaraciones ante la prensa y la policía han de quedar como ejemplo de ponderación, calma, amor filial y respeto a las actuaciones oficiales, aunque también de persistencia en que se debería investigar sobre posibles raptores de la pequeña y, ahora, de exigencia de que se desvelen todos los culpables de esta cadena de despropósitos.

El caso es de los que despiertan de inmediato reacción social, indignación, deseos de linchamiento, alarma. Hay ganas de reabrir la caja de Pandora de las fórmulas de aplicación de la justicia, críticas al sistema judicial por la pasividad y carencias de impulso en ocasiones como éstas. La policía tampoco parece haber estado fina. Preguntas, consejos, opiniones, juicios. De todo hay; más habrá.

Se sabe/se especula/se comenta también que el presunto homicida/asesino es esquizofrénico. Lo dudamos, dadas las características que conozco de esta enfermedad.

Se desvela, como hemos escrito, que ya estuvo sometido a otras causas penales, relacionadas con su inclinación pederasta, de las que habría salido con penas que el pueblo justiciero califica de simbólicas. Los media se encargan de enfatizar que lo que resulta aún más chocante y grave, es que no se hubiera marcado al presunto autor de forma indeleble con sus antecedentes delictivos, y que, al no haberlo hecho así, se le hubiera pemitido llevar una vida anónima, emboscado en el transtorno de su personalidad, en sus obsesiones sexuales perversas.

Creemos, en efecto, que nuestro sistema Penal es poco riguroso respecto a la calificación y seguimiento de los delincuentes habituales y, en especial, de aquellos que delinquen reiteradamente en grupos delictuales o tipos específicos. El caso de los delincuentes sexuales es especialmente significativo.

El asunto ha levantado, pues, un montón de comentarios en relación con la forma de actuar de nuestra sociedad contra los delincuentes sexuales y los inimputables legales. Se pide, según los foros, la condena perpetua, la creación de archivos públicos o especiales, la mayor dureza de las penas, la castración, el linchamiento...

En estas mismas fechas, un informe de la revista "Science" revela que las personas que padecen la esquizofrenia tienen entre tres y cuatro veces mayor cantidad de anormalidades genéticas raras, que las personas sanas, estando afectadas sobre todo las funciones cerebrales.

No pretendemos aquí pasar revista a los distintos tipos de esta enfermedad/anomalía del comportamiento, que tiene múltiples derivaciones y escalas, alguna de ellas de carácter incurable en el estado actual de la sicoterapéutica, sino referirnos de manera esquemática a las repercusiones penales de la calificación de inimputabilidad por excelencia, la esquizofrenia.

Esa "psicosis delirante crónica con evolución deficitaria", al arrastrar un fallo total en la esfera volitiva, ha permitido a nuestro Tribunal Superior aplicar históricamente de forma generosa la eximente completa de enajenación mental. Y sigue siendo un atractivo caballo de Troya utilizado por los penalistas para procurar salvar de la cárcel a sus defendidos.

El art. 20,1 del Código penal español declara como "exentos de responsabilidad criminal" a los que "al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda(n) comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión". Pero el siguiente párrafo del artículo ofrece una matización sustancial: "El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión".

Este párrafo es consecuencia de la doctrina jurisprudencial por la que nuestro Tribunal Supremo venía exigiendo, que además de la condición de enajenamiento del individuo o su trastorno mental transitorio, se hubiera visto privado por completo de su capacidad de raciocinio. El trastorno transitorio presenta, sin embargo, graves dificultades de interpretación práctica y, no siendo los jueces expertos en siquiatría, la información pericial es determinante. Pero los peritos no solo no tienen una opinión homogénea sino que, además, los conocimientos sobre esta anomalía son todavía escasos.

No todos los seres humanos tenemos la misma concepción de lo que está bien o mal. Generalmente, nos referimos a conciencias laxas o estrechas, para reflejar la actitud de quienes presentan diversos grados de tolerancia ante su propio comportamiento. A los que delinquen, cuando son descubiertos, se les aplican las medidas sancionadoras y los métodos de rehabilitación previstos por nuestro estado de Derecho.

Pero olvidamos que hay individuos de apariencia normal que ven nuestro mundo de manera deformada por su psique. Contra ellos, no podemos defendernos con el Código Penal en la mano. Lo que debemos revisar, adaptándolas, es la calificación de las vías de inimputabilidad y las medidas de internamiento y vigilancia de los inimputables penales.

El tema da mucho de sí. Pero lo triste es que Mari Luz, una preciosa niña de cinco años, está muerta y esa muerte podía haber sido evitada. ¿Evitaremos otras?