Sobre los huertos solares y el cambio normativo

A finales de septiembre de 2008, dejará de estar vigente el RD 661/2007 que regulaba hasta ese momento el régimen especial de producción fotovoltaica, y que será sustituído por otro notablemente más restrictivo, reduciendo la rentabilidad para los promotores de la inversión en placas solares entre un 35% y un 26%.

La nueva situación rebajará a 29 céntimos, para las placas solares instaladas en el suelo -es decir, los llamados huertos solares- y a 33 para las ubicadas en los techos de los edificios, frente a los 45 céntimos de euro por kw/h durante 25 años que garantizaba el anterior Decreto. 

La otra restricción importante que se incorpora es la limítación a 300 MW la potencia máxima instalada que se autoriza, cifra muy superior a las que ya existen pendientes de licencia.

El anuncio de cambio normativo había provocado una movilización de especuladores, interesados en solicitar licencias, pretendiendo acogerse a la disposición que iba a ser derogada. Castilla La-Mancha y Castilla y León son las dos Comunidades más afectadas por la nueva normativa, ya que en ellas se había concentrado la inversión en fotovoltaica. La avalancha de solicitudes llevó a anunciar en el Boletín de Castilla y León que solamente se tramitarían los expedientes anteriores al 1 de agosto de 2008.

La Comisión Nacional de Energía había contabilizado hasta junio de 2008, 812 MW, de los que 321 MW correspondían a las regiones citadas (218 para C-LM y 103 para CyL). Para el conjunto de España, la energía fotovoltaica apenas supone todavía el 0,7% del total, aunque el Gobierno mantiene la previsión de llegar al 2,5% en 2020. a pesar de las restricciones a la rentabilidad que impondrá el nuevo Decreto.

En Castila y León, en la actualidad, hay 2.600 instalaciones, aproximadamente, en funcionamiento, con una potencia media instalada de 50 Kw. Las autorizaciones tramitadas son otras tantas, aunque la potencia media se ha duplicado (110 KW, aprox.) . La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) reclama transparencia para las adjudicaciones, solicita un listado público de huertos solares y de los pasos necesarios para conseguir la autorización, además, por supuesto, de quejarse porque el nuevo marco regulatorio abocará, dicen, al sector a su práctica paralización.