El estrepitoso fracaso de los Colegios Profesionales

No ha alcanzado demasiada repercusión social -y ni siquiera entre los propios profesionales de cada gremio-, pero los Colegios Profesionales están heridos de muerte, lo que es tanto como afirmar que, en breve, dejarán de existir.

La lanzada contra estos colectivos, de trayectoria, en general, misteriosa, la ha proporcionado el Real Decreto 1000/2010 del 5 de agosto de 2010 que, en alegada transcripción de una Directiva Comunitaria, suprimió el visado de proyectos y la colegiación, que hasta entonces eran obligatorios en muchas profesiones.

Se salvaron de ese cambio brusco en el plácido discurrir de los Colegios, apenas un par de tipos de proyectos -relacionados con la seguridad, según se explicaba en el Decreto- y, desde luego, la intocable profesión de la abogacía, defendida desde una Ley inexpugnable, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 544), y las recias Leyes procesales que fundamentan nuestro Estado de Derecho.

No voy en este Comentario a esgrimir el apoyo constitucional que poseen los Colegios profesionales, ni a elogiar la labor (real o imaginada) que han desarrollado en defensa de las actividades regladas, organización de fiestas patronales, viajes de compañerismo, creación de bolsas de empleo y en la protección de viudas y huérfanos de colegiados fallecidos,... -ya se ve, por el empleo del género gramatical que hago a consciencia, que estas corporaciones tenían su fondo en un mundo en el que solo trabajaban fuera del hogar los varones-.

No, lo que voy a lamentar es que los Colegios no hayan trabajado mucho más en dos campos concretos: a) garantizar la cohesión de los profesionales colegiados con las Universidades y la sociedad, actuando de verdadero punto de encuentro y dinamización entre ellos y b) defender la cualificación de sus profesionales ante la sociedad, poniendo en valor, de forma continuada y fundada, los méritos de sus colegiados y de los trabajos realizados por ellos, actuando también con seriedad y firmeza contra los desvíos deontológicos en que pudieran incurrir sus miembros.

Es muy difícil (yo lo veo prácticamente imposible) enderezar ese camino, con Juntas directivas en los Colegios, (siempre hablando en general), formadas por personajes jubilados sin otro cometido ni interés que asistir a sus reuniones, con los profesionales realmente activos en el oficio compitiendo a cara de perro entre sí y con otros licenciados de otros campos por trabajos exigüos, mal remunerados y en los que, no pocas veces, se juegan intereses y responsabilidades civiles (o penales) nada despreciables.

Es muy difícil confiar en que los Colegios puedan resurgir, como ave fenix, de las cenizas que ha provocado la llamarada con tintes terroristas, -pero compartida por partidos políticos y estamentos que se mantienen callados-, atribuíble al anterior gobierno socialista de España, cuyo comportamiento en el final de su última legislatura fue muy parecido al del alacrán que se ve a punto de morir.

Quienes deseen encomendarse a la rehabilitación de los Colegios, deberán empezar, además, por negarlos. Para su supervivencia, deberán transmutarse a Asociaciones, los que promevan el cambio, tendrán que movilizar a otras personas y desplazar de sus poltronas a casi todos los directivos actuales, convencer a los futuros asociados y a la sociedad de que han modificado formas, intereses, métodos, tareas y que saben cómo hacerlo mucho mejor, para beneficio de los asociados y de la sociedad (no solo de los clientes y empresarios contratantes) en su conjunto.

¡Uff! ¡Qué pereza!

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(1) Basado en el autónomo-quasi omnímodo poder de decisión de los jueces y magistrados, y la libertad -sutilmente condicionada- de los letrados, licenciados en derecho con el carné al día por pago de una cara colegiación obligatoria, para defender en pleitos de claro formalismo, los intereses de sus clientes.